Pillados (sin chalé) en La Moraleja

"He desembolsado 300.000 euros por una vivienda de un millón en la que no sé si podré vivir". Quien habla es uno de los más de 100 afectados por la compra de un chalé en una de las zonas más exclusivas de Madrid, La Moraleja, en el pasado el barrio residencial por excelencia de los futbolistas del Real Madrid. Allí, en el ámbito conocido como La Carrascosa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de reiterar la ilegalidad de las licencias de obras concedidas en base a un Plan Especial que permitió cambiar el uso de los terrenos, inicialmente de oficinas, a residencial.

Este cambio puso en pie de guerra a los vecinos de este acaudalado barrio del municipio madrileño de Alcobendas, quienes, agrupados bajo la Entidad de Conservación de La Moraleja, decidieron acudir a los tribunales para impugnar cómo tramitó hace cinco años el ayuntamiento de la localidad la modificación del suelo en la última gran bolsa de terreno de la urbanización.

La sentencia del TSJM —que confirma el fallo del pasado mes de enero del Juzgado Contenciosos Administrativo número 5 de Madrid— se refiere, en concreto, a una promoción de 30 chalés de la promotora Pryconsa, si bien en total son casi 200 las viviendas indirectamente afectadas por esta decisión judicial, puesto que en el ámbito hay actualmente en marcha casi un centenar de viviendas del fondo alemán Aquila Capital y otras 80 de Universal de Negocios, promotora controlada por Carlos Cutillas y el empresario mexicano Miguel Ángel Ruiz, pendiente, esta última, de que el TSJM se pronuncie en las próximas semanas sobre un asunto similar.

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Ruth Ugalde

El fallo, conocido hace apenas unos días por las partes implicadas —compradores, promotores y ayuntamiento—, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo que es quien, en última instancia, deberá ratificar la sentencia, eso si antes no rechaza los recursos de casación. Si eso sucediera, la sentencia del TSJM sería firme. De ahí que el tiempo juegue en contra del Ayuntamiento de Alcobendas para poder subsanar los problemas urbanísticos de este ámbito antes de que se entreguen las viviendas en apenas unos meses.

La desesperación de los compradores tras el último revés judicial va en aumento. "No sé lo que va a pasar con nuestras viviendas. En el caso de nuestra promoción, la de Universal de Negocios, están vendidas prácticamente las 80 unidades. Por cada una de ellas, los compradores hemos desembolsado ya 300.000 euros y, aunque la entrega de llaves está prevista para el próximo mes de mayo, no sabemos si nos darán licencia de primera ocupación y podremos entrar a vivir o si se declaran ilegales, si podrían ordenar su derribo", asegura a El Confidencial uno de los afectados, quien no descarta pedir responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Alcobendas.

Desde el consistorio, su concejal de Urbanismo, Ramón Cubián, lanza un mensaje de tranquilidad a las familias que han comprado allí al asegurar que desde el ayuntamiento se está trabajando en un nuevo Plan Especial que recoja las motivaciones que le exige ahora el TSJM —en su fallo, valida el uso del Plan Especial y no del Plan General como herramienta urbanística para realizar el cambio de uso de los terrenos, pero considera que dicho cambio no está lo suficientemente motivado—, y al mismo tiempo está redactando un nuevo Plan General para garantizar la legalidad de esas viviendas y que los compradores puedan entrar a vivir en ellas.

La entrega de llaves está prevista para mayo, pero no sabemos si nos darán licencia de primera ocupación y podremos entrar a vivir

En conversaciones con El Confidencial, Cubián espera que ambos trámites —Plan Especial y Plan General—, o al menos uno de ellos, estén aprobados antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto y descarta que este rechace el recurso de casación contra la sentencia del TSJM, un recurso que, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, es bastante probable. "Que el Supremo admita un recurso de casación es muy complicado, y más en el ámbito de lo contencioso administrativo, donde se rechazan prácticamente el 99% de los recursos". Estos mismos expertos explican, además, que el nuevo Plan Especial no garantiza la legalidad de las viviendas, "puesto que podría volver a ser recurrido".

Los afectados se movilizan

Por lo pronto, los afectados comienzan a movilizarse. Muchos quieren que se les devuelva el dinero. "Si en mayo no tengo mi vivienda, solicitaré a la promotora que me devuelva el dinero. Y si no quiere, acudiré al banco que concedió el aval al proyecto", asegura uno de los compradores. Otros, por su parte, están estudiando aplazar el calendario de entrega de las viviendas y prorrogar, por lo tanto, el aval. Una opción que, al menos, Universal de Negocios está ofreciendo a alguno de ellos. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la promotora, pero desde el pasado viernes las llamadas a sus oficinas son respondidas con un escueto mensaje: "Lamentablemente su llamada no puede completarse en este momento. Por favor, llame más tarde".

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Por su parte, desde Pryconsa, otra de las promotoras afectadas, aseguran que recurrirán ante el Tribunal Supremo y confían en que todo se resuelva favorablemente. "Hemos transmitido a nuestros clientes que somos una empresa solvente y si se produce algún tipo de contratiempo, nuestros clientes no tendrán problemas. Pero confiamos en que esto va a salir adelante y, entre tanto, seguimos construyendo", explican fuentes de la compañía. La finalización de las obras está prevista para principios de 2019.

"Hay una parte importante de los afectados que son inversores. Obviamente, su caso puede ser diferente porque no tienen la misma urgencia en ocupar la vivienda. El problema de los plazos a los inversores no les preocupa tanto como al particular que compra la casa para entrar a vivir en ella", explica Marta Serra, directora y abogada de El Defensor de tu Vivienda.

Respecto a las posibilidades que tienen los compradores de recuperar su dinero si la Justicia declara la ilegalidad de sus casas, Marta Serra asegura que "no sería la primera vez que el Supremo declara nulo el instrumento urbanístico de una promoción o un ámbito y no se pueden dar las licencias de primera ocupación. En esos casos, al igual que sucedería si la entrega de las viviendas no se hubiera podido producir por culpa de un siniestro, se activaría el aval o el seguro que permitiría a los afectados recuperar su dinero. Tanto si las viviendas se entregan como si no, el aval o seguro responde de las cantidades adelantadas".

La doctrina del Supremo los avala

La jurisprudencia también está de parte de los afectados, puesto que en septiembre de 2016, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo fijaba doctrina al considerar que en aquellos casos en los que el vendedor hubiera ocultado irregularidades urbanísticas al comprador de una vivienda, este podrá recuperar su dinero al considerar que el contrato de compraventa del inmueble quedaría anulado.

Tanto si las viviendas se entregan como si no, el aval o seguro responde de las cantidades adelantadas por los compradores

Una sentencia a la que podrían aferrarse los afectados. "En diciembre de 2017, apenas un mes antes de la primera sentencia del Contencioso Administrativo, Universal de Negocios nos llamó para que firmásemos el contrato de compraventa. La promotora sabía que el Plan Especial estaba impugnado y que la sentencia era inminente, pero no nos informó. Hubo una responsabilidad clara por parte de la promotora y un vicio en el consentimiento más que evidentes", lamenta uno de los compradores de esas 80 viviendas unifamiliares.

"Si llegado el momento tengo problemas para recuperar mi dinero, dispararé contra todos, ayuntamiento, promotora, banco avalista. He invertido mucho dinero en esta operación, de haber sabido la existencia de todos estos problemas urbanísticos, me lo habría pensado. Pero no tuve oportunidad, la promotora me ocultó información".