TRAS EL FRACASO DE LA ÚLTIMA SUBASTA

Madrid convoca una ‘subasta exprés’ con descuentos del 15% para liquidar ladrillo

La Comunidad de Madrid se quiere desprender de algunos inmuebles públicos y ha convocado una 'subasta express' con rebajas del 15%

La Comunidad de Madrid quiere desprenderse a toda costa de algunos inmuebles públicos. Hace tres semanas cerró la subasta de dos edificios, ambos situados en plena Gran Vía madrileña (los números 18 y 3), y por los que recibió ofertas muy superiores al precio inicial de salida. Sin embargo, quedó desierta la puja de otros cuatro inmuebles a los que Ignacio González quiere dar salida a través de una ‘subasta exprés’ con descuentos del 15% respecto a la primera subasta inmobiliaria y con rentabilidades que rozan el 10% en algunos de estos edificios en venta.

Los inmuebles en cuestión, todos ellos de oficinas, y en los que la Comunidad de Madrid seguirá como inquilina durante cuatro o cinco años, son el de la Agencia de Informática y Comunicaciones, situado en la calle de Embajadores, 181, por el que la Comunidad de Madrid pedía inicialmente 21,1 millones y por el que ahora pide algo menos de 18 millones de euros tal y como se puede comprobar en el portal Addmeet en el que, entre otros datos, se puede constatar una rentabilidad del 8,51% para el futuro propietario. 

Los inversores también podrán pujar por el inmueble en el que se encuentra actualmente el Registro Auxiliar y Punto de Atención al Ciudadano de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura en Vía Lusitana, 21. El precio de salida eran 19,6 millones de euros y tras la rebaja del 15%, el precio de salida queda fijado en casi 16,7 millones de euros. La rentabilidad se sitúa en el 9,71%.

El inmueble que acoge la Dirección General de Consumo, el calle del General Díaz Porlier, 35, también está en venta con un precio de salida 11,1 millones de euros frente a los 13,1 millones que pretendía obtener inicialmente la Comunidad de Madrid. La rentabilidad para el inversor se sitúa en 6,16%. Por los  dos pisos de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego en el número 56 de la calle de Zurbano, la Comunidad de Madrid ofrece una rentabilidad del 9,05% y pide un precio mínimo de 1,34 millones de euros frente a los 1,5 millones anteriores.

Hasta el 10 de diciembre para presentar ofertas

Según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 2 de diciembre, antes de las 14 horas del próximo 10 de diciembre en la sede de ARPROMA (Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid). La apertura de los sobres se realizará en la sede de este organismo el 13 de diciembre. Los licitadores deberán constituir una garantía equivalente al 2,5% del tipo de licitación de la subasta y para cada uno de los lotes para los que se presente una oferta.

La Comunidad de Madrid ha constatado el interés real de los inversores internacionales por un producto que esté bien ubicado, a buen precio y con rentabilidad inmediata. Y también ha constatado que el producto non core, es decir, aquel que no está situado en zonas prime y con atractivas rentabilidades tiene peor salida en el mercado si no es vía una importante rebaja de precio como ya quedó patente en la subasta de los edificios situados en Gran Vía 18 y Gran Vía 3, por los que la Comunidad recibió ofertas muy superiores a los precios de salida pero también en la subasta fallida de los cuatro inmuebles que ahora salen de nuevo a la venta y de puja por las 22 promociones de viviendas en alquiler por los que la Comunidad de Madrid pretendía ingresar 67 millones de euros, y que también quedó desierta hace un par de semanas a pesar de que acudían siete fondos de inversión.

Las fuentes consultadas por El Confidencial aseguraban a este diario que la falta de interés en este caso se debió principalmente a que los inquilinos que actualmente ocupan esas viviendas pagan unos alquileres muy bajos, mientras que un porcentaje no cuantificado de las viviendas ni siquiera paga ningún tipo de alquiler. La Comunidad de Madrid ofreció a los potenciales compradores que asumieran las gestiones correspondientes para, asistidos por la ley, llevar a cabo los lanzamientos. Este coste, más reputacional que económico, ha sido el principal reparo objetado por los fondos, que no quieren asumir ese papel.

Vivienda
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