Cómo afecta la sentencia del Supremo a miles de cooperativistas estafados

La balanza se inclina definitivamente a favor de los miles de cooperativistas de viviendas que desde hace años luchan en los tribunales por recuperar las aportaciones que tuvieron que realizar para comprar unas viviendas que nunca fueron construidas.

Hasta ahora, la justicia estaba dividida con más de sesenta sentencias a su favor y una treintena en contra dando la razón a las aseguradoras. La sentencia del Tribunal Supremo publicada la semana pasada –aunque tuvimos un adelanto de ella a mediados de julio-, ha inclinado definitivamente la balanza a favor de los miles de cooperativistas afectados y abre la vía a indemnizaciones millonarias por parte de las dos aseguradoras contra las que se dirige la batalla judicial: Asefa y HCC Europe que podrían tener que devolver unos 300 millones de euros.

Son miles los cooperativistas en España que, por unos motivos u otros, no tienen sus viviendas. La crisis inmobiliaria y las dificultades para acceder al crédito han dejado varios miles de viviendas y a miles de familias sin su hogar y sin los ahorros de toda una vida. Después de años de espera, de lucha y de sueños rotos, quieren recuperar su dinero. Algunas familias reclaman 30.000 euros, otras 60.000... hay quienes han desembolsado más de 100.000 euros. ¿Podrán recuperar todos ellos su dinero? ¿Cómo afecta a esos miles de cooperativistas la sentencia del Supremo?

1.- Todos ellos realizaron importantes aportaciones de capital para poder construir y comprar una vivienda. Esas miles de viviendas, sin embargo, no han existido y la mayoría de ellas nunca existirá bien porque la cooperativa se ha declarado insolvente y se encuentra en proceso de liquidación, bien porque, por culpa de la crisis, “no se van a poder construir viviendas para todos”, reconoce Marta Serra, del despacho Sala & Serra. Algunas de las cooperativas que aún se mantienen en pie no consiguen financiación para sacar adelante todas las viviendas prometidas, mientras que también son muchos los miles de cooperativistas a los que la banca no quiere conceder financiación.

2.- Todos ellos contrataron unos seguros con Asefa o HCC Europe -las dos únicas aseguradoras contra las que se dirige la acción judicial-, para avalar las aportaciones que iban realizando mes a mes de tal manera que, si finalmente no recibían las llaves de sus viviendas, su dinero estaría a salvo y podrían recuperarlo.

Las aseguradoras se niegan a devolver las cantidades aportadas por los cooperativistas, alegando que los seguros no cubrenn la devolución de dichas aportaciones

3.- Cuando muchas de estas cooperativas se disolvieron y se declararon en concurso de acreedores, tanto HCC Europe como Asefa se negaron a devolver las cantidades aportadas por los cooperativistas, alegando que los seguros firmados no cubrían la devolución de dichas aportaciones.

Las dos aseguradoras “redactaron unas pólizas de tal manera que parecía que eran las que exigía la Ley 57/68, que regula de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”, explica Jaime Suárez, letrado de Majavilan Abogados, que defiende a unos 4.500 cooperativistas y reclama más de 200 millones a las dos aseguradoras. Una "redacción oscura", apunta Suárez, que ha dado lugar a diferentes interpretaciones por parte de la justicia. “Estos seguros daban la apariencia de que garantizaban la devolución de las aportaciones pero a la hora de la verdad, las aseguradoras insistían en que no eran los exigidos por la ley”, coincide en señalar Marta Serra, del despacho Sala & Serra.

Desmonta la defensa de las aseguradoras

“La sentencia del Tribunal Supremo tira por tierra completamente la teoría de las aseguradoras que sostenían que la contratación de los seguros que garantizaban la devolución de las cantidades aportadas no era obligatoria por ley hasta que la promoción no contaba con licencia de obra o no obtenían la calificación provisional definitiva, entre otros requisitos”, explica a El Confidencial Jaime Suárez.

Los letrados consultados están convencidos de que esta sentencia provocará una avalancha de sentencias favorables a los cooperativistas. “Supone un rayo de esperanza para muchas familias y aunque no sienta jurisprudencia porque para ello se necesitarían dos resoluciones en el mismo sentido, no tendría mucho sentido que los jueces se pronunciasen en sentido contrario a la misma. Sobre todo si tenemos en cuenta que ha sido el pleno del Supremo y no una sección del Alto Tribunal el que ha dictado sentencia”, añade Marta Serra.

La resolución del Supremo supone, además, un fuerte tirón de orejas para la sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid que revocó una sentencia del Juzgado de Primera Instancia -que daba la razón a los cooperativistas- acogiendo la postura de la aseguradora y desestimando las pretensiones de los demandantes.

"La Audiencia Provincial dio por válido el argumento de la aseguradora de que “… ni se conoce, ni aun por aproximación, cuándo podrá comenzar la obra…”, según ella, "uno de los elementos determinantes para entender que el seguro no era de los previstos en la ley sobre garantía de las cantidades entregadas anticipadamente para la construcción de viviendas, sino que pertenecía a los denominados seguros de 'Tramo I' de la Ley de Contrato Seguro. Sin embargo, el Supremo deja en evidencia a la Audiencia cuando asegura que este argumento es “arbitrario, ilógico e irrazonable porque la propia aseguradora demandada aportó con su contestación a la demanda, un informe de su departamento de caución, anterior a la firma de la póliza global, en el que como fecha de comienzo de la obra figuraba junio de 2009”, reza la sentencia del Supremo.

“El Supremo no entiende el empeño de la sección 14 de la Audiencia Provincial y su insistencia en mantener la tesis de la aseguradora", apunta Jaime Suárez quien, hace hincapié en cómo el propio Tribunal Supremo es consciente de la repercusión de su sentencia y del elevado número de afectados. “Un elevado número de personas tiene la ley de su lado, especialmente una ley que, como la de 1968, se dictó por “la justificada alarma” que en la opinión pública había producido “la reiterada comisión de abusos” que constituían una “grave alteración de la convivencia social”.