Las ayudas del Gobierno al alquiler no acabarán con el fraude e impulsarán los precios

“Es la misma historia pero con diferentes personajes. Estamos contentos con que el Gobierno se esté tomando en serio potenciar el alquiler como alternativa a la compra de vivienda pero lo anunciado hasta ahora no aporta nada al mercado”.

Así se duro se muestra Gustavo Rossi, socio y fundador de Alquiler Seguro, ante las informaciones que comienzan a trascender sobre el próximo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 y de cuyo contenido ayer avanzó algunos detalles el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Rafael Catalá explicó ayer en el Congreso que las ayudas al alquiler que contempla el nuevo plan se darán en función de la renta familiar y no de los ingresos individuales. "Al igual que ha sucedido con la Renta Básica de Emancipación (RBE), el hecho de conceder ayudas en metálico favorecerá la economía sumergida, la especulación y el aumento de los precios de los alquileres". 

"Da igual que la ayuda la reciba una familia que un joven porque el problema de fondo radica en que se concede una ayuda en metálico y es muy difícil de controlar qué uso se hace de esa ayuda. Representa la misma historia de la fracasada Renta Básica de Emancipación, pero con otros personajes".

En declaraciones a El Confidencial, Gustavo Rossi asegura que lo que el mercado del alquiler necesita es mayor seguridad jurídica y una fiscalidad más ventajosa tanto para el inquilino como para el propietario que decide alquilar su vivienda.  "Las ayudas públicas al alquiler deben articularse por vía del IRPF para evitar distorsiones de precios en el mercado inmobiliario y fraudes, como las que se disfrutaban en la compraventa". 

"Tal y como ha sucedido con la RBE, inquilino y arrendador se pondrán de acuerdo, por ejemplo, para firmar sobre el papel un contrato de 600 euros que permita a esa familia recibir la ayuda pero pagando realmente un alquiler de 750, para que ambos puedan seguir ganando. El inquilino por la ayuda que recibe del Estado y el arrendador por ese dinero extra".

El propio Rafael Catalá reconoció ayer  la renta básica de emancipación ha generado una "gran" desigualdad e "injusticia" en su aplicación ya que el 25% de los alquileres que han contado con ayuda superaban los 630 euros al mes e incluso los 1.000 euros. Asimismo, el 20% de las ayudas se han destinado en los últimos años a familias con más de 22.000 euros al año mediante procedimientos irregulares como poner el contrato de arrendamiento a nombre de otra persona, generalmente joven, con unos ingresos menores a esta cantidad.

"No acabamos de ver la viabilidad, pero habrá que ver finalmente cómo se materializa", apunta Rossi. Desde Alquiler Seguro llevan apostando cinco años –desde su creación- porque las viviendas de protección oficial no se destinen a la venta sino al alquiler. “Para familias en peligro de exclusión social. Una situación, la de la exclusión, que en un entorno de crisis como el actual es coyuntural, no estructural". Además, este sistema permitiría la revisión de dichas ayudas al cabo de cinco años para evitar que se produzcan "injusticias y desigualdades". 

6.000 viviendas para el fondo social de viviendas en alquiler

Durante su comparecencia ayer en el Congreso, Rafael Catalá también adelantó que ya están disponibles para aportarse al fondo 6.000 viviendas y que las entidades financieras tienen intención de poner todas aquellas que no entrarán en el comúnmente conocido como "banco malo". La horquilla de precios, según dijo, varía desde los 150 a los 400 euros mensuales.

Este fondo social de viviendas con precios bajos está aún en proceso de constitución y debería ser gestionado por las propias sociedades propietarias, no a través de una sociedad pública.