A la Generalitat se le agota el tiempo: solo tiene diez días para vender sus inmuebles

Ha comenzado la cuenta atrás. Los próximos 13 y 16 de diciembre, esto es, poco más de una semana, son las fechas límite para la formalización de las escrituras públicas de los 37 inmuebles que la Generalitat ha puesto a la venta para conseguir la liquidez suficiente para dar un respiro a sus maltrechas cuentas públicas.

El tiempo juega en contra el Artur Mas, que esperaba conseguir en total hasta 550 millones de euros, después de que en las últimas semanas se hayan ido cayendo de la puja primero el fondo inmobiliario del Deutsche Bank RREEF y la semana pasada el fondo inmobiliario del grupo francés AXA (AXA Real Estate Investment Managers).Quedaría por mover ficha otro fondo oportunista, Moor Park Capital. 

"El tiempo se agota y dudo de que la Generalitat vaya a conseguir dar salida a todo lo que ha puesto a la venta. Creo que no le va a quedar más remedio que cambiar el planteamiento de la operación. Vender sólo los inmuebles más apetecibles y dejar fuera los menos atractivos o aceptar rentabilidades que podrían incluso alcanzar el 9%", comenta un experto del sector a El Confidencial. "Lo más probable, con el escaso margen de maniobra con que cuenta la Generalitat, es que se seleccionen determinados activos, los más apetecibles y se descarten los demás", añade. 

El Gobierno catalán ha colgado el cartel de 'se vende' a un total de 37 inmuebles de características y ubicaciones muy diferentes, repartidos en tres lotes. El plazo para cerrar la venta de el primero -adjudicado a Jones Lang LaSalle y al bufete Roca Junyent- y que incluye como principal activo la consejería de Territori i Sostenibilitat, ubicada en la Avenida Josep Tarradellas 2-6, concluye el 13 de diciembre.

La venta del segundo y el tercero, adjudicados a Aguirre Newman y Jones Lang LaSalle, se cierra apenas tres días después, el 16 de diciembre. En total, estos dos lotes incluyen 26 edificios, que suman 450 millones de euros. Según la segunda de estas consultoras, entre ayer y hoy finaliza el plazo para la presentación de ofertas. 

La joya de la corona es el edificio de la Bolsa de Barcelona, ubicado en el céntrico Paseo de Gracia 19 y que cuenta con el precio mínimo de venta más elevado de todos ellos: 57, 4 millones de euros, por encima de los 56,2 millones de la consejería de Territori i Sostenibilita y que es el principal activo del primer lote, o los 52,1 millones del inmueble que alberga el departamento de Enseñanza, entre los números 202 y 226 de Via Augusta.

El inmueble de la Bolsa cuenta, además, con la renta máxima anual más elevada: 4,7 millones de euros al año, si bien, la Generalitat reconoce en el pliego de condiciones de los contratos que "el precio del alquiler será inferior al precio máximo referido a la primera anualidad". 

En todos los paquetes la Generalitat vende sus activos pero, en la mayoría de los casos se compromete a permanecer como inquilino y abonar un alquiler, que ya no contabilizará como deuda de la administración.

Sólo han despertado el interés de fondos oportunistas

Hasta ahora, sólo los fondos oportunistas habían presentado ofertas por los tres lotes. De los tres que han manifestado públicamente su interés, AXA REIM, REEF y Moor Park Capital, sólo éste último se mantiene en la puja. 

El primero era uno de los favoritos por su fuerte posición de liquidez, que cuenta con la mayor cartera de inmuebles y gestión de activos en Europa, con más de 40.000 millones de activos.

Por su parte, REEF es un fondo propiedad de Deutsche Bank que ya compró 161 inmuebles al BBVA por un total de 364 millones, con el banco como inquilino, operación similar a la que plantea la Generalitat. Por su parte, Moor Park es uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria que en 2010, compró al Banco Sabadell un total 378 sucursales de la entidad por 403 millones de euros, también manteniendo al banco como inquilino.

Otros fondos interesados se han ido retirando ante la complejidad que añade que muchos de estos inmuebles sean de uso dotacional. "En condiciones normales, esto es, hace dos o tres años, estaríamos ante operaciones bastante apetecibles. Ahora las cosas han cambiado, no sólo por la solvencia de la Generalitat, que se quedaría como inquilino de dichos inmuebles, sino porque para el inversor supone un apalancamiento financiero muy elevado para el comprador que, en el caso de impago de rentas no tendría recursos suficientes para soportar la deuda. El inversor no percibe el default de la Generalitat, pero sí los retrasos en los pagos por parte de la Administración Pública respeto a otros sectores, como por ejemplo, el farmacéutico". "Ahora no hay liquidez para refinanciarse y el comprador no puede arriesgarse ni a que la Generalitat retrase sus pagos ni a que le deje de pagar", comenta otra de las fuentes consultadas.