Sin dinero cuando más se necesita

La burocracia mata la investigación española contra el covid: "Dan ganas de irse a la playa"

La escasa financiación, la burocracia y otros problemas endémicos torpedean la tímida apuesta de España por desarrollar investigación frente a la pandemia del coronavirus

Foto: EFE.
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De la crisis del coronavirus SARS-CoV-2 íbamos a salir reforzados y mejores personas, conscientes del valor de la sanidad y más solidarios. Quizá no está saliendo del todo bien, pero quien se las prometía más felices aún era el mundo de la ciencia: resultaba tan evidente que de esta solo nos puede sacar la investigación, a través de vacunas y tratamientos, que ya no había excusa posible para no invertir en este sector y apoyarlo como nunca, ¿verdad? Hagamos balance.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha destinado 30 millones de euros a proyectos sobre covid, con los que se han financiado 127 proyectos del Instituto de Salud Carlos III y 46 del CSIC, según recordaba hace unos días el ministro Pedro Duque. La cantidad no parece muy boyante si la comparamos con los 5.000 millones en 10 años que anunció Francia. Tampoco si nos fijamos en el rescate español a otros sectores para que remonten esta crisis (4.000 millones para el turismo o 3.750 para la automoción).

La realidad de los científicos españoles que investigan el coronavirus está a años luz de esas cifras. Están más preocupados por si van a poder comprar el material que necesitan, si les van a dejar gastar dinero incluso aunque les sobre, si van a poder contratar a una persona más para el equipo, si van a tener sitio para ella en el laboratorio o si los trámites les van a permitir arrancar sus proyectos antes de que acabe la pandemia. La inversión acumulada en I+D entre 2009 y 2017 aumentó en la Unión Europea un 22% y cayó en España un 5,8%. Con esos mimbres, ni siquiera una emergencia mundial cambia la tendencia, y menos cuando la financiación tan solo es un problema más dentro de una maraña de trabas.

De hecho, una de las grandes pesadillas de los científicos es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Pensada para evitar casos de corrupción en otras instituciones, los investigadores no comprenden cómo se les aplica hasta para las cuestiones más nimias de su día a día. “Los gastos están muy controlados desde el primer euro, pero cuando superas los 50.000, todo se complica mucho más; si vas a comprar una botella de agua destilada, tienes que sacar un pliego de condiciones para que se haga un concurso y se presenten las empresas que la venden”, se queja Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital La Paz de Madrid (IdiPAZ). Después, un notario escoge la mejor propuesta, “de acuerdo a su conocimiento científico”, bromea, “es como si le pedimos que escoja los colores con los que tiene que pintar sus cuadros El Greco”.

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López Collazo trabaja en la búsqueda de biomarcadores para clasificar a los pacientes de covid, de manera que cuando lleguen al hospital se pueda prever su evolución y qué tipo de medicación necesitan. “Nosotros trabajamos con reactivos que son muy específicos, así que a veces solo los vende una empresa”, explica. Esa compañía, que puede tener sede en Alemania o en Australia, en ocasiones ni siquiera se presenta, porque hacerlo supone enfrentarse a trámites burocráticos para una ganancia insignificante. Así que al final el proceso puede haber durado dos o tres meses y quedar desierto, cuando lo normal habría sido comprar el producto en cuestión de un día para otro.

La norma también establece que universidades o centros de investigación no pueden adquirir productos ni servicios que sumen más de 15.000 euros al año a la misma empresa. Esto conduce a situaciones inverosímiles: si reparar un equipo de una marca concreta cuesta 3.000 euros pero en el laboratorio de al lado ya se han gastado 12.000 en esa misma compañía, hay que esperar al año siguiente.

En teoría, el problema debería estar solucionado con una modificación de la ley, que se introdujo en febrero de 2019, precisamente, para que las entidades relacionadas con la ciencia y la tecnología tuvieran más flexibilidad para contrataciones menores, pero en la práctica los científicos dicen que casi nada ha cambiado. “La atadura de Hacienda se mantiene, ha mejorado algo en algunos organismos públicos de investigación, pero los institutos de investigación sanitaria siguen igual”, según el director científico de IdiPAZ.

Susto tras el estado de alarma

No obstante, durante el estado de alarma los proyectos relacionados con el coronavirus quedaron libres de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero la alegría duró poco: con el fin de esta medida excepcional, el pasado 21 de junio, se acabó este privilegio y todo volvió a la normalidad. Ni siquiera se han librado los proyectos más mediáticos, como los que buscan una vacuna contra el coronavirus. Es el caso del grupo de José Manuel Martínez Costas, de la Universidad de Santiago de Compostela: “Nosotros ya teníamos listo lo urgente, pero nos cogió un poco por sorpresa, la verdad, creíamos que la prioridad que se nos daba era por el tipo de proyecto y que sería así hasta el final”, asegura.

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Otros se olieron lo que iba a pasar: “Convertí mi despacho en almacén, compré casi todo lo que necesitaba durante el estado de alarma porque me temía que cuando lo quitasen íbamos a volver al absurdo anterior”, comenta López Collazo. Sin embargo, en el mundo de la investigación no se puede prever todo, gran parte de las necesidades las van marcando los resultados y muchos materiales son perecederos, con lo cual, no se pueden comprar con demasiada antelación.

En cualquier caso, “el estado de alarma ha evidenciado que es posible quitar estos controles”, que implican un papeleo inasumible. De hecho, no se trata solo de fiscalizar el dinero público, sino toda la actividad investigadora. “Si tú me donas 10 euros, también pasa por este sistema”, pone como ejemplo el responsable de IdiPAZ. “Quizás es un sistema perfecto para evitar la corrupción de los ayuntamientos, pero nuestros presupuestos y actividades son muy distintos. No es que seamos más honestos, es que con estos presupuestos es imposible corromperse”, asegura. Así que “dan ganas de irse a la playa y que investiguen los alemanes”.

Imposible competir en el mundo

Es un problema estructural de la investigación en España”, destaca Marta Alarcón, investigadora del Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) de Granada, que estudia los factores genéticos que predisponen a sufrir una versión más grave de covid dentro de un proyecto internacional que lidera el Broad Institute de Boston. “Mientras ves a los americanos metiendo datos rapidísimo, nosotros sufrimos un retraso total”, denuncia.

Es un problema estructural de la investigación. Mientras ves a los americanos metiendo datos rapidísimo, nosotros sufrimos un retraso total

Aunque ya tienen las muestras de 400 individuos, de momento “solo hemos podido genotipar 100” por falta del material necesario, los kits para extraer el ADN. Los problemas a los que se tienen que enfrentar son diversos, entre ellos, la dificultad para realizar las compras por las limitaciones a la contratación a una misma empresa. Por su experiencia en el extranjero, Alarcón sabe que se trata de una singularidad española: “En EEUU, apretaba un botón y listo”.

En su opinión, los científicos en España se enfrentan a una “falta de confianza” por parte del sistema. Además, debido a la competencia por los pocos fondos disponibles, “para poder conseguir financiación nos piden los éxitos de los investigadores de Harvard, pero ellos no tienen los obstáculos que sufrimos nosotros”, asegura. Así que al final las tareas burocráticas y administrativas “desmotivan y queman” y, en la práctica, pueden llegar a dinamitar los proyectos.

La investigadora de Genyo reclama que en las tareas de asesoramiento deberían estar “científicos, no astronautas ni políticos”. Sin embargo, reconoce que la comunidad científica suele ser poco participativa en la esfera pública: “Buscamos financiación todo el tiempo para poder mantener los empleos de nuestros grupos de investigación, no tenemos tiempo para el activismo”.

Sin pacientes que estudiar

A todo este caos, los investigadores que realizan ensayos clínicos añaden una paradoja: la reducción del número de pacientes, una excelente noticia, está paralizando sus estudios. Un ejemplo es el ambicioso proyecto internacional Solidarity, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el que participan decenas de países, incluido España, para probar la eficacia de varios tratamientos (algunos de ellos se han hecho muy conocidos, como el remdesivir, acaparado ahora por EEUU, o la hidroxicloroquina, envuelta en polémicas).

Las trabas burocráticas hicieron que tardáramos más de un mes en poder comenzar los ensayos desde que se inició la pandemia”, comenta Miguel Marcos, médico internista del Hospital Universitario de Salamanca y responsable de Solidarity en este centro. Así que “ya casi no había pacientes, que es genial, pero no podemos responder a la pregunta que nos hacíamos sobre qué tratamiento es mejor”, lamenta.

¿Se podían haber hecho las cosas de otra manera? El NHS, el sistema de salud británico, “es un ejemplo con su estudio Recovery”, iniciativa que también evalúa una gama de medicamentos contra el covid y que “está ofreciendo resultados muy buenos en un tiempo récord”. La diferencia es que en el Reino Unido “tienen un sistema de investigación más imbricado en los hospitales” con la participación del personal sanitario. De hecho, “una vieja reclamación en España es que haya investigadores de plantilla en los hospitales”, señala Marcos. Como no los hay, la participación en proyectos importantes depende de que sobre dinero de otros estudios para poder contratar, al menos, a alguien que analice los datos.

En opinión de este investigador, “el problema es el de siempre, la escasa financiación y la lentitud burocrática”. En este caso, el Instituto de Salud Carlos III ha financiado “pocos proyectos y con poco dinero”, pero al menos fue "relativamente rápido”: las propuestas solicitadas a partir de la última semana de marzo se concedieron a principios de mayo. En cambio, la convocatoria regional de Castilla y León —que concedía como máximo 10.000 euros por proyecto— salió en junio. Hasta entonces, “todo lo que fuera análisis con muestras, o lo hacías sin proyecto o no lo hacías”, comenta.

Desalojados

¿Aún puede haber más obstáculos? Siempre puede haber más. El colmo de un científico es que mientras investiga cómo librar al mundo de una pandemia se vea expulsado de su lugar de trabajo. El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas del CSIC (I2SysBio, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Valencia) tiene en marcha varios proyectos sobre covid pertenecientes a cuatro de sus grupos de investigación, pero esta semana han tenido que ocuparse de una cuestión aún más urgente: dónde sentarse para poder trabajar.

El edificio que ocupa el I2SysBio es de la universidad, mientras que el CSIC puso el equipamiento científico y el personal, según el convenio firmado entre ambas instituciones en 2016. Sin embargo, ahora la universidad necesita más espacios para otros científicos y ha decidido desalojar parte de las instalaciones, obligando a quienes las ocupan a reubicarse. “Es una cuestión de política universitaria antigua, de ver quién manda más y qué catedrático tiene más peso”, denuncia Santiago Elena, líder del proyecto sobre el coronavirus que cuenta con una mayor financiación en este centro, destinado al desarrollo de nuevas terapias antivirales.

El argumento del rectorado de la universidad es que precisamente en tiempos de covid es necesario ampliar las distancias de seguridad y por eso van a desplazar allí a otros investigadores, ya que el edificio del I2SysBio dispone de más espacio que otras instalaciones. Los nuevos ocupantes son del ámbito de la inteligencia artificial, mientras que estos espacios están adaptados a las necesidades de la investigación biológica. Además, la investigación sobre el coronavirus que desarrollan los virólogos del CSIC requiere de laboratorios de seguridad biológica.

Por otra parte, los espacios libres ya estaban comprometidos para la llegada de otros cinco grupos de investigación del ámbito de la virología. Entre ellos, está previsto el regreso a España desde EEUU del prestigioso Javier Buceta, que mantiene su intención de instalarse en Valencia a pesar de este problema. “Si uno viene con mala fe, hay espacio vacío, pero es para la gente que viene”, apunta Elena.

¿Cómo afecta esto al trabajo con el coronavirus? “Nos tenemos que apretar todos, hay que recolocar cuatro grupos de investigación. Mi laboratorio tiene 12 puestos, ya tengo 16 personas trabajando y nos vamos a tener que apretar más”, sin contar con los desplazamientos de mobiliario y equipamiento.

Así que su proyecto, en el que el CSIC ha invertido 140.000 euros para el plazo de un año, está en el aire. “En ciencia, asumes que es posible que no obtengas los resultados que quieres, lo que no es admisible es que no me haya podido gastar el dinero porque no tengo un sitio para sentar a los investigadores que van a realizar los experimentos”, lamenta.

Aunque este caso es muy singular, el investigador considera que es un síntoma más de la situación de la ciencia española. Al margen del desalojo, “nuestro informe del primer mes del proyecto se limitó a explicar que no habíamos podido incorporar a la primera persona que teníamos que contratar, porque no nos han ahorrado ni un solo día de plazos administrativos y tardamos en hacerlo más de un mes. Es lo de siempre, papeleos y burocracia”.

Las víctimas colaterales

Así que al final es posible que la ciencia española no sólo no salga reforzada de la crisis, sino que acabe aún más tocada. Desde hace unas semanas, la manifestación virtual #SinCienciaNoHayFuturo congrega cada miércoles a numerosas personas que advierten en las redes sociales de esta agonía. La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha ido más allá al lanzar un SOS a la Comisión para la Reconstrucción del Congreso a través de una carta que reclama una apuesta por la inversión en investigación básica y clínica. “El cáncer sigue constituyendo una de las principales ‘pandemias’ del país”, aseguran, ya que provoca la muerte a 120.000 personas cada año.

“Los centros estuvieron cerrados y la actividad científica disminuyó mucho durante este periodo”, aclara Xosé Bustelo, presidente de ASEICA, “pero el problema de financiación que tenemos viene de años de desinversión en la ciencia española y en eso no ha influido el covid”. No obstante, con respecto al coronavirus “se ha invertido demasiado poco en áreas importantes, como vacunas y algunos tratamientos, ha habido cierta timidez a la hora de apostar por grupos que sí podían contribuir de manera sustancial”. Por el contrario, “analizando algunos proyectos se ve que su trascendencia para solucionar este problema a corto plazo era bastante limitada”, así que en su opinión también ha sido una cuestión de “propaganda para decir que se estaba haciendo algo”.

En cualquier caso, la verdadera preocupación es lo que sucederá a partir de ahora. “Con los problemas económicos que hay, podemos volver a la solución de no cambiar o reducir los programas científicos. Otra opción es invertir sólo en temas muy relacionados con covid en biología y epidemiología, un riesgo que puede existir. Y finalmente, está la oportunidad de darse cuenta de que hace falta invertir en investigación básica para que el país esté preparado ante nuevas situaciones que puedan surgir y para cambiar de modelo económico”, añade.

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