Los jueces también quieren insultar en internet, pero a ellos les puede salir mucho más caro

Desde que las redes sociales irrumpieron en nuestras vidas, a los jueces de nuestro país les asola una preocupación, una inquietud que muy pocos se atreven a expresar alto y claro. No se sienten libres para hacer algo que el resto de los ciudadanos hacemos a todas horas y todos los días de la semana: decir lo que nos venga en gana en redes sociales. España no es país para trolls… con toga.

En el sector jurídico cada vez se debate y cuestiona más el hecho de no disponer de la misma libertad de expresión que el resto de personas cuando se trata de opinar o hablar abiertamente en plataformas como Twitter, Instagram o Facebook. Debates políticos como el de la ley de amnistía y el independentismo catalán se han convertido en una encrucijada para quien osa pronunciarse al respecto. El motivo es evidente: perder su apariencia de imparcialidad puede costarles muy caro. El problema es que este es un derecho recogido en la propia Constitución.

Dicha desazón y el eterno debate de fondo volvieron a la palestra hace unos días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expedientara a un juez por llamar “psicópata” a Pedro Sánchez y por otros ataques dirigidos a ministros en X (antes Twitter). Se trata de Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y al que ha podido vérsele en reuniones con Vox en otras ocasiones. El argumento del órgano judicial fue que se presentaba en su cuenta como “magistrado”, texto que podía leerse en su biografía cuando lanzó los improperios.

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La investigación había sido archivada hace unos meses, ya que el perfil desde el que se publicaron los mensajes había sido cerrado y no se podía comprobar la existencia de esos tuits o si el autor había dado a conocer su condición de juez. De hecho, el magistrado incluso se desentendía de esta cuenta. Pero, claro, cualquier rastro en internet es muy difícil de borrar del todo, y varias capturas de pantalla desvelaban una realidad diferente: que sí era su cuenta y que, efectivamente, su bio lo dejaba como un mentiroso: “Idealismo Imperturbable. Magistrado. Autor de la novela “Patria Olvidada”. Runner, Soñador, Ilusión y Pasión infinita. Creo en el honor y en los principios”.

Ni una palabra se había movido cuando se refirió al mandatario español como “narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de derecho, para permanecer en Moncloa” o a la expresidenta del Senado Pilar Llop como la “disparatada podemita”.

El hecho de que se presentara en la plataforma como “magistrado” es la clave en todo este asunto, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su art. 418.3 que se considera una falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. De igual manera, el art. 419.2 dice que es falta leve “la desconsideración hacia los ciudadanos”.

Un deber ético y moral, más que legal

A rasgos generales, los jueces gozan, o deberían gozar, del mismo derecho fundamental de libertad de pensamiento, opinión y expresión que el resto de ciudadanos. Pero lo cierto es que también tienen unas limitaciones que las demás personas no tienen. Unas que conllevan sanciones disciplinarias. Hay precedentes. En 2006, el Tribunal Supremo aplicó una multa de 3.600 euros al juez Navarro Estevan por llamar "terrorista" a Aznar. Más tarde, rectificó entendiendo que, para aplicar la sanción, los hechos debían haber ocurrido en el ejercicio de su cargo, es decir, durante su actividad profesional.

Ocho años más tarde, el Gobierno impulsó un cambio legislativo para ampliar estas faltas disciplinarias con un anteproyecto de reforma de la LOPJ que prohibía a los jueces emitir opiniones en los medios sobre cualquier asunto que se estuviera tramitando en los tribunales, e incluso sobre casos ya resueltos y archivados. Aquello nunca cuajó.

Y el debate se volvió más candente cuando el revuelo por el independentismo catalán salpicó a la Justicia, por ejemplo, cuando se filtraron unos e-mails en los que algunos magistrados criticaban el separatismo, lo que llevó a que varios políticos pidieran la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e, incluso, una investigación de la Fiscalía.

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“Lo que existe es una mayor obligación de prudencia. Un deber ético, pero no legal, cuando se compromete la imparcialidad. El problema es que, si te presentas como ciudadano, no hay ninguna consecuencia, pero, cuando invocas tu estatus de juez, la gente ya da por sentado que nuestra opinión tiene más valor y mayor peso que la del resto. Nos convertimos en altavoces”, explica Natalia Velilla, magistrada, a El Confidencial.

Esta situación cobra más relevancia si se desarrolla en las redes sociales, un espacio donde nadie olvida, donde todo queda registrado y donde todo lo que se diga puede tener gran repercusión y viralidad. Además, hay que tener en cuenta que, ya de entrada, algunos jueces tienen miles de seguidores y sus opiniones sobre temas más o menos controvertidos son escuchadas por muchas personas. La preocupación del Poder Judicial es que lo que diga un juez puede ser percibido por muchos como lo que dicen los jueces o, lo que es peor, lo que dice la Justicia.

“En los últimos años, se ha democratizado la opinión, todo el mundo puede expresar sus ideas, y, en el caso de los jueces, no estamos exentos de la falta de competencia mediática. Al final, somos ciudadanos, como todo el mundo”, comenta Velilla. En 1983, hace más de 40 años, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el tema diciendo que “nadie puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas”. Y también lo ha dicho de forma reiterada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), reconociendo a los jueces la libertad de expresión hasta el punto incluso de poder participar en el debate y la crítica política, “como exigencia de un sistema democrático”.

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“No es que no dispongamos del derecho de libertad de expresión, es que tenemos la obligación ética de contribuir a la creación de un clima de confianza en el Poder Judicial. De hecho, se nos reconoce nuestra función divulgativa y el deber moral y ético, el denunciar las carencias de la administración y de las leyes, el proponer soluciones y criticar medidas. El problema sucede cuando nos extralimitamos y nos metemos en polémicas absurdas o descalificaciones personales que exceden de la crítica política”, explica la magistrada.

Al igual que los militares tienen ciertos límites de comprometer la apariencia de imparcialidad, los magistrados son otra profesión sensible para el Estado de derecho. “Si un gran poder conlleva una gran responsabilidad, igual de poderoso y responsable debes de ser de cara al exterior. Aquí lo que se impone es el sentido común: influir confianza en los ciudadanos. Dejarles claro que se les va a tratar de manera justa, igual que cuando acuden a las instituciones. El debate y las quejas surgen cuando un juez sí quiere ser un altavoz para sumar seguidores, pero luego lo oculta para insultar”, concluye Velilla.

De la misma manera que lo que los jueces expresen en redes sociales puede tener un impacto negativo en la imagen que tiene el público sobre el sistema judicial, también puede reforzarla. Por ejemplo, desterrando la falsa percepción de que los jueces viven en su burbuja, ajenos a la realidad social.

En el fondo, les puede servir de ventana para mostrarse como padres y madres, como amigos, con sus hobbies y sus problemas cotidianos. Un proceso humanizador muy difícil de encontrar en internet hoy en día. La misión de que el resto de ciudadanos los vean como lo que en realidad son: personas antes que jueces. Aunque sigan sin poder cagarse en la madre que nos parió.