El plan B de las VTC en Cataluña: fondos buitre pujarán por el pleito contra el Govern

Fondos buitre nacionales e internacionales se han aproximado a varias de las grandes empresas VTC españolas para comprar los pleitos millonarios que iniciarán estas compañías contra la Generalitat por la retirada de Uber y Cabify de la ciudad de Barcelona. Según han confirmado fuentes financieras e inversores en empresas VTC, las negociaciones han arrancado durante las dos últimas semanas. Entre los nombres de fondos que han trascendido y que se han interesado por la compra figura Thesan Capital, radicado en Madrid, que actúa a través de una plataforma jurídica de su propiedad, Gavel Capital. De momento no hay ningún acuerdo cerrado, pero es el primer paso de las empresas VTC para intentar vencer al Govern en los tribunales sin irse a la quiebra por el camino.

El Confidencial se ha puesto en contacto con Gavel Capital pero no ha recibido respuesta. En su página web, Gavel Capital asegura que “analizamos cada litigio minuciosamente para ofrecerle financiación y hacer frente a su resolución, ajustándola a las necesidades de cada cliente, basándonos en el potencial de la demanda, a cambio de un porcentaje del resultado final del procedimiento”.

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El mecanismo es el siguiente, según explican fuentes jurídicas consultadas: la empresa compradora del pleito financia todos los gastos legales a cambio de una participación en lo que se obtenga de indemnización al final de un proceso legal. En el caso de las VTC, estos pleitos pueden durar una década, porque hay que empezar en el TSJC y luego ir recurriendo a tribunales superiores. La operación funciona con criterios financieros: se pacta lo que se llevará cada parte, y se considera los fondos que han financiado los costes legales más los intereses aplicados durante el tiempo que se esté pleiteando.

"Se trata de varios fondos internacionales y dos nacionales que han contactado con las empresas y firmado acuerdos de confidencialidad. Estas están ahora ahora analizando la viabilidad de la operación. Obviamente, si han dado el paso de interesarse en la compra del pleito es porque creen que hay posibilidades reales de ganarlo. Eso es bueno para ellos y para las VTC: les dará flujo de caja para seguir operando en otras comunidades", explica un inversor conocedor de las negociaciones que pide mantener el anonimato.

Según ha podido saber este diario, los fondos habrían contactado ya con Auro y Moove Cars, dos de las principales firmas operando en Cataluña, aunque todavía no con Vector Ronda, propiedad del empresario Rosauro Varo.

Las licencias VTC de estas empresas operativas hasta ahora en Barcelona se reparten de la siguiente manera: Vector Ronda cuenta con 618, Moove Cars (antes Ares Capital) con 440 y Auro con otras 318. Sin embargo, las tres habían solicitado muchos más permisos que iban a ser concecidos judicialmente a lo largo del 2019 y 2020: Vector esperaba llegar a un total de 1.000, Moove Cars a 900 y Auro a más de 500.

El decreto del Govern tumbó todos sus planes, obligando a las plataformas Uber y Cabify a abandonar Cataluña y, por extensión, también a las empresas VTC, que han aplicado EREs y han despedido a miles de conductores. Es, ante todo, un drama laboral, pero también un hachazo a los empresarios que apostaron allí por el negocio de las VTC. Seis de los grandes inversores en Cataluña perderán unos 190 millones de euros, pero se calcula que la indemnización total a la que tendría que enfrentarse la Generalitat podría llegar a los 1.100 millones de euros.

Moove Cars ha sido de hecho la primera en mover ficha y ha contratado los servicios de la firma internacional de abogados Clifford Chance para elaborar la reclamación judicial contra la Generalitat. Según los cálculos iniciales, Moove pedirá una compensación de 400 millones de euros al Govern dirigido por Quim Torra. Es la misma cifra que baraja Auro. Vector Ronda se encuentra actualmente elaborando también su demanda de la mano del despacho de abogados Garrigues. Ahora las tres firmas tendrán que decidir si tiene sentido vender esos pleitos a fondos buitres o afrontar el litigio por su cuenta.

Ventajas para las empresas

Las empresas propietarias de las VTC son relativamente pequeñas y además en puntos clave como Barcelona se han quedado sin ingresos. Es decir, para ellas sería muy costoso y complejo asumir un litigio de varios años que podría llevarles eventualmente a la quiebra. Es por eso que algunas podrían verse tentadas a vender el pleito y ganar menos en caso de que la Justicia les diese la razón, pero al menos ganar una cantidad importante. Un dinero que podrían invertir en comprar licencias en otras comunidades donde aún tienen mucho margen de crecimiento, como Madrid, y en las que la regulación de momento les es favorable.

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De momento, Thesan Capital es uno de los fondos interesados que podría llevarse parte de los pleitos. Accionista de referencia de Gavel Capital, Thesan ha estado vinculado a operaciones poco claras, como el caso de evasión fiscal de Nummaria.

Thesan Capital también aparece en un informe de Agencia Tributaria por haber organizado la operativa del Banco Popular para ocultar operaciones de financiación concedidas por la entidad a sociedades españolas, utilizando para este fin compañías instrumentales localizadas en Luxemburgo. Y algunos fondos accionistas del Popular como Anchorage y Algebris han pedido que se investigue esta estructura societaria.