La Generalitat estudia un segundo golpe a las VTC por dejar inactivas sus licencias

La Generalitat estudia un segundo golpe a las VTC. Ahora que Uber y Cabify se han retirado de Barcelona, la mayor parte de las licencias VTC se han quedado inactivas en manos de tres grupos inversores: Vector Ronda, Moove Carsy Auro New Transport. Fuentes de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat han apuntado que se está analizando cómo evitar que estas licencias queden inactivas. Para ello, se estudian fórmulas como la revocación de licencias o inactivas, la sanción o, incluso, la expropiación.

El 'conseller' de Territori, Damià Calvet, no quiere que las VTC dejen de operar. Tampoco pretende aplicar una dejación de funciones por parte de su departamento. Calvet apuesta por que se cumpla el decreto que está pendiente de aprobación y que se opere con un preaviso de 15 minutos, tal y como marca el decreto de la Generalitat. Del mismo modo que se anunció que se prepara una ley que controlará la transmisión de licencias de taxi, también se quiere evitar en este nuevo texto legal que las VTC acumulen licencias para no utilizarlas y focalizarse en la especulación.

La 'conselleria' considera que la tecnología es replicable y que si Uber y Cabify se retiran de Barcelona, otros podrán dar un servicio con las condiciones marcadas por la Administración autonómica.

Eso supone o retirar las licencias de VTC a sus titulares o sancionarles por no explotar una autorización que cubre un servicio público. Las sanciones pondrían en pérdidas las empresas de VTC, la expropiación o la revocación las dejaría sin su principal activo. Las VTC han anunciado un ERE de más de 2.000 conductores en Cataluña. La nueva presión sobre el sector aprovechando las competencias regulatorias buscaría que se recuperasen buena parte de esos puestos de trabajo.

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C. Otto

Las licencias en Barcelona se reparten de la siguiente manera: Vector cuenta con 618, Moove Cars con 440 y Auro con 318. En total, 1.376, lo que supone el 13% de las 10.521 licencias de taxis que hay en el área metropolitana. Si se cumpliese el ratio 1/30 que exigen los taxistas, solo podría haber 350 licencias de VTC en la zona de la capital catalana. Es decir, hay cuatro veces más licencias de las que en principio debería limitar la ley. Y eso sin contar las que todavía pueden aprobarse fruto de las demandas que las VTC tienen cursadas en los tribunales aprovechando el hueco legal que se abrió con la desregulación que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en el paquete de medidas económicas para salir de la crisis.

Reordenar y regular

De manera que ahora la Generalitat se dispone a reordenar y regular un sector en el que acaba de estrenar competencias. Y sus planes no pasan por que todas estas empresas se queden las licencias sin operarlas y dejando todo el mercado a los taxistas. La 'conselleria' aboga por que las VTC y los taxis compitan, pero en un marco legal estable.

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El problema es que hasta ahora el modelo de negocio de estas empresas era llegar a pactos con Uber y Cabify para explotar su cartera de licencias. Ahora, con Uber y Cabify fuera del mapa catalán, estas empresas se han quedado sin modelo de negocio y con el riesgo de que Cataluña marque la pauta en otras comunidades autónomas, según apuntan fuentes del sector.

La nueva ley

El segundo embate a las VTC vendría en una nueva ley que tramitaría la Generalitat y en donde también se quiere limitar el traspaso de las licencias de taxis entre conductores. En Barcelona, se están pagando por una licencia entre 135.000 y 160.000 euros. En el caso de las VTC, existe una moratoria de dos años en vigor de la propia Generalitat que impide su venta. Por lo tanto, Vector, Moove y el resto no pueden vender ahora sus licencias.

La nueva ley regulará qué pasa con estas licencias. El objetivo es que se apruebe en el plazo de un año y medio. Pero también sería posible que el actual Gobierno de la Generalitat cayese este otoño después del juicio y que por lo tanto las VTC se quedasen su licencias pero sin sus clientes reales: Uber y Cabify. Por su parte, el decreto que obliga al preaviso con 15 minutos de antelación podría ir al Parlament esta semana, pero también podría no entrar por problemas en la Mesa o porque algún grupo solicite un dictamen previo, lo que podría retrasar la aprobación.