La tecnología aplicada al derecho puede acabar "con el 25% de los abogados"

Banca, seguros, educación… No parece haber sector que se resista a la entrada de las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar los procesos productivos en pleno siglo XXI. ¿Ninguno? El ámbito legal todavía sigue siendo reacio a abrazar la tecnología para mejorar su eficiencia. ¿Cómo podría ayudarles? Mediante la gestión de grandes cantidades de información con bajas tasas de error y haciéndolo en periodos de tiempo mucho más cortos que los que necesita una persona.

Estas fueron algunas de las conclusiones de la mesa redonda organizada por El Confidencial junto a IE Law School bajo el título 'Legaltech: retos y oportunidades'. El encuentro, moderado por Borja Martínez-Echevarría, socio de Pérez+Partners, sirvió para pulsar el uso actual de la tecnología en los bufetes y otros departamentos legales, las posibilidades que ya se pueden explotar así como las tendencias a corto plazo.

“Hay que entender el concepto 'legaltech' como la tecnología aplicada a los servicios jurídicos”, aclaraba Jorge Morell, fundador de Legaltechies. Morell situó en 2008 el momento en que el término comenzó a ganar popularidad, especialmente a raíz de la crisis financiera que obligó a los despachos a buscar nuevas fórmulas “para hacer el mismo trabajo pero por un menor valor”.

¿Qué trabajo es ese que puede hacerse gracias al empleo de la tecnología en los despachos de abogados? “Por un lado, cubrir las necesidades de los clientes para que cumplan con las normativas vigentes; por otro, el impacto en el trabajo que permita hacerlo más eficiente y una mayor eficacia”, resaltaba Joaquín Muñoz, socio de IT de Ontier. Muñoz señalaba ejemplos que demuestran las bondades del uso de la tecnología para el ejercicio de la abogacía: “Se pueden llevar a cabo revisiones de documentos en una ‘due diligence’ en un tiempo mucho menor del que tardaría una persona o grupo de personas”.

Implantar la tecnología, en palabras de Cristina Retana, directora de contenidos e innovación de Wolters Kluwer, debería servir para aportar un sello de seguridad para que el abogado sepa, por ejemplo, que aquello que está consultando está actualizado. “Existen herramientas de analítica jurisdiccional predictiva que aportan criterios de probabilidad a la hora de juzgar el resultado de un caso. Apoyarse en la inteligencia artificial te ofrece indicadores y parámetros que te permiten prever mejor un resultado en función del contexto en que se da”.

Tanto Cristina Retana como Jorge Morell hicieron mención expresa a las reticencias que encuentran en el ámbito laboral a la hora de incorporar herramientas tecnológicas que les ayuden en el día a día. “Hay un desconocimiento, temor y mitificación de ciertas tecnologías respecto a otros sectores. La realidad es que si conoces sus límites y posibilidades, las entenderás mejor”, aseguraba Retana.

Morell fue más lejos al poner casos concretos que ilustraban los motivos de esta “seria” resistencia. El fundador de Legaltechies opina que “el índice de escepticismo más alto lo tienen los abogados” y puso el ejemplo de un 'software' utilizado para encontrar errores en acuerdos de confidencialidad que no logró hacerse con el favor de los abogados que lo utilizaban. ¿El motivo? “Había encontrado el 94% de los fallos y les parecía mal que hubiera un margen de error y que no detectara el 100%. Estamos muy verdes en este campo, con abogados que llevan muchos años y un conocimiento muy justito de todo lo que tienen a su mano”, lamentaba.

Joaquín Muñoz compartía la preocupación de ambos aunque cree que el cambio llegará en el momento en que los despachos más importantes comiencen a adoptar las tecnologías en sus oficinas. “Algo tan español como la envidia ayudará a que bufetes del mismo nivel tengan las mismas herramientas cuando vean que funciona. Pero para que la innovación cale en el despacho, esta tiene que venir desde el CEO”, afirmaba el socio de Ontier. Y respecto a las resistencias laborales, cree que no hay nada como dejar que la tecnología hable por sí misma: “Esa barrera se elimina en cuanto se vea que hay un valor añadido”.

Ante un sector reticente a la adopción de la tecnología, ¿qué se está haciendo desde el sector educativo para impulsarla? Javier de Cendra, decano de IE Law School, centro que imparte grados y másteres en los que se abraza el uso de este tipo de herramientas, opina que las escuelas de derecho parten de “premisas anticuadas”. El mayor problema, especialmente en Europa, según explica Javier de Cendra, es la fragmentación del conocimiento jurídico en el ámbito universitario. “Se agrava con un sesgo de partido porque muchos alumnos no tienen el deseo de entender las ciencias puras, como las matemáticas. Un alumno que no quiere centrarse en ciencias exactas encaja bien en un despacho de la sociedad industrial, pero no en uno de la sociedad moderna”. Todo ello, asegura, sin olvidar que el principal cometido de las universidades debe ser la formación. “El derecho es el arte de buscar lo bueno y lo justo en cualquier situación. Pero no hay que enseñar solo un conocimiento técnico sino lograr que sea útil, especialmente en un entorno muy cambiante”.

¿Peligra el empleo?

El impacto que tendrá la introducción de tecnología en el sector legal también fue uno de los puntos más sensibles del encuentro. Y no es un tema que solo esté relacionado con el derecho, ya que es un debate que se da en una gran mayoría de sectores. El auge de la inteligencia artificial y la potencia de computación van a dejar obsoletos puestos de trabajo actuales y ello va a obligar a la reinvención de muchas industrias.

Fue Jorge Morell el que puso la primera cifra sobre la mesa: “Un informe de The Law Society concluyó que se iban a destruir entre 67.000 y 114.000 puestos de trabajo a 20 años vista. Es entre el 20% y el 25%. La tecnología va a destruir una parte muy importante porque hará tareas de manera más eficiente”.

Y si la cifra de Morell parecía pesimista, De Cendra apuntó a un estudio de Deloitte que cuantificaba en un 39% el porcentaje de empleo en Estados Unidos que se vería afectado por esta situación. Pero el decano de IE Law School también cree que de esta situación surgirán nuevas oportunidades. Con 7.500 millones de personas sobre la faz de la Tierra, “1.000 por debajo del umbral de pobreza y 2.500 en situación precaria”, De Cendra aseguraba que se van a abrir nuevas bolsas de negocio para que “gente que nunca ha tenido acceso a estos servicios lo tenga”, gracias al abaratamiento de costes que supondrá la irrupción de la tecnología.

Ya sea por llegar a nuevos nichos de mercado o por hacer más eficientes tareas que hoy requieren mucho tiempo y recursos humanos, la irrupción de la tecnología en el ámbito legal está llamada a cambiar las reglas del juego. Aunque, para ello, deberá superar un importante escollo: la reticencia del sector a abrazar estos nuevos procesos.