juicio a dos empresarios

El timo del Buzón siglo XXI: Correos pide cárcel por un agujero de 10 millones

La empresa pública pide cuatro años de cárcel para dos empresarios que no devolvieron los 10 millones para sustituir 15.000 buzones por aparatos con internet y publicidad

Foto: Los 15.000 buzones existentes en España iban a ser sustitudos por buzones digitales. CORREOS
Los 15.000 buzones existentes en España iban a ser sustitudos por buzones digitales. CORREOS

Todo buen plan necesita un buen nombre. Proyecto Buzón siglo XXI era el de este. Una empresa privada, Media Mail, y una pública, Correos, lanzaron hace 15 años un plan para convertir sus 15.000 buzones en centros con internet, pantallas publicitarias y otro montón de servicios de tecnología. Obviamente, nunca llegó a realizarse pero en medio la empresa pública perdió 10,5 millones. Ahora lleva a juicio a dos empresarios con los que se asoció. Les acusa de alzamiento de bienes y pide para ellos años de cárcel. Esta es la historia, otra más, de cómo al calor de la tecnología hay quien ha vendido humo a la Administración.

"Era un proyecto fantástico. Íbamos a poner 18.000 buzones con internet, con control de presencia, pantallas publicitarias. Estuvimos años trabajando con Correos, lo negociamos con Alberto Núñez Feijóo [entonces presidente de la empresa pública], pero luego llegó el 11-M, ganó el PSOE y el proyecto se fue al traste", explica una persona que estuvo allí desde el principio y que pide el anonimato. Este pide ponerse en el año 2000 para entenderlo. "Ahora eso lo hacen los teléfonos, pero entonces no había wifi y la gente no tenía acceso".

Era un proyecto fantástico. Íbamos a poner 18.000 buzones con internet, con control de presencia, pantallas publicitarias...

Tras años de desarrollo y negociaciones, Media Mail y Correos establecieron su 'joint venture' el 29 de julio de 2003. Ese día firmaron el "contrato marco para el desarrollo del Proyecto Buzón siglo XXI". El objeto era el "diseño, fabricación e instalación de los buzones siglo XXI" que sustituirían a los tradicionales amarillos. La propiedad sería de Correos y el mantenimiento y la explotación correría a cargo de la nueva sociedad mixta. Pero en febrero de 2004, poco antes del cambio de Gobierno y la llegada de Zapatero, Correos renunció al proyecto. Alegó que no había conseguido las autorizaciones de Patrimonio del Estado, dueña en última instancia de los buzones, y que sin eso no se podía seguir.

Media Mail recurrió a la Justicia reclamando 12,89 millones por daños y perjuicios, porque a ese punto "no se le había dado importancia alguna durante la negociación del contrato". En 2007, un juzgado de Madrid dio la razón a Media Mail y estableció una indemnización de 12.892.008,52 euros más intereses. El juez consideró que si Patrimonio no había autorizado el cambio era por culpa de Correos, que no había hecho nada para conseguir las autorizaciones, y no de sus socios privados.

Carlos Dívar (c) y Antonio Sánchez de León Cotoner (d).
Carlos Dívar (c) y Antonio Sánchez de León Cotoner (d).

Correos recurrió inmediatamente, pero los socios de Media Mail insistieron en ir ejecutando la sentencia, en ir cobrando los casi 13 millones. Alegaron que era una empresa solvente y que si perdían en apelación, tendrían capital para devolverlo. El empresario Antonio Sánchez de León Cotoner, uno de los dos acusados, ha llegado a señalar en el procedimiento que los socios de Media Mail son de "amplísima solvencia, de las más elevadas de Europa, y empresarios del mayor reconocimiento empresarial y profesional".

Sánchez de León Cotoner, que no ha contestado al mensaje de este diario, es un personaje bien relacionado. Es familia de los Cotoner, grandes de España, próximos a Juan Carlos I y que están acusados de delito fiscal y aparecen en los papeles de Panamá. "A él le gusta figurar y la historia. Está muy bien relacionado", cuenta una persona que le ha tratado. Está ligado a la Fundación Carlos III y a la Fundación Hispano-Belga de Historia. En 2009, el entonces presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, le impuso la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. También fue distinguido en ese acto C. E. B. y G., que acaba de ser condenado en conformidad por un delito fiscal.

El expresidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar impuso la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort a uno de los acusados

Según publicó 'El Mundo', Sánchez de León Cotoner pertenece a la orden de San Huberto, una "discreta sociedad de nobles" protegida por Juan Carlos I. La familia Cotoner estaba especialmente vinculada al Rey emérito. Cuando este llegó a España, Nicolás Cotoner y Cotoner fue nombrado su preceptor y ocupó el cargo de jefe de la casa del Rey entre 1975 y 1990. Cuando falleció, en 1996, la prensa señaló que el entonces Rey se refería a él como su "padre adoptivo".

Aunque el negocio de los buzones no había prosperado, la Justicia iba dando la razón a Media Mail y a Sánchez de León Cotoner. El juzgado ordenó pagar y el 15 de mayo de 2008 Correos consignó en el juzgado los 12.892.008,52 euros de condena más 3.867.602,4 euros en intereses y costas. En total, 16,76 millones de la empresa pública fueron a manos de Sánchez de León Cotoner. Solo unos meses después, la Abogacía del Estado, que defiende a Correos, advirtió a la empresa de que la sentencia no era firme, que podía verse revocada en apelación y que Media Mail debía provisionar esa cantidad en sus cuentas por si perdía el pleito.

En efecto, en julio de 2010, la Audiencia de Madrid dio la razón a Correos y revocó la sentencia anterior. Al día siguiente, correos envió un burofax a Media Mail pidiendo el dinero de vuelta. Pero nunca más se supo. El 27 de octubre de 2010, solo tres meses después, la junta de accionistas de Media Mail, con participación de los dos acusados, Áureo Ruiz de Villa Gómez Setién y Antonio Sánchez de León Cotoner, acordó recurrir al Supremo en casación y, a la vez, liquidar la sociedad. Al menos así lo afirma la Abogacía del Estado en un escrito de acusación posterior. Áureo Ruiz de la Villa, muy relacionado con el mundo de la educación, tampoco devolvió la llamada de este diario.

Media Mail no ha ofrecido explicación alguna sobre el destino de tan grande cantidad de dinero, pagada por Correos y Telégrafos

Los juzgados lograron recuperar 4,7 millones de euros, por lo que aún faltan por aparecer 10,5 millones. La Abogacía del Estado comenzó entonces a enviar una serie de cartas reclamando el dinero. Y estas se intensificaron cuando en 2013 el Supremo confirmó la segunda sentencia contraria a Media Mail. Correos cree que Media Mail fue liquidada solo para no pagar. "La disolución acordada de Media Mail no respondía más que al propósito de frustrar las expectativas de cobro de Correos y Telégrafos. [...] Media Mail no ha ofrecido explicación alguna sobre el destino de tan grande cantidad de dinero, pagada por Correos y Telégrafos en la ejecución provisional civil, a pesar de conocer en múltiples ocasiones, tanto por actos de esta parte como judiciales, la obligación que tenía de devolverla", señala en su escrito de acusación recién presentado en los juzgados.

Para ello, un juzgado de Madrid ha pedido las cuentas de la sociedad y allí descubrió que nada más cobrar los 13 millones del juzgado, Media Mail comenzó a prestar dinero a empresas de los socios. Entre 2010 y 2011 hay préstamos al acusado Antonio Sánchez de León Cotoner por importe de 1.011.599,72 euros; a la sociedad Iepe Forma SL, de la que este era accionista, por importe de 6.092.699,28 euros; a la mercantil Zurraquin, de la que que Cotoner era administrador, por importe de 523.931,31 euros. También fue un millón a la Fundación Diálogos, ligada al otro acusado.

Es decir, cuando ya conocían la sentencia que les obligaba a devolver casi 15 millones a Correos, la sociedad prestó 8,7 millones a empresas vinculadas a sus socios y luego fue liquidada. Bien entrado el siglo, el Buzón siglo XXI llega ahora a juicio. El paso del tiempo ha dejado el proyecto en algo absurdo. "Ahora todo eso lo hacen los móviles, pero hace 15 años tenía sentido", cuenta esta persona que vivió el proyecto que se ha comido 15 millones de dinero público.

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