la ley 34/2002 y lopd lo prohíben

Ni el Gobierno cumple con la ley: Justicia y Transparencia usan 'cookies' sin permiso

Los editores web españoles están obligados a informar sobre la utilización de estas herramientas de seguimiento a los usuarios, además de obtener su consentimiento para la instalación

Foto: Ni el Gobierno cumple con la ley: Justicia y Transparencia usan 'cookies' sin permiso

Las cookies son archivos de texto que recopilan información. Pueden ser usadas para gestionar el flujo de usuarios de un sitio web y mejorar su experiencia de navegación, pero también con el fin de conseguir información sobre sus hábitos y utilizar los datos personales obtenidos sin su consentimiento con fines comerciales.

Desde el año 2012 en el que se modificó la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), los editores web españoles están obligados a informar sobre su utilización, además de obtener el consentimiento de los usuarios para su instalación. Sin embargo, a día de hoy todavía son muchas las páginas que violan esta normativa, que algunos incluso califican como imposible de cumplir.

Además de numerosas empresas del Ibex 35, la propia web del Ministerio de Justicia también instala cookies sin avisar al usuario. En concreto, de Google Analytics y Youtube sólo en su portada. El aviso que utiliza en su página web anuncia que utiliza cookies para obtener datos estadísticos, pero no las bloquea. Al no hacerlo incumple el artículo 22.2 de la llamada "ley de cookies" que exige bloquearlas hasta que el usuario las acepte.

De esta forma, abriendo una ventana de incógnito en Google Chrome y activando el plugin Attacat Cookie Audit Tool, se puede apreciar las cookies instaladas (ver el informe generado en PDF) por el órgano del Gobierno.

¿Está la Administración exenta de cumplir la ley?

Según ha explicado a Teknautas Samuel Parra, socio de la firma ePrivacidad, "el Ministerio de Justicia recurre a Google Analytics porque es más cómodo que desarrollar una solución alternativa de código abierto. Nadie les impide hacerlo pero deben bloquear las cookies". En este sentido Google dispone de una casilla denominada Activar el modo de mejora de la privacidad, que impide que la herramienta instale cookies a través de un sitio web. YouTube por su parte cuenta con la misma opción dentro del botón Insertar e incluso una versión llamada YouTubeNoCookie.com.

No obstante, el Ministerio de Justicia arguye que "no se está incumpliendo la Ley de Protección de Datos porque no se están recogiendo datos de carácter personal". Igualmente, defiende que la ley es sólo para los que vinculan su presencia en internet con una actividad económica u onerosa, de manera que no tendrían la obligación de poner cookies. Otros sin embargo, creen que La Ley 34/2002 está directamente relacionada con la normativa de protección de datos, que obliga a la Administración Pública igual que al resto de sujetos definidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Este mismo artículo exceptúa las actividades exclusivamente personales o domésticas y aquellas en las que se traten materias clasificadas, entre otros, pero no excluye a la Administración.

En lo que sí están de acuerdo todos los expertos consultados es en que la web de Justicia también viola el artículo 44 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), al realizar una transferencia internacional de datos no autorizada. "Para usar Google Analytics el Ministerio de Justicia ha tenido que aceptar un contrato con Google para que esta empresa de EEUU trate los datos personales de los que el ministerio es responsable. ¿Quién del Gobierno español ha firmado este contrato?", ha añadido el abogado Pablo Fernández Burgueño.

Google dispone de una casilla denominada 'Activar el modo de mejora de la privacidad', que impide que instale 'cookies' a través de un sitio web

Algo parecido ocurre con el portal de la Transparencia. Para realizar una consulta al Gobierno desde este sitio los usuarios están obligados a identificarse con DNI electrónico o firma electrónica reconocida. Una vez hecho esto tienen acceso a un perfil único dentro del propio sitio web, desde el cual se realizan las peticiones al Ejecutivo. El problema, según ha declarado Samuel Parra es que "en estas páginas el código de Analytics lo mantienen insertado. Es decir, que están metiendo el código de un tercero en la sección privada del ciudadano. Lo que significa que Google podría tener acceso a la información que en teoría sólo tú puedes ver".

Lo cierto es que la mayoría de páginas que existen muestran contenidos de terceros, y estos a su vez incluyen cookies, que por si fuera poco van cambiando y son incontrolables para las webs que los alojan. Por todo esto son muchos los expertos que aseguran que, tras la modificación, la Ley 34/2002 es imposible de cumplir. ¿La solución? Según Burgueño "no incrustar nada de terceros, así podremos cumplirla íntegramente. Pero esto sólo lo hacen unos pocos".

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