“Los grandes beneficiados de la venta ilegal de datos son los bancos”

Varios detectives privados de Barcelona pasaron ayer por dependencias policiales para declarar en el marco de la investigación abierta con motivo de la Operación Pitiusa, en la que ya hay alrededor de un centenar de personas imputadas por tráfico de datos para la elaboración de informes. “Los grandes beneficiados de la compra de datos confidenciales son los bancos”, así de contundente se muestra un importante detective de Barcelona con más de 30 años de profesión a sus espaldas. Reconoce que, en ocasiones, ha comprado datos confidenciales a miembros de la organización desarticulada.

“Durante los últimos años, los impagos se han multiplicado debido a la crisis. Muchas personas no podían hacer frente a la hipoteca y los bancos y cajas se comenzaron a encontrar con que tenían un grave problema. Y a los detectives nos comenzaron a llegar listados de cientos de personas a las que teníamos que investigar para conocer si cobraban de algún lado o las propiedades que tenían. De este modo, por 50 ó 60 euros les pasábamos los datos y ellos les embargaban el sueldo gracias a nuestros informes. Se han ahorrado dinero a espuertas contratando a detectives”, explica este investigador.

Otro detective, propietario de un conocido bufete barcelonés, señala que “era cuestión de tiempo que la trama se desarticulase, porque ya lo hacían de modo descarado y sin ocultarse”. De momento, entre el centenar de personas implicadas en la red hay detectives, intermediarios, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y empleados de organismos de la Administración.

Al menos tres investigadores de los más conocidos reconocieron a El Confidencial que les han requerido para explicar su relación con algunos miembros de la trama. Una de las piezas clave que les habría pasado los datos es un intermediario que, a pesar de que no tiene el título de detective, se mueve en este sector desde hace más de 30 años. Se trata de Tomás R., uno de los vendedores de información confidencial más activos de España.

“Me preguntaron sobre los contactos que había tenido con un intermediario y la clase de información que me había facilitado”, reconoce a este diario uno de los investigadores llamados a declarar. El detective manifestó a la policía que no compraba datos a la trama y que sólo había tenido conversaciones de vez en cuando con Tomás R.. Según pudo conocer este diario, el propietario de otro bufete de detectives se negó a facilitar a los agentes el libro de registro, donde constan los casos que les encargan.

No es el único, ya que varias agencias han sido requeridas para que entreguen sus libros. A través de estos registros, la policía coteja datos y compara los encargos que tienen con la consulta a los ficheros oficiales, ya sea de Hacienda, Seguridad Social, catastro o Tráfico. Si el nombre de una persona que conste en el libro registro del detective ha sido consultado en alguna base de datos oficial después de que éste iniciase su investigación, se aporta esa consulta como prueba de extracción de datos confidenciales y se imputa al investigador, al intermediario y, en su caso, al empleado público.

La compra de datos confidenciales debía de ser un buen negocio, habida cuenta de los intermediarios que parecen vivir de este trafico ilícito. Del centenar de personas implicadas en la red, algunos ya habían sido detenidos por lo mismo en el pasado. Un informador comercial de Valencia, Vicente M., es uno de los intermediarios que ahora ha vuelto a caer. Óscar A., que gestiona una compañía en A Coruña que abastece de datos a los detectives de media España, es otro de los reincidentes.

Según fuentes del sector de detectives privados, ambos fueron detenidos en el año 2010 por la misma razón que ahora: traficar con datos confidenciales. “Son muy conocidos en la profesión", dice un investigador a El Confidencial. Según el diario Levante, esta red tenía preparados 1.000 informes con datos personales, laborales, mercantiles y financieros de carácter reservado cuando fue desarticulada. Además, tenía previsto suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales durante un periodo de cinco años. Todo un negocio.

Esa trama llegó a tener varias decenas de imputados y fue investigada durante años. Estaba liderada por un alicantino que se hacía pasar por detective y que tenía a sueldo al director de una oficina del Inem, que le pasaba datos confidenciales. En ella, cayeron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, del Inem, detectives y empresarios de gestorías y de empresas de confección de informes. Según fuentes del sector de la investigación, actualmente existen dos procedimientos abiertos en sendos juzgados de Murcia y de El Puerto de Santa María sobre tráfico de datos.

“Hay que cambiar la ley”

Varios profesionales del sector consultados por El Confidencial señalan también que “uno de los modos de acabar con el mercado negro es reformar la Ley de Seguridad Privada”. Lo negativo, dicen los expertos, es que la legislación mete en el mismo saco seguridad privada e investigación privada, cosas que “son como mezclar el tocino con la velocidad”. Los detectives han propuesto ya al Ministerio una reforma que regule su profesión.

“El 80% de los casos que investigamos van al juzgado. Y si nosotros trabajamos con información, sería lógico que pudiésemos tener acceso a determinadas bases de datos oficiales, siempre con estricto control judicial. En ocasiones, es imprescindible conocer los historiales laborales de un señor, por ejemplo, o los ingresos que tiene. En ese caso, ¿porqué no acceder a esos datos de manera oficial y controlada y que la información que saquemos vaya directamente al juez?. Se acabaría el mercado negro y el magistrado tendría, además, datos fidedignos para tomar resoluciones”, explica un miembro de la junta del Colegio de Detectives.

Y otro de los colegiados señala que “es necesario cambiar la Ley de Seguridad Privada. Hay que inventar algún sistema, como el del acceso controlado a las fuentes de información y así se evitaría el trapicheo”.

Todos coinciden en subrayar que “hay un antes y un después  de esta operación policial”. Se ha cambiado totalmente la forma de proceder. ”Ahora el detective se lo pensará dos veces antes de comprar datos ilegales, ya que no se va a jugar el tipo y la licencia metiéndose en berenjenales. Porque no es sólo el perder la licencia sino que luego te viene la multa de la Agencia de Protección de Datos”.