El alcoholímetro obligatorio, la norma francesa que se barajó en España

Nicolás Sarkozy anunció el pasado miércoles que todos los vehículos franceses deberán incorporar, antes de la próxima primavera, un alcoholímetro que impida el arranque del motor en caso de que el conductor haya bebido. El presidente galo hizo estas declaraciones “en caliente”, después de conocer que entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de octubre de este año fallecieron 4.000 personas en las carreteras francesas (en España la última cifra anual de muertos es de 1.730).

El alcoholímetro en cuestión se diferencia del convencional en que va incorporado al vehículo y conectado al sistema de arranque eléctrico, que se bloquea cuando la tasa de alcohol supera la permitida. Soplar antes de arrancar es obligatorio para encender el contacto. Además, incluye una caja negra inviolable que guarda las mediciones anteriores, hayan sido positivas o negativas. Tiene un tamaño similar a un cartón de tabaco, y puede instalarse en la guantera, en el motor o en cualquier habitáculo protegido del vehículo. Su precio es de 1.500 euros y la instalación cuesta en torno a los 80.

Según los expertos del sector consultados por El Confidencial, la propuesta de Sarkozy es más una respuesta al calentón que le produjeron las elevadas cifras de siniestralidad que a una intención realista. De hecho, de cumplirse la advertencia presidencial, Francia sería el primer país del mundo en universalizar el uso de este alcoholímetro.

El transporte de mercancías, obligado

En España, sólo un ínfimo número de vehículos lo utilizan: los dedicados a transporte de mercancías que tienen que llevar cargas a países del norte de Europa, donde su uso es obligatorio en esos camiones. En la propia Francia, únicamente es preceptivo para los autobuses de transporte escolar. Y desde hace apenas dos años.

Luis Botija es el responsable de instrumentación de la empresa alemana Drager en España, una de las dos únicas firmas que comercializan este producto en nuestro país: “Lo que ha dicho Sarkozy no tiene mucho sentido”, sentencia. Sin embargo, sí se muestra partidario de inspirarse en la legislación norteamericana para implantar en España la obligatoriedad de incorporar este aparato por prescripción judicial.

“En EEUU se empezó a usar este alcohímetro en los años 80 con dos aplicaciones”, señala. “La primera de ellas, por imposición judicial. Sobre todo en el ámbito de los conductores profesionales. En Norteamérica, como en Europa, superar las tasas de alcohol al volante también conlleva la retirada del carnet. A alguien que viva de la carretera, esto le supone la pérdida de su medio de subsistencia durante un periodo a veces largo. Por eso, a determinados infractores se les permite seguir conduciendo si instalan este alcoholímetro. Periódicamente, el aparato debe ser llevado a revisión para comprobar si se ha intentado manipular. Y la caja negra contabiliza cuántas veces y cuándo el infractor ha intentado volver a conducir bebido. Pero no solo eso. También se le impone recibir asistencia psicológica para tratar su dependencia del alcohol”, matiza Luis Botija. “En esta forma de hacer las cosas debería entrar España. Y el resto de los países mediterráneos, donde la cultura del alcohol está más asentada que en otros lugares”. En resumen, en EEUU el uso de este alcoholímetro (generalizado en el 80% de los estados) permite reconvertir el simple castigo al infractor en un programa de reeducación vial y psiológica que prevenga la posibilidad de reincidencia.

La segunda aplicación de este ingenio, la preventiva, ya la comparten con los norteamericanos varios países europeos. “La aplicación preventiva consiste en que las autoridades de tráfico de cada país regulen en qué diferentes tipos de vehículos es obligatorio instalarlo. En Suecia, por ejemplo, son muy poco permisivos con el alcohol. Desde hace ya diez años obligan a usar el alcoholímetro a todos los vehículos de mercancías. En Alemania, sin embargo, no se ha profundizado tanto. En la mayor parte de los países europeos su uso aún se encuentra en fase experimental”.

Siempre hay trampa

La caja negra del alcoholímetro es muy difícilmente manipulable, y en caso de que algún agente de tráfico detenga al infractor resulta sencillo comprobar si ha sido intervenida. Sin embargo, hay posibilidad de hacer trampa. Como en todo. Basta con que alguna persona que no haya bebido se preste a soplar por nosotros. “Siempre existe la trampa. Por eso no creo que Sarkozy pueda cumplir lo prometido. Habría que regular situaciones así desde el punto penal o administrativo, porque ese cómplice estaría también cometiendo un delito contra la seguridad vial al haber falseado una prueba”, indica Tomás Santacecilia, director de Seguridad Vial de Race.

Y añade otro obstáculo a las intenciones de Sarkozy: “Yo desconozco el ritmo de trabajo de la administración francesa… Si es parecido al nuestro, es imposible que de aquí a la primavera se incorpore este alcoholímetro a todo el parque móvil. Este tipo de medidas necesita un consenso social, un consenso tecnológico por parte de los fabricantes y una consecuente adaptación legislativa”.

Con respecto a su posible implantación en España, Santacecilia recuerda que el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ya la propuso en 2009 y 2010. “Se lanzó, se valoró, se estudió… Pero se quedó ahí. Nosotros no lo vemos negativo, por supuesto. Sería un elemento más de prevención. Pero tampoco lo apreciamos como la solución al problema. El problema real es que el consumo de alcohol cada año se adelanta. Ya tenemos el umbral de inicio en los 13 años. Y, con 14, un chaval puede coger un ciclomotor. Con esta medida estamos interviniendo, no solucionando. Entre el 20 y el 30% de los fallecidos en carretera presentaba tasas de alcohol superiores a las permitidas. No es un problema de seguridad vial. Es un problema de salud pública”.