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Humilladero, el pueblo que conoce las verdades y mentiras del PER
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RADIOGRAFÍA DE UN PLAN POLÉMICO

Humilladero, el pueblo que conoce las verdades y mentiras del PER

Manuel Pimentel, el político con cara de niño y flequillo travieso, ideó el cambio de nombre en 1996. Pero fracasó en el intento. Nadie lo ha

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Humilladero, el pueblo que conoce las verdades y mentiras del PER

Manuel Pimentel, el político con cara de niño y flequillo travieso, ideó el cambio de nombre en 1996. Pero fracasó en el intento. Nadie lo ha dejado de llamar PER. En realidad se denomina AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria). La mayoría confunde el PER (Plan de Empleo Rural) con el subsidio agrario y opinan por lo bajini y algunos con altavoz, como Duran i Lleida o Luis del Rivero, que este sistema, focalizado en Andalucía y Extremadura, hay que modificarlo e incluso que fomenta la vagancia. Del Rivero teme las “reservas indias apaches” y que de los pueblos del Sur no salen jóvenes universitarios.

La realidad de una comunidad autónoma subsidiada, inoperante y poco emprendedora, guarda íntima relación con el PER (cuyo coste fue de 138 millones de euros en 2009). El subsidio agrario, prestación asistencia del Régimen Agrario de la Seguridad Social, inferior al salario mínimo interprofesional, cuesta 59 millones de euros, el 1,83% de las prestaciones por desempleo de toda España. Lo cobran 128.000 personas en Andalucía y 20.528 en Extremadura. De estos 150.000, 100.000 son mujeres. De media, se recibe 420 euros durante seis meses. Estas dos comunidades agrupan el 68% de los empleo agrarios de toda España.

Al salir de Málaga para tomar la autovía de las Pedrizas (la de peaje la construye, con retraso de año y medio, la Sacyr de Del Rivero) en 40 minutos se llega a Humilladero, un pueblo malagueño de 3.300 habitantes, situado en el centro de Andalucía, a 20 kilómetros de Antequera, a 10 kilómetros de la provincia de Sevilla, a 20 kilómetros de la de Córdoba.

Con 24% de paro (450 desempleados agrícolas) y beneficiado desde 1984 del PER, Humilladero es uno de tantos municipios del interior andaluz que sin estas ayudas, aprobadas por el INEM y destinadas obligatoriamente para infraestructuras locales, hubiera sufrido los efectos de la despoblación, como ocurre en los pueblos de Castilla y León.

En la avenida del Emigrante se sitúa el edificio del Ayuntamiento. En la primera planta, el alcalde, Félix Doblas, de Izquierda Unida, 14 años al mando del Gobierno municipal, atiende a unos vecinos, entre un Himalaya de papeles situados en la mesa de su despacho con vistas a la plaza, donde los mayores se refugian del sol del mediodía.

Este periodista contacta con Antonio Romero, que vive cerca. Romero, el látigo de Felipe González a mitad de los noventa, es bien conocido por su activa participación en la comisión Roldán del Congreso, las tertulias de Antonio Herrero y bautizarse en 1995 como el alcalde “moral” de Málaga.

Doblas y Romero son amigos desde la infancia. A ambos les apasiona el universo de los galgos, una afición que Romero incluso ha inmortalizado en un libro publicado en Almuzara, la editorial de Pimentel. En el pueblo construyeron una pista recta para estos animales elegantes y velocísimos. El próximo 7 de agosto organizan en el pueblo el campeonato de Andalucía. El ex líder de IU-LV-CA ha escrito dos folios en una diminuta letra de tinta azul. Allí tiene recopilados datos, cifras y fechas de la aplicación del PER.

“No se ha expropiado ni una sola maceta”

Dispara Romero quejándose de los latifundios, la plaga, a su juicio, que asola Andalucía desde el siglo XIX. El campo, en manos de los terratenientes. Y ofrece un dato: el 3% de los propietarios posee el 53% de las tierras de Andalucía. “Al Gobierno le sale más barato el PER que aplicar la reforma agraria”. Añade: “Aquí no se ha expropiado ni una sola maceta”. Su crítica también va dirigida al PP. En 2002 había 300.002 jornaleros acogidos al subsidio. En 2006 eran 156.000.

¿Es necesario el PER en el siglo XXI? “Si no lo cobraran, muchos jornaleros estarían en la indigencia”, denuncia el azote del Felipismo. También matiza: “Quizá se debería adaptar a los tiempos”. Cada peonada representa 7,45 horas de trabajo. Para cobrar esta ayuda se necesita acreditar un mínimo de 35 peonadas al año. En 2010 el Gobierno ha reducido a 20 las peonadas por los efectos de los temporales del pasado invierno. Las prestaciones por desempleo en el conjunto de España han subido un 28% en los últimos dos años, mientras que las ayudas al campo andaluz han bajado un 10%, según datos de la Junta de Andalucía.

El fraude, localizado en la firma de las peonadas falsas, continúa siendo la leyenda negra del PER. La leyenda también es verdad: en una misma familia se pueden cobrar tres o cuatro subsidios si se es mayor de 16 años. “Hay que controlar el fraude y modificarse para que la gente encuentre empleo y el PER sea muy coyuntural para que con una buen gestión cada vez menos gente lo necesite”, señala a este diario un portavoz del PP de Andalucía.

Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, en un artículo publicado esta semana en los diarios del grupo Joly, cree fundamental un cambio en el PER: “Hay que terminar por integrar a los trabajadores agrarios en el Régimen General de la Seguridad Social, tal como se propone en el Pacto de Toledo, aunque lo fuera con las debidas especialidades; integración que permitiría fomentar la movilidad sectorial de estos trabajadores a lo largo del año”.

Cruz Villalón es partidario de facilitar el cómputo conjunto de las cotizaciones a las diversas actividades que se realicen en diversos sectores y profesiones. En su opinión, esto permitiría una “convergencia en los sistemas de protección social del conjunto de los trabajadores, sean agrarios o no, sean andaluces o no”. De hecho, al afectar el subsidio sólo a Andalucía y Extremadura otras comunidades presentaron un recurso al Tribunal Constitucional, “invocando la solidaridad”, como recuerda Antonio Romero. El TC lo rechazó.

María Romero, de 25 años, concejal de Fiestas y Empleo de Humilladero, admite sus dudas del sistema. “Hay mucha gente que no necesita cobrar el subsidio, ni tampoco beneficiarse del PER. Es posible que algunos cobren el paro y no tienen declarado ni la mitad”, denuncia. “Quizá si con el dinero que nos dan pudiéramos crear una bolsa de empleo sería más beneficioso para todos. Muchos lo están pasando fatal y no sé de qué viven”, explica.

“Hay que parar la economía sumergida”

Juan Ojeda, ex secretario general del PP andaluz, opina que el fraude existe. “Muchos cobran en B y hay que parar la economía sumergida, pero hay que reconocer que gracias al PER se han hecho muchos cosas en los pueblos. Sin este movimiento económico y de empleo, aunque sea temporal, muchos se hubieran ido a Barcelona o Nuremberg”. Andalucía, de 8,5 millones de habitantes, cuenta con un 40% de población rural.

Félix Doblas rechaza el enfrentamiento de unas regiones con otras que provocan las declaraciones de Duran i Lleida o Del Rivero. “No somos vagos. Yo estuve con 14 años en la vendimia francesa, Si fuéramos vagos no nos hubiéramos desplazado por todos lados. Aquí todavía hay cinco o seis familias que se van todos los años, precisamente ahora, a finales de junio, a recolectar la fruta a la provincia de Girona”.

Para el alcalde de Humilladero el PER es una suerte de eterno súper Plan E. Sin AEPSA (el propio presidente de la Junta de Andalucía tampoco lo denomina por su nombre oficial), este pueblo no tendría dinero suficiente para infraestructuras de calles, alumbrados, aceras, saneamiento y limpieza. En el pueblo trabajan 38 hombres y 175 mujeres. Gracias al antiguo Plan de Empleo Rural se han recibido 347.000 euros este año.

Limpiando en la piscina

Gracia López, María Moreno, Juana Cruces y Carmen Carmona (con edades entre 45 y 37 años) limpian y blanquean los vestuarios de señoras de la piscina municipal de Humilladero. Ellas están ajenas a la polémica. Llevan dos días trabajando a tope. Cobran 600 euros por la quincena. El 1 de julio los niños del pueblo ya chapotearán en el agua dulce. “Esto nos viene muy bien. Salimos de la rutina de la casa y conseguimos un dinero extra [sus maridos trabajan]”, relata Gracia, de 45 años, rociada de pintura toda su cara. Ella siempre ha vivido en el municipio. “Nací en la misma casa y allí sigo”, explica.

Otro de los mitos del PER, el voto cautivo de los pueblos al PSOE, fue puesto en entredicho por la profesora Susana Corzo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, en su tesis doctoral El clientelismo político. El Plan de Empleo Rural en Andalucía. Para Corzo, sólo Izquierda Unida “se ha beneficiado electoralmente, aunque de manera leve, del mantenimiento de tales ayudas”, como publicó El País en enero de 2003.

“Eso era antes”, intenta aclarar Romero. Corzo observa el futuro. Cree que la tendencia es la eliminación del PER. ¿Y de qué vivirán estos municipios? Mientras, la sombra del fraude y de la economía sumergida volverá a surgir en las conversaciones de los pueblos y ciudades de Andalucía.

Manuel Pimentel, el político con cara de niño y flequillo travieso, ideó el cambio de nombre en 1996. Pero fracasó en el intento. Nadie lo ha dejado de llamar PER. En realidad se denomina AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria). La mayoría confunde el PER (Plan de Empleo Rural) con el subsidio agrario y opinan por lo bajini y algunos con altavoz, como Duran i Lleida o Luis del Rivero, que este sistema, focalizado en Andalucía y Extremadura, hay que modificarlo e incluso que fomenta la vagancia. Del Rivero teme las “reservas indias apaches” y que de los pueblos del Sur no salen jóvenes universitarios.

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