La Junta de Andalucía aprueba “por la cara” a alumnos de Secundaria

Cualquier alumno que suspende tiene derecho a revisión de examen. El conflicto surge cuando tras la reclamación el aprobado es masivo. Esto ocurre en Andalucía y lo denuncia a El Confidencial la Asociación de Profesores de Instituto (Enseñanza Secundaria y Bachillerato) de esta comunidad autónoma. Los inspectores de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han aprobado, al menos un centenar de veces, a alumnos que protestaron por su suspenso. Según la APIA, se trata de una práctica común dirigida a un único objetivo: maquillar el fracaso escolar en Andalucía: que alcanza un porcentaje del 34,72%, frente al 30,8% de la media española (más del doble que la Unión Europea).

Así funciona la cosa: ante una reclamación de padres y/o alumnos por las notas se reúne el departamento de la asignatura. Los profesores corrigen otra vez el examen en conjunto y si comprueban que no ha habido ningún error en la corrección se dictamina que el suspenso está bien puesto. Pero si el dictamen es negativo el alumno puede reclamar a la inspección. Y aquí llega la denuncia: “La inspección tiene por costumbre aprobar por la cara a estos alumnos. Antes se hacía solamente en Secundaria, pero ahora también ocurre en Bachillerato y de una manera irregular”, critica Gonzalo Guijarro, portavoz de la asociación.

La ley especifica que se tiene que crear una comisión de revisión de exámenes integrada por especialistas en la asignatura. La reunión tiene que ser oficial. También levantar un acta, pero la asociación argumenta que nada de nada. “No justifican de manera objetiva un posible cambio de nota y no se tiene en cuenta la opinión del profesor de la asignatura. Aprueban a los alumnos sin ninguno de estos requisitos”. Es más, la APIA ha exigido a la Consejería de Educación conocer los integrantes de la comisión y que tendría que convocarse un concurso público. ¿La repuesta para no dar a conocer estos miembros? La Ley de Protección de Datos. “Es un fraude ley”, critica Guijarro.

El asunto ha llegado a los tribunales. La APIA está esperando el dictamen del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) tras una sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Granada, fechada el pasado 29 de junio, que rechaza la demanda de la asociación. En la apelación, a la que ha tenido acceso este diario, se denuncia el “secretismo” de la Consejería de Educación. Así lo explica: “Es tan absurdo como desconocer quiénes son los magistrados de la sala del TSJA que va a conocer el presente recurso. ¿Desconocer su identidad supondría una vulneración de la Ley de Protección de Datos? Todas las sentencias que son públicas y encabezadas por la composición del Tribunal vulnerarían la Ley de Protección de Datos. Y decimos que mi mandante debe conocer la identidad y cargo de los miembros de la comisión, no ningún dato de carácter personal”.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía califican esta praxis de la Junta de Andalucía como una “monumental estafa” a la sociedad para convertirla “en una lamentable guardería” en la que los intereses académicos son “ínfimos”. Las “comisiones secretas” que critica la APIA no devuelven, a su juicio, la “dignidad” a los profesores. “¿Cómo quieren que se mejore esa dignidad? ¿Humillándolos y enmendándoles la plana sin objetividad alguna, con comisiones secretas?”.

No sólo en las comisiones sin nombres se percibe la mano de la Consejería de Educación, dirigida por Mar Moreno, que fue la candidata favorita de Zapatero para suceder a Manuel Chaves en la Presidencia del Gobierno andaluz, para intentar rebajar la exigencia académica y que en los informes PISA y de la OCDE Andalucía no siga apareciendo en la cola de la estadísticas. El Gobierno andaluz está impulsando el llamado “Programa de calidad y mejora de rendimientos escolares", según la Orden del BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del 20 de febrero de 2008. Este programa ofrece a los centros de Primaria y Secundaria de la comunidad autónoma un incentivo a sus profesores de 7.000 euros a repartir en cuatro años.

“El plan intenta mejorar los resultados a costa de que haya más aprobados y bajar el nivel y en eso no estamos de acuerdo”, denuncia Miguel Hernández, delegado de APIA en Málaga. La asociación ofrece un dato: en Secundaria tan sólo se han apuntado el 20% de los centros de Andalucía. ¿Por qué a los profesores no les seduce esta iniciativa? “Porque sabemos”, explica Guijarro, “que es una manzana envenenada. Sabemos que es renunciar a nuestras condiciones de trabajo. Si firmo que tengo que mejorar los resultados, sea como sea, ya estoy vendido, ya no tengo horario, ni tengo derechos laborales. Entonces ya no puedo negarme a ninguna exigencia de la dirección del Centro y la inspección y de quién sea”.

El problema de este programa es interno. Hay presiones de compañeros de claustro para aprobar a alumnos porque si no el centro no recibe este complemento económico y tampoco los profesores. “Hay que cambiar la legislación y despolitizar la enseñanza”.