La Ley de Educación Catalana 'se merienda' la tercera hora de castellano

Los escolares catalanes asistirán a más clases de inglés que de castellano. Concretamente a tres semanales de lengua extranjera frente a dos de castellano. La obligación de una tercera hora que marca el real decreto sobre enseñanzas mínimas del Ministerio de Educación de 2006 queda sin efecto en el proyecto de la Ley de Educación de Catalunya (LEC) -consensuado por PSC, ERC y CiU y que en algunos puntos respalda ICV-, que este verano entrará en vigor.

El portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Cataluña, Rafael López, ha explicado a El Confidencial que reclamar esta tercera hora no es cuestión de defensa del castellano, “sino de principios pedagógicos básicos, de igualdad entre lenguas y de libertad de elección de los padres”.

Opina que la LEC es “una ley ultra-nacionalista en la que se nota la huella de CiU y Esquerra Republicana” y confiesa que sintió “cierta envidia al ver el martes a Patxi López porque en Euskadi los socialistas han entendido que hacía falta un pacto constitucionalista. Aquí la LEC no ha ampliado o desplegado la LOE sino el Estatuto, que nosotros consideramos anticonstitucional en lo referente a la Educación (art. 131), por ejemplo en que dice que la competencia para determinar el currículo la tiene la Generalitat y no el Estado, rompiendo así uno de los principios básicos donde se asienta una nación, con el establecimiento de un currículo homogéneo para todo el país”.

Según Rafael López, “la LEC se carga los pocos derechos y libertades lingüísticas que tienen actualmente los ciudadanos catalanes. Por ejemplo el artículo 11.1 dice que la lengua curricular tiene que ser el catalán y el artículo13.3 dice que, excepcionalmente, se podrán usar lenguas extranjeras como lenguas curriculares, siendo el castellano el único idioma que no puede ser curricular. Con la LEC en la mano sería ilegal impartir asignaturas que no sea lengua castellana en castellano. Es un tratamiento de prejuicios nacionalistas”.

Amén del idioma, hay otros aspectos que preocupan al grueso de población contraria a la LEC. “Los sindicatos me decían ayer miércoles que están muy preocupados sobre cómo queda la función pública docente en Cataluña; con la creación de nuevos cuerpos, con la anulación de la negociación colectiva, la falta de apoyo al profesor, sobre todo en que no va a tener autoridad moral, disciplinaria ni pedagógica. El problema de la promoción automática -porque en Cataluña puedes pasar toda la secundaria sin matemáticas-...”. Por todo ello, “no podemos apoyar una ley en contra de la cual está todo el profesorado de Cataluña. No podemos hacer una ley en contra de quienes la tienen que aplicar y sufrir las consecuencias como la LOE y la LOGSE”, apostilla. “Queremos una ley realista con el día a día de las aulas y que dé apoyo al profesorado (...) Este año pasado ha sido el más conflictivo en el ámbito educativo y no nos podemos permitir otro así”.

Sobre si el Ministro de Educación debería alzar la voz al respecto, López cree que “Ángel Gabilondo no se ha leído la ley (...) El PSOE se ha creído una de las máximas del Estatuto pero el ministro de Educación de España también lo es de los catalanes, aunque se piense que es competencia de la Generalitat conforme a la filosofía estatutaria”. Y opina que “hay una falta de idea de lo que es la Educación: los cambios de la Educación en España han supuesto que en poco más cuatro años haya habido tres ministros de educación, que se adjunte a política social y universidades y luego se quite... Gabilondo debe estar tomando medidas a la silla y entre sus prioridades no está la defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas españolas, vivan donde vivan”.

La LEC también tiene a los sindicatos en contra

Los cinco sindicatos estatales más representativos de la enseñanza también están en contra de la Ley de Educación Catalana. “Vamos a ser beligerantes con ella”, confiesa a El Confidencial el secretario general de enseñaza de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Eliseo Moreo. “La LEC no favorece a la enseñanza pública. Supone una vuelta atrás”, añade.

Consciente de que “liquidar la tercera hora de castellano no es legal”, opina que “el Ministerio de Educación debe recurrir la LEC porque todas las Comunidades Autónomas deben seguir la normativa estatal (...) Hemos hecho huelgas y manifestaciones pidiendo la dimisión del consejero de educación Ernest Maragall y seguiremos movilizándonos porque la escuela pública quedará muy perjudicada”.

Aparte de la polémica lingüística, ya que él considera que “no hay una persecución del castellano” y que los alumnos “salen conociendo los dos idiomas”, su homólogo de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), Augusto Serrano, opina que “los dos mayores problemas de la LEC son la privatización del sistema educativo -al plantear los conciertos en etapas no obligatorias como es el bachillerato- y la introducción de la gestión empresarial en la enseñanza -queriendo tirar abajo el trabajo en equipo-”. Según Serrano, “esta ley es consecuencia de la actual LOE, que también hay que modificar”.

Recursos y movilizaciones

Los representantes sindicales de enseñanza coinciden en que el ministro Ángel Gabilondo “todavía está aterrizando” y “hay que dejarle un poco de margen”, pero creen en que es el responsable de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad en todas las CC.AA. “Seguiremos movilizándonos”, advierten.

Por su parte, la oposición está analizando “si la LEC no se atiende a la constitución y al estatuto, y si se atiende al estatuto en aquellos puntos que consideramos inconstitucionales” y están “pendientes del informe jurídico de los servicios del partido” ya que “un recurso al Tribunal Constitucional se tiene que tomar desde el Congreso de los Diputados”, afirma López.

A un par de meses de la aprobación, el trámite de la nueva ley sigue hoy mismo su agenda. Como recuerda el portavoz del PP en el parlamento catalán, “esta tarde tenemos la comisión en la que se aprueba el dictamen, que se publicará el martes, y hay tres días para llevarlo al consultivo o al consejo de garantías estatutarias. Si algún grupo lleva la ley al primero habría un mes para deliberar y a partir de ese mes se seguiría el calendario. Si no se lleva al consultivo, a finales de mayo o principios de junio la ley entraría en pleno y por tanto se aprobaría, y si se lleva al consultivo, se aprobaría a principios de julio”, como él insiste, “con un consenso político pero sin consenso social”.