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La Ley de Igualdad provoca otro choque entre PSOE y PP a cuenta de las cuotas en política y empresas
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La Ley de Igualdad provoca otro choque entre PSOE y PP a cuenta de las cuotas en política y empresas

La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad supone el final de un proceso que comenzó hace poco más de un año con la presentación del

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La Ley de Igualdad provoca otro choque entre PSOE y PP a cuenta de las cuotas en política y empresas

La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad supone el final de un proceso que comenzó hace poco más de un año con la presentación del anteproyecto, un documento que desde un principio contó con la oposición de la patronal y el apoyo de los sindicatos y, en líneas generales, de todos los grupos políticos salvo el PP.

La Ley se aprueba con la polémica como telón de fondo. Las famosas ‘cuotas’ o el choque entre los intereses de la empresa privada y la pública suponen focos de confrontación a la hora de analizar la ley. Los expertos no se ponen de acuerdo para ver hasta qué punto la norma es aplicable y si ésta no lleva implícita una discriminación positiva, es decir, si la obligatoria paridad pueda acarrear la colocación forzada de personal femenino no capacitado. Mientras que para sindicatos y ciertos grupos políticos la norma supone un gran paso para acabar con las situaciones discriminatorias, otros como el PP la tachan de favorecer a las elites.

Las empresas privadas velan por sus intereses

La CEOE se mostró contraria a las medidas que obligaban a las empresas de más de 250 trabajadores a establecer planes de igualdad dentro de la negociación colectiva así como a la paridad en los consejos de administración de las grandes compañías. Asimismo, consideró que la Ley conlleva dificultades organizativas y de gestión derivadas de un régimen de permisos y excedencias adicionales a los existentes.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), Jesús Terciado afirma que "el ámbito público no es igual que el privado" y "en las empresas, aunque se fomente la igualdad, manda el capital y hablar de paridad en los consejos de administración es una intromisión con la que los empresarios no pueden estar de acuerdo".

No obstante, consideró "favorable" la Ley de Igualdad ya que "la incorporación de la mujer al trabajo y al autoempleo genera un mayor dinamismo empresarial". Más o menos viene a decir algo así como que está muy bien que la mujer trabaje siempre y cuando no se vean afectados mis intereses.

Paridad en las listas electorales y permiso de paternidad

La Ley de Igualdad modifica la Ley Electoral de manera que los partidos tendrán que presentar listas en los municipios de más de 5.000 habitantes de forma que ninguna tenga menos del 40% de mujeres en cada tramo de cinco puestos. El Gobierno aprobó el proyecto de Ley el 23 de junio de 2006 en el que, a petición del Consejo de Estado, se aumentaba de cuatro a ocho años el plazo de las grandes empresas para alcanzar el 40% de mujeres en sus consejos de administración. Un aspecto “intocable” según aseveró ayer el ministro Caldera.

Al tener que respetarse la paridad en las listas electorales cabe plantearse el hecho de que los candidatos/as puedan pasar a formar parte de dichas listas a modo de relleno, sin que el reconocimiento o escalada profesional responda a aptitudes o méritos propios.

La ley establece también el permiso de paternidad de quince días, que será de un mes en el plazo de seis años. El permiso de maternidad se amplía en dos semanas en el caso de un hijo discapacitado y se establece el derecho de acumular las horas de lactancia, periodos que podrá tomar cualquiera de los dos progenitores. IU-ICV pidió la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas y la paternidad a cuatro semanas, mientras CiU pretendía también las cuatro semanas para los padres y seis meses para las madres.

Una de las modificaciones introducidas en la ponencia fue la ampliación del permiso de maternidad para niños prematuros tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, hasta un máximo de trece semanas, a propuesta de CiU y Entesa.

La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad supone el final de un proceso que comenzó hace poco más de un año con la presentación del anteproyecto, un documento que desde un principio contó con la oposición de la patronal y el apoyo de los sindicatos y, en líneas generales, de todos los grupos políticos salvo el PP.