El Gobierno aprueba el proyecto de Ley del Estatuto de los funcionarios

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que afectará a 2,5 millones de empleados públicos y que cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF. Tras su aprobación el Gobierno ha remitido el proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria, proceso en el que, según aseguró hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, contará con el apoyo suficiente para salir adelante.

En concreto, recordó que ERC, CiU y PNV han suscrito ya acuerdos de apoyo con el Gobierno, mientras que IU ha mostrado su opinión favorable de forma verbal. Sevilla confió también en que en el trámite parlamentario, el PP, que de momento rechaza el texto, se sume al proyecto. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció además que el Estatuto incluye medidas para que se reserve, previsiblemente, un cupo del dos por ciento a las personas discapacitadas, así como un proceso de progresiva equiparación numérica entre los trabajadores de ambos sexos.

La vicepresidenta del Gobierno afirmó además que el texto facilitará la transparencia de la Administración, ya que a partir de ahora, ésta hará públicas todas sus estadísticas.

Para Sevilla, la nueva norma, "que está siendo muy valorada por los empleados públicos", mejorará sus condiciones de trabajo, modernizará la Administración y logrará unos servicios públicos de calidad. Así, consideró que, con la aprobación del Estatuto, el Gobierno ha dado un "paso importante" para tener una Administración "más moderna, preparada y eficaz", en la que, recordó, el mérito y la capacidad "no sean sólo criterios profesionales para entrar en ella, sino que permitan hacer carrera".

Recordó también que, dentro de las medidas para impulsar la Administración Electrónica, esta Ley es "especialmente importante" porque "evita el riesgo de que ante su ausencia", las comunidades autónomas legislen de forma individual y diferencien las condiciones de los empleados públicos en todo el país.

El Estatuto, por tanto, será un modelo homogéneo para los 2,5 millones de empleados públicos que existen en España, aunque se podrá articular y adecuar posteriormente a las necesidades de cada comunidad autónoma. Además, fija unas normas y derechos básicos para todos los empleados públicos, como el derecho a la negociación colectiva, una nueva estructura retributiva (ligada a la productividad y los rendimientos), nuevos modelos de promoción profesional, mejora las normas de acceso y la formación, e incluye medidas para reducir la temporalidad.

En concreto, según el titular de Administraciones Públicas, en un plazo "no muy lejano a los cinco años", la temporalidad entre los empleados de la Administración se situará por debajo del diez por ciento. Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada administración.

El proyecto de ley también propone la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión. Además, las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos también cambian, ya que a las pruebas tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.

Asimismo, el Estatuto recoge la creación de un Código de Conducta, de obligada aplicación, que regulará los derechos y deberes de los empleados públicos.