El Gobierno socialista de Suecia cae tras intentar suspender el control de alquileres

El Parlamento sueco tumbó este lunes mediante una moción de censura el Gobierno dirigido por el socialdemócrata Stefan Löfven. Con 181 votos a favor de la moción, 109 en contra y 51 abstenciones, una extraña unión de fuerzas compuesta por los partidos de derecha y la formación más izquierdista provocó la caída del Ejecutivo de centroizquierda. ¿La razón del descalabro del Ejecutivo? Un proyecto de ley que buscaba suspender la regulación de los precios del alquiler, vigente en Suecia desde hace décadas, en pisos de obra nueva.

La moción, la primera que pierde un jefe de Gobierno sueco en ejercicio en la historia, fue desencadenada por el órdago del Partido de la Izquierda, que originalmente ofreció al Gobierno un plazo de 48 horas para que "reconsiderara" el nuevo proyecto de ley. Esta formación, herencia del partido comunista sueco, no formaba parte de la coalición gubernamental de socialdemócratas y verdes, pero facilitó la investidura de Löfven en 2019 con su abstención y apoyaba al Gobierno desde el exterior. "El Partido de la Izquierda ya no tiene confianza en el primer ministro sueco", había advertido el jueves su líder, Nooshi Dadgostar.

El primer ministro tiene ahora una semana para elegir entre dos opciones: convocar elecciones anticipadas o renunciar y dar paso al presidente del Parlamento para que abra las negociaciones para formar un Gobierno alternativo. Sea cual sea la solución, tendrá una vigencia relativamente corta, ya que las elecciones nacionales están marcadas para septiembre del año que viene y, según la Constitución sueca, unas elecciones anticipadas no eximen de celebrar los comicios ordinarios cada cuatro años.

TE PUEDE INTERESAR

Alquiler o presidencia: la ley que regula los precios pone en jaque al Gobierno sueco

Nuria Vila. Malmö (Suecia)

Fuerzas de izquierda y derecha

La desregularización del alquiler era una de las líneas rojas para el Partido de la Izquierda, que se había comprometido a hacer caer al Gobierno si la traspasaba. Pero el Ejecutivo argumentaba que la reforma está incluida en el denominado 'Acuerdo de Enero', firmado en 2019 con el Partido de Centro y los Liberales para hacer posible la investidura de Löfven.

Pasado el plazo del ultimátum, el Partido de Izquierda anunció la retirada de su apoyo y la intención de presentar una moción de censura. Sin embargo, no podía hacerlo en solitario, porque no tiene suficientes diputados. Lo que pasó entonces fue que el partido populista y xenófobo, Demócratas de Suecia —también contrario a la desregularización de los alquileres—, presentó su propia moción, a la que se unieron los otros dos partidos de derechas, Conservadores y Democristianos, a pesar de que ambos son favorables a la reforma.

TE PUEDE INTERESAR

Un 'filtro austríaco' para la foto de Colón: así hemos normalizado a la ultraderecha europea

Enrique Andrés Pretel Gráficos: María Zuil

“Lo que estamos haciendo hoy no lo hacemos a la ligera. Hemos hecho todo lo posible para resolver la situación. Pero después de que nadie (del Gobierno) contribuyera a encontrar una solución, hemos terminado aquí, en línea con lo que prometimos”, afirmó Dadgostar en un discurso ante el Parlamento antes de la votación.

Paradójicamente, la moción de censura podría derivar en la formación de un Gobierno alternativo de derechas, la peor pesadilla para el Partido de la Izquierda. Según algunos analistas suecos, la formación habría preferido dar este paso para dejar claro su mensaje de que no da vía libre a los socialdemócratas para hacer lo que quieran y dirigirse a los votantes más izquierdistas del partido de Löfven.

La reforma de la discordia

Con la legislación sueca actual, los propietarios no pueden fijar el precio que les plazca, sino que deben negociarlo con la Asociación Sueca de Inquilinos (Hyresgästföreningen). La reforma impulsada por el Gobierno propone liberalizar los alquileres, aunque solo en las viviendas de nueva construcción, de manera que los dueños puedan establecer uno acorde con el precio de mercado. Actualmente, el precio depende del denominado 'valor de utilidad', que se calcula en función de las características de la vivienda y su localización.

Con la ley que ha acabado por tumbar al Ejecutivo, además de que el propietario no estaría atado a esa negociación del 'valor de utilidad', también podría subir el alquiler anualmente según la inflación y aumentarlo significativamente en caso de que se produzca algún cambio importante, como, por ejemplo, si el barrio mejora con una nueva estación de transporte público.

El argumento de quienes defienden la desregularización de los alquileres es que el límite en los precios ahuyenta la construcción de nuevas viviendas, especialmente de pisos pequeños porque son menos rentables. Además, el crecimiento de la población, especialmente en las ciudades, ha conducido a una importante escasez de vivienda. Las colas para obtener un contrato de alquiler de primera mano pueden alargarse durante años (en Estocolmo superan los 10 años), lo que supone que muchos inquilinos acaban viviendo en pisos con alquileres de segunda mano (subalquilados). Esta práctica es legal y supuestamente también está regulada, pero la alta demanda hace que estas viviendas suelan alquilarse por precios muy superiores, con un beneficio para los primeros inquilinos.

Los partidos de centro y de derecha argumentan que liberalizar el alquiler estimulará la construcción de vivienda y contribuirá a reducir la escasez actual. Pero los críticos, como el Partido de la Izquierda y la Asociación Sueca de Inquilinos, alertan de que dejará a los inquilinos desprotegidos. Aseguran, además, que supone el primer paso para la desregularización del alquiler en general, aunque el Gobierno ha insistido en que la reforma afectará solo a las viviendas de nueva construcción, que suponen el 1% de los nuevos contratos de alquiler firmados cada año en Suecia.