En este cementerio, las lápidas son para los fetos abortados y un "castigo" a las mujeres

La tierra es de color marrón canela, salpicada por matojos desordenados de hierbas salvajes comunes en los prados de Roma. En fila están las cruces torcidas, de blanco sucio, de tamaño casi idéntico y colocadas a una distancia similar. Algunas cuentan con un pequeño rótulo, con fechas, apellidos y nombres femeninos. Parecen las parcelas de un cementerio común, tal vez algo decaído. Nada hace prever que aquella sea una necrópolis de restos de fetos abortados y que muchos de esos letreros han sido puestos allí sin el consentimiento de las mujeres involucradas, algunas de ellas empujadas a la decisión de abortar por cuestiones de salud.

“Son varias las cruces con los nombres de mujeres vivas que abortaron en el cementerio Flaminio de Roma. Están en las parcelas 108, 102, 91, 91bis… Algunas incluso llevan las fechas del periodo del confinamiento”, cuenta Elisa Ercoli, presidente de Differenza Donna, una ONG que es parte de una red europea que promueve los derechos de las mujeres. “Nos contactaron unas 130 mujeres, también algunas católicas. Así nos enteramos”, continúa. “Pero aún no sabemos quién lo ha hecho”, añade, al puntualizar el dolor que este descubrimiento supuso para las involucradas.

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El caso ha generado gran polémica en Italia y ha vuelto a poner sobre la mesa la dolorosa disputa sobre la ley 194, que desde 1978 permite a las italianas interrumpir su embarazo en un centro sanitario durante los primeros 90 días de gestación y hasta el cuarto y quinto mes por razones de salud. Desde su aprobación, ha recibido continuos ataques de grupos de católicos conservadores, pero últimamente se está convirtiendo cada vez más en un tema estrella de políticos y administradores pertenecientes o cercanos a la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.

La pandemia no ha mejorado la situación. Al revés. Con los hospitales saturados por la emergencia del covid-19, muchos dejaron los abortos en segundo plano, según han denunciado colectivos de mujeres. “Algunas mujeres del norte de Italia incluso se vieron obligadas a tener que viajar, en pleno confinamiento, hacia el centro y sur del país para poder efectuar la operación en el tiempo previsto por la ley”, cuenta la ginecóloga Silvana Agatone, presidente de la Asociación Laiga.

El asunto remite también al enredo de siempre en Italia: el altísimo número de profesionales de la Salud que ejercen la objeción de conciencia (médicos y sanitarios que se niegan a practicar al aborto por cuestiones de conciencia, regulado por la ley), poniendo así en entredicho el acceso a este derecho en el país. “Es una realidad que está creciendo. Hay estructuras en las que hasta el 95% del personal es objetor de conciencia, eso implica tener que esperar hasta 20 horas para que alguien te atienda”, afirma Ercoli.

“Roma, por ejemplo, es la única ciudad de toda la región del Lacio donde hay centros, cinco, en los que se puede acceder al aborto terapéutico (los que se hacen después de la 12 semana, si el feto presenta graves malformaciones o hay riesgo de vida)”, añade Agatone.

¿Objetores de conciencia o por interés?

La novedad, cuenta esta experta, es que detrás de estas altas cuotas de objetores no habría solo reservas éticas. “En los hospitales, hay un número creciente de jefes de departamentos que proceden de universidades católicas, por lo que si no eres un objetor de conciencia no avanzas en tu carrera profesional”, afirma la doctora. De acuerdo al último informe del ministerio de Salud italiano, en la que se citan datos de 2018, el 69% de los ginecólogos, el 46,3% de los anestesiólogos y el 42,2% de los sanitarios son objetores de conciencia.

Cuanto más alto es el porcentaje de médicos objetores, más se ralentiza el acceso al aborto, una práctica que, además, solo se ejercita en 362 de los 558 centros italianos con unidades de ginecología que hay en Italia. En el Lacio, región de Roma, el 74,5% de los 247 ginecólogos registrados son objetores. En Calabria (sur), el 72,3%. En la comunidad autónoma de Bolzano (norte), el 87,2%. En Molise, el 92,3%. En Apulia, el 82,3%. En Toscana, el 58,1%. En Cerdeña, el 57,7%.

El 69% de los ginecólogos, el 46,3% de los anestesiólogos y el 42,2% de los sanitarios son objetores de conciencia en el tema del aborto

Con esto como punto de partida y la pandemia que ha complicado aún más el funcionamiento del sistema sanitario —en particular, en lo que concierne patologías no relacionadas con el covid-19—, el actual ministro de Salud, Roberto Speranza, decidió en las pasadas semanas tomar cartas en el asunto, tras años en los que otros ministros decidieran evitar un tema que atrae a muchos enemigos. En agosto, firmó una circular para ampliar de 7 a 9 semanas la posibilidad de recurrir al aborto farmacológico (con la píldora de mifepristona y prostaglandinas) en un "centro de día", sin necesidad de que las pacientes sean obligatoriamente ingresadas en un hospital y con la posibilidad de ser atendidas remotamente, por teléfono.

La reacción de las asociaciones antiabortistas fue inmediata. La Junta de la región de Piamonte, gobernada por el centroderecha, protestó abiertamente y avisó que no seguirá integralmente las nuevas indicaciones del ministerio. Asimismo, el Pontificio Consejo para la Familia, la institución del Vaticano encargada de estos temas, criticó una decisión que confina “en la esfera privada un gesto de gran importancia emocional, social y moral”.

Herida abierta

Los colectivos de mujeres, sin embargo, tampoco han aflojado en su lucha. En el caso del cementerio Flaminio de Roma, la asociación Differenza Donna ha emprendido una acción judicial dirigiéndose a la Fiscalía de Roma, para pedir que se aclare quién ha autorizado y es responsable por haber sepultado a fetos identificándolos con el nombre de las madres, cuenta Ercoli. Los posibles delitos cometidos por los responsables que se barajan son violación de los derechos de las mujeres establecidos por la ley 194, violación de la ley de privacidad y revelación de documentos secretos por parte de personas vinculadas al Estado.

Además, la autoridad italiana de protección de datos ha abierto una investigación y está indagando sobre lo ocurrido en el hospital San Camillo de Roma, después de que una de las primeras denunciantes informara que allí se llevó a cabo su aborto terapéutico. A la denuncia de la mujer, quien posteriormente dijo haber encontrado una tumba de un feto con su nombre en el cementerio romano, se han sumado otros casos.

Cada día se conocen nuevos casos de mujeres afectadas. La última ha sido una mujer de Brescia (norte) quien también encontró su apellido en una tumba colocada en el cementerio Ventiniano de esta ciudad del norte de Italia, al que acudió tras conocer el caso de las mujeres romanas. La denuncia inicial de la primera mujer -identificada como "Marta"- ha tenido un tremendo eco mediático en Italia. En el momento de la redacción de este artículo, su ‘post’ de Facebook había sido compartido más de 11.000 veces y tenía 17.000 impresiones, la mayoría de apoyo. “Es la cosa más violenta e inhumana que se pueda hacer a una mujer en esa condición”, le escribió un usuario.

50 cementerios

Jennifer Guerra es una periodista que trabaja para el diario digital The Vision y desde tiempo investiga sobre las andanzas del universo de las asociaciones antiabortistas que operan en Italia. Explica que en Italia hay al menos 50 cementerios de fetos abortados y que el primero surgió en el año 2000. "Una de las principales organizaciones que recoge los fetos y los entierra es la católica 'Difendere la vita con Maria' (Defender la vida con María). Pero no es la única. También existen otras, como el movimiento Armata Bianca (Armada blanca, fundada en 1973 por el fraile Andrea D'Ascanio)", detalla Guerra.

Defender la vida con María, que tiene unos 3.000 miembros en 19 regiones italianas y nació en Novara (norte), incluso tiene una página en Facebook en la que incluso se muestran imágenes de ceremonias de entierro. Hasta la fecha, reivindican, se habrían sepultado más de 300.000 fetos abortados, también gracias a algunos acuerdos con hospitales italianos. Su presidente es el sacerdote Maurizio Gagliardini quien, si bien ha negado estar detrás de la iniciativa romana de identificar los fetos sepultados con los nombres de las madres, cree que no deben ser tratados como “basura”.

El caso del cementerio romano es un enredo jurídico. Porque sepultar a fetos no viola las leyes italianas sobre los entierros. Por el contrario, la ley italiana establece que después de la 20 semana los fetos deban ser enterrados, mientras que, para los fetos de edad inferior, las circulares sobre el asunto no son completamente claras, aunque exista un decreto, el 254 de 2003, según el cual las partes “anatómicas no reconocibles” deben destruirse como "desechos hospitalarios especiales".

Organizaciones como Defender la vida con María dicen no hacer distinciones de este tipo, pues consideran que la vida empieza desde el momento de la concepción, y que por ello también son merecedoras de entierros, por ejemplo, partes amputadas.