Alerta roja en Bruselas: temor ante la posible deportación de comunitarios tras el Brexit

El Brexit ni siquiera se ha materializado. Quedan aún tres semanas para el que el Reino Unido abandone oficialmente la Unión Europea. Y, sin embargo, en el Parlamento Europeo existe ya una "grave preocupación" por la actitud del Gobierno de Boris Johnson hacia los 3,3 millones de comunitarios residentes en suelo británico, tras las amenazas de deportación realizadas por el secretario de Estado de Seguridad, Brandon Lewis.

El que fuera presidente del Partido Conservador —y quien en los últimos meses jugó un papel clave en el equipo que Johnson creó para los preparativos de un posible divorcio sin acuerdo— advirtió de que los ciudadanos de la UE que no hayan solicitado el llamado 'EU Settlement Scheme' (plan de asentamiento) para el 30 de junio de 2021 serán expulsados del país.

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Lewis señala ahora que sus palabras han sido "malinterpretadas". Pero en una resolución redactada por los principales grupos políticos del Parlamento Europeo, que debe ser respaldada por los eurodiputados el próximo miércoles, se acusa al Ejecutivo británico de crear "ansiedad".

El texto, publicado en exclusiva este miércoles por 'The Guardian', pide que el procedimiento de 'EU Settlement Scheme' se descarte tal y como está ahora planteado, ya que los comunitarios residentes por más de cinco años tienen que tener garantizados de por sí sus derechos, es decir, no deben estar sujetos a una aprobación de las autoridades.

Discriminación contra los europeos

Asimismo, el documento denuncia, entre otros, que sin una "prueba física" de "permiso de asentamiento" existe un mayor “riesgo de discriminación contra los ciudadanos de la UE por parte de posibles empleadores o caseros” y advierte además de que la asistencia ofrecida por el Ejecutivo británico para ayudar a realizar los trámites a personas "mayores y vulnerables" es "limitada".

Por último, tacha de "preocupante" la decisión de Johnson de revisar el proyecto de Ley del Brexit —que actualmente se tramita en la Cámara de los Comunes, donde goza de una amplia mayoría absoluta— para permitir que la autoridad de supervisión independiente, responsable de supervisar las políticas del Reino Unido hacia los ciudadanos de la UE, delegue sus poderes en otros organismos.

En una entrevista con El Confidencial, Monique Hawkins, una de las portavoces del grupo 3 Million —que vela por que los comunitarios residentes mantengan sus derechos— ya advertía de que “muchos serán inmigrantes ilegales tras el Brexit y aún no lo saben”.

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"Una de nuestras principales demandas es que esto no sea una petición que pueda ser aceptada o denegada por un Gobierno. Esto no tendría que plantearse como un sistema de solicitud. Tendría que ser simplemente un registro. Lo que queremos es que nuestros derechos queden protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna petición. ¿Qué va a pasar con aquellos que, por diferentes motivos, no soliciten el 'EU Settlement Scheme' a tiempo? Quedarán como inmigrantes ilegales, sin derecho a poder trabajar, recibir atención sanitaria, sin derecho a poder alquilar una vivienda… Es muy grave", recalcaba.

Johnson logró cerrar a finales del año pasado un acuerdo de divorcio con la UE. Eso significa que, tras el 31 de enero —cuando el Reino Unido salga oficialmente del bloque—, comenzará un periodo de transición hasta finales de 2020 donde en la práctica todo será igual. El Reino Unido continuará como miembro de la unión aduanera y el mercado único —con la libertad de movimiento que eso supone— mientras Londres y Bruselas negocian las futuras relaciones.

No obstante, en marzo de 2019, el Gobierno británico ya presentó el 'EU Settlement Scheme' para que los comunitarios que lleven cinco o más años residiendo en el país puedan ir ya solicitando el estatus que garantiza sus derechos, entre otros, el acceso a atención médica. Aquellos que llevan menos tiempo pueden pedir el 'pre-estatus', lo que les permite quedarse por cinco años en el país y solicitar, cuando cumplan ya en lustro, el 'estatus de asentamiento'.

El proceso se realiza 'online' desde cualquier dispositivo y aunque en un principio había que pagar 65 libras, gracias a la campaña del grupo 3 Million, ahora es gratuito y se ha devuelto el dinero a aquellos que en su día pagaron la tarifa. No obstante, la aprobación tan solo llega a través de un 'e-mail'. No hay ningún documento físico con el que poder demostrar que ya tienes el trámite realizado, cuestión que ya denunció en su día 3 Million y sobre la que ahora el Parlamento Europeo muestra su preocupación.

Respuesta europea

El jefe negociador de la UE, Michel Barnier, ha mandado una carta al ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, donde se hace eco de los temores de los eurodiputados. La misiva no se ha hecho pública, pero 'The Guardian' publica ahora sus detalles. Barclay responde defendiendo el programa del Reino Unido y solicita actualizaciones sobre los procedimientos que ahora deben desarrollar los diferentes miembros del bloque para garantizar los derechos de los británicos que viven repartidos en la UE y que, con el Brexit, se enfrentan también ahora a una situación de incertidumbre.

Las informaciones salen a la luz coincidiendo este miércoles con la visita a Londres de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se reunirá por primera vez con el primer ministro británico.

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Ambos calentarán motores de cara a las aún más arduas negociaciones que deben definir ahora las futuras relaciones entre el Reino Unido y el bloque tras la retirada. Johnson no quiere extender el periodo de transición más allá de finales de 2020. Pero Bruselas considera poco realista que se pueda cerrar un pacto comercial en tan solo 11 meses, sobre todo si se aspira a una relación comercial "sin aranceles, cuotas o competencia desleal".