Cómo el país de la eterna primavera ha llegado al borde de la autocracia

A Guatemala se la conoce como el país de la eterna primavera por las privilegiadas temperaturas de las que goza su territorio durante todo el año. Una placidez que, desgraciadamente para los guatemaltecos, hace tiempo que desapareció de su clima político.

Un juzgado del país centroamericano suspendió este 12 de julio, por orden de la muy cuestionada Fiscalía, al partido Movimiento Semilla del candidato presidencial Bernardo Arévalo, visto por parte importante de la ciudadanía como la única oposición verdadera al establishment del país. El movimiento fue abortado finalmente por la Corte Constitucional, a apenas un mes de la celebración de la segunda vuelta electoral, en la que el exdiplomático se enfrentará a la también centrista ex primera dama, Sandra Torres.

TE PUEDE INTERESAR

El presidente de Guatemala sale ileso tras un ataque armado a su comitiva

Europa Press

La noticia generó un nuevo terremoto político en Centroamérica. "Es una acción desesperada de un grupo político criminal que se da cuenta de que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político", ha declarado Arévalo en reacción a la orden judicial. Calificando como un "golpe de Estado técnico" la acción del Ministerio Público (la Fiscalía guatemalteca) que fue justificada con el supuesto registro de firmas falsas en el proceso de creación del Movimiento Semilla.

Estados Unidos, que lleva años denunciando la corrupción en el país centroamericano, denunció inmediatamente las "continuas amenazas a la integridad y la credibilidad de las elecciones en Guatemala". Washington incluso fue más allá, comparando la situación con la de países que no califica como democracias. "Como hemos señalado en el pasado con respecto a Venezuela y Nicaragua, lo que está sucediendo en Guatemala nos afecta a todos. Ese intento de silenciar las voces del pueblo guatemalteco que merece elegir a sus propios líderes es un momento para que todos redoblemos nuestro compromiso sagrado con la democracia", reclamó Frank O. Mora, embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La crisis se produce después de que, durante años, numerosos fiscales que investigan hechos corruptos, periodistas y activistas de la sociedad civil hayan salido del país, exiliados, por amenazas o miedo. Varias organizaciones han hecho hincapié en el último lustro en la pérdida de independencia del poder judicial y el acoso a quien ejerce la crítica.

La dimisión de Pérez Molina

¿Cómo ha llegado el país a la explosiva situación actual? Un punto de quiebre fueron las grandes protestas que estallaron en 2015 contra el Gobierno de Otto Pérez Molina. El mandatario finalmente dimitió y se encuentra actualmente en prisión por una causa de corrupción.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas, y creado en 2006 a petición de las propias autoridades guatemaltecas de la época, había aireado durante meses, con el apoyo de la entonces fiscal general, Thelma Aldana, numerosos casos de corrupción que implicaban a la Administración de Pérez Molina y también a líderes anteriores y gobiernos regionales.

* Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí

Esas dos figuras fueron clave también en el posterior Gobierno de Jimmy Morales, un actor y productor guatemalteco que gobernó el país entre 2016 y 2020 y que hizo una agresiva campaña contra la corrupción.

La guerra contra Cicig

Poco después del inicio de su mandato, Morales viajó a la ONU para pedir la ampliación del mandato de la Cicig hasta septiembre de 2019 por su "excelente desempeño en conjunto con las instituciones de justicia guatemaltecas, donde se han logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción".

El idilio no duró mucho. En 2017 comenzó una investigación contra el presidente por financiación electoral ilícita, que acabaría con su hermano y su hijo presos por corrupción. Poco después Morales declaró "persona non grata" en el país a Iván Velásquez, expresidente de la Cicig, y actual ministro de Defensa de Colombia, y acabó por no renovar el mandato de la Comisión Internacional, que finalizó en 2019.

El máximo mandatario del país centroamericano evitó el proceso en su contra, después de que la Corte Suprema hubiese aceptado iniciar el antejuicio, al mantener su inmunidad como líder guatemalteco, con los votos de la mayoría de congresistas. Tanto Velásquez como la fiscal general Aldana habían presentado, en abril de 2018, una segunda investigación por el caso que involucraba a Morales.

TE PUEDE INTERESAR

El expresidente de Guatemala Pérez Molina, procesado por corrupción

El Confidencial

Un mes después, Aldana dejó su cargo en la fiscalía y, en 2019, anunció su postulación a la presidencia en las elecciones de mediados de 2019 por el Movimiento Semilla, una formación que había nacido al calor de las protestas contra el expresidente Pérez Molina. Se presentó como una candidata de derecha pero con tintes progresistas y su postulación fue celebrada por parte importante de quienes censuran la corrupción crónica en el país.

Finalmente, no pudo presentarse a aquellas elecciones. El tribunal electoral rechazó su inscripción después de haber sido acusada de crear plazas ficticias en la Fiscalía durante su gestión. Después la Justicia emitió una segunda orden de captura por el supuesto sobrecoste de un edificio del Ministerio Público. Aldana, que ya había salido del país en 2019, se refugió en 2020 en EEUU, donde continúa, negando todos los cargos y asegurando ser víctima de una persecución política.

Washington apunta a la Fiscalía

La prohibición de postulación de Aldana, junto a la de la todavía candidata Torres, en 2011, fue una de las primeras intervenciones críticas de la Justicia guatemalteca en unas elecciones en los últimos años convulsos del país. Los comicios de 2020 los acabó ganando el médico y político conservador, Alejandro Giammattei. Durante su Gobierno creció el número de fiscales, jueces y periodistas que se exiliaron del país señalando persecución por denunciar hechos corruptos.

La Fiscalía guatemalteca ha sido especialmente señalada por EEUU y diversas organizaciones, que señalan su falta de independencia

La Fiscalía guatemalteca ha sido especialmente señalada por EEUU y diversas organizaciones, que señalan su falta de independencia. Esa institución es acusada de archivar denuncias de corrupción de diversos círculos de interés, algunos cercanos a Giammatei, y de difamar y perseguir a juristas que trabajan en casos que tienen que ver con el Gobierno.

Dos de sus dirigentes, la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, fueron acusados desde 2021 por el departamento de Estado de EEUU como responsables de la corrupción institucional de Guatemala. Porras fue sancionada en 2021 y Curruchiche fue incluido en la lista Engel que maneja Washington y en la que se incluyen a "actores corruptos y antidemocráticos". EEUU considera que este segundo fiscal ataca a activistas anticorrupción.

En noviembre de 2020 parte de la presión estalló, y una sección del Congreso fue incendiada durante una marcha estudiantil contra la corrupción y la opaca aprobación del presupuesto estatal de 2021 en mitad de la pandemia.

Inhabilitación de tres opositores

El actual proceso electoral ha acabado por llenar la garrafa de la tensión social, que podría acabar rompiéndose. La Justicia guatemalteca agitó las aguas en las semanas previas a la primera vuelta, celebrada el 25 de junio, prohibiendo, con diferentes argumentos, la participación de tres candidatos, de distinto signo político —desde izquierda indigenista hasta derecha populista— pero vistos por la ciudadanía como ajenos al establishment guatemalteco. Los tres lideraban las encuestas, o estaban muy cerca de hacerlo, en el momento de su inhabilitación.

Inesperadamente, según analistas, parte importante del voto protesta que iba a ir dirigido a los candidatos inhabilitados fue a parar a la candidatura de Arévalo, después de que el candidato del Movimiento Semilla, hijo de un expresidente reformista de mitad de siglo XX, registrase unos muy pobres números en las encuestas, en las que alcanzaba apenas el 5% de los votos tras de años de discrepancias internas en el partido.

TE PUEDE INTERESAR

Exmilitares asaltan el Congreso de Guatemala para exigir compensaciones

EFE

El candidato socialdemócrata consiguió finalmente el 11,8% de los votos. Ese registro le bastó para pasar a la segunda vuelta debido al muy fragmentado panorama electoral en Guatemala. Su rival es la ex primera dama Torres, que registró un 15,9% de los sufragios y se ha acercado a posiciones más conservadoras con los años, partiendo desde la centroizquierda. Torres perdió en los dos comicios presidenciales anteriores.

Poco después del primer turno, iniciaron los problemas para Semilla, que hasta entonces no había estado en el radar de los fiscales o jueces señalados por corrupción por EEUU. El 30 de junio un total de nueve partidos, con la formación Vamos del presidente Giammattei a la cabeza, denunciaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) supuestos vicios e inconsistencias en los resultados de las votaciones, que provocó un nuevo escrutinio de las listas votadas.

Ese mismo tribunal desestimó la petición el pasado 12 de julio, aseverando que no se habían encontrado grandes diferencias y confirmando a Torres y Arévalo para la segunda vuelta. Fue entonces cuando la situación estalló. El fiscal Curruchiche apareció en televisión, casi al mismo tiempo en que el TSE confirmaba los resultados de la primera vuelta, para anunciar que la Fiscalía había pedido la suspensión política del Movimiento Semilla por la presunta falsificación de miles de firmas que habían avalado la creación de la formación.

Esa suspensión fue firmada por el Juzgado Séptimo Penal. La sala había decretado anteriormente la prisión para el periodista José Rubén Zamora, que ingresó por primera vez a la cárcel cinco días después de criticar al círculo de Giammattei y cuyo caso ha provocado la salida del país de varios informadores y el cierre de El Periódico, diario dirigido por el propio periodista encarcelado. EEUU sancionó a mediados de julio a Cinthia Monterroso, la fiscal que acusó a Zamora por un supuesto delito de lavado de dinero que la oposición guatemalteca considera persecución política.

Acusaciones de golpe de Estado

Un grupo de organizaciones sociales influyentes denunció inmediatamente, a través de un comunicado, el intento de un "golpe electoral" similar a un "golpe de Estado" y desde EEUU llegaron fuertes señalamientos contra las autoridades guatemaltecas. La misión electoral de la UE también reclamó el "cese de la judicialización de las elecciones", mientras sectores adeptos al Gobierno calificaron la acción como un proceso legal que busca garantizar la integridad del proceso electoral.

La Fiscalía llegó a allanar la sede del TSE en búsqueda de pruebas contra Semilla. Llegaron con pasamontañas, como en operaciones realizadas contra el narcotráfico. Finalmente, la Corte Constitucional dio marcha atrás y suspendió la orden de la Fiscalía y amparó al Movimiento Semilla para que se presente a la segunda vuelta. Pero casi nadie en Guatemala descarta nuevas acciones de la Fiscalía contra la formación.

La Corte Constitucional dio marcha atrás, suspendió la orden de la Fiscalía y amparó al Movimiento Semilla para la segunda vuelta

De hecho, la sección del Ministerio Público capitaneada por Curruchiche adelantó recientemente una investigación contra el funcionario electoral que desobedeció la orden para cancelar a Semilla, y ordenó la captura de dos exmiembros de esa formación supuestamente vinculados a las firmas irregulares. Todo apunta, en cualquier caso, y debido a la gran presión internacional, a que Semilla concurrirá a las elecciones. Parte de los expertos ven a la formación socialdemócrata como favorita, pero muchos consideran asimismo muy fuerte a Torres —canceló su campaña hasta que se resolviera la situación de su rival— especialmente en áreas rurales, donde, como primera dama, ejecutó programas sociales apoyados por una parte amplia de la población.

La crisis tiene, además, repercusiones en otros países de la región. Giammattei y el presidente colombiano, Gustavo Petro, tuvieron un duro intercambio dialéctico hace unas semanas, cuando Guatemala insinuó el inicio de acciones legales contra Velásquez, ministro de Defensa de Colombia y expresidente de la Cicig. El desarrollo democrático de los países del norte de Centroamérica en su conjunto se ha convertido en una preocupación para todo el continente.