Florida, el laboratorio republicano del "cementerio 'woke" y la "guerra cultural"

Cuando ese término extraño, woke, se escapó de los círculos progresistas y entró de lleno en la corriente sanguínea de la opinión pública norteamericana, allá por 2020, los políticos de la derecha detectaron una oportunidad: la neolengua identitaria, las campañas de cancelación y las iniciativas que pedían, por ejemplo, desfinanciar a la policía, eran minoritarias, pero demasiado suculentas como para dejarlas pasar. Y ningún político republicano ha tratado de capitalizar mejor el wokismo que Ron DeSantis, gobernador de Florida y única figura, según distintas encuestas, que podría rivalizar con Donald Trump en las primarias que se avecinan en 2024. DeSantis ha intentado hacer de Florida, según sus palabras, el "cementerio del wokismo". Una estrategia retórica y práctica que podría acabar dando sus réditos a nivel nacional.

"No deberían de estarle enseñando a un niño de segundo grado [de entre siete y ocho años de edad] que puede elegir su género", declaró recientemente Ron DeSantis, durante una visita al considerado, por los conservadores, "infierno woke" de Estados Unidos: California. "Si miráis a los últimos cuatro años, hemos experimentado un gran éxodo americano desde los estados gobernados por políticos izquierdistas que imponen su ideología izquierdista y aportan malos resultados". El gobernador de Florida añadió que, en su estado, eso se había acabado. Porque había "un nuevo sheriff en la ciudad".

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Lo cierto es que DeSantis ha tardado poco en transformar los lances de la comunicación política en leyes contantes y sonantes, lo que nos permite comprobar los efectos de la "guerra cultural" en el terreno práctico. En el último año, el gobernador ha prohibido a los atletas transgéneros competir en las ligas deportivas femeninas de los colegios públicos de Florida, ha sacado de circulación el 40% de los libros de texto de matemáticas, al considerar que estaban contaminados por la ideología izquierdista, y ha dado más control a los padres sobre los contenidos lectivos de las escuelas.

De entre todas las iniciativas, destaca la ley Stop WOKE (acrónimo de wrong to our kids and employees, o vejación a nuestros niños y empleados). Una legislación que prohíbe a los colegios, universidades y empresas enseñar o practicar las teorías críticas identitarias que se ramifican desde hace años, sobre todo, en el sector educativo. Una serie de nociones que, según esta ley, firmada por DeSantis frente a las cámaras y rodeado por niños y madres racialmente diversos, estimulan los sentimientos de "culpa, angustia o cualquier otro tipo de turbación psicológica" basándose en características dadas como la raza o el género, y minan la libertad de expresión, el patriotismo y las instituciones tradicionales.

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De momento, esta serie de leyes están creando ventajas e inconvenientes para quien se autodenominó "gobernador de la educación". Por un lado, han fortalecido el dominio político de DeSantis, permitiéndole, entre otros factores, ser reelegido el pasado noviembre con casi 20 puntos de diferencia frente a su rival demócrata (lo cual aceleró los rumores de su futura carrera presidencial); por otro, han embarrado a DeSantis en varias batallas con los progresistas y los tribunales.

Como recoge Vox.com, de los 30 candidatos apoyados por DeSantis para ocupar posiciones en las juntas escolares, sufragados con dos millones de dólares, 24 ganaron el puesto. Estos operativos políticos vigilan que el temario de las escuelas esté libre de lo que el Estado considera contenidos ideológicos izquierdistas: una línea fina que ha encendido un debate sobre cómo enseñar cuestiones relacionadas con el racismo. Los encargados de cada distrito tienen que revisar los libros disponibles en las bibliotecas escolares, que ya no pueden seleccionar los profesores. El problema es evidente: las autoridades velan porque no allá ideología en los textos, pero, al mismo tiempo, estas autoridades tienen una clara ideología conservadora.

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El Gobierno de Florida también ha prohibido a las universidades que financien los departamentos de Diversidad, Equidad e Inclusión, o DEI, que han sido comparados, por los conservadores, con los comisariados políticos que plagaban las instituciones de la Unión Soviética: pequeños tribunales encargados de preservar la pureza doctrinaria. Varios profesores han asegurado ser objeto de investigación, incluidos sus correos electrónicos. Partes de la ley Stop WOKE han sido bloqueadas por un tribunal de Tallahassee, al considerarlas "positivamente distópicas". La ley ha sido denunciada por varias organizaciones progresistas. El Departamento de Educación de Florida también ha criticado el Curso Avanzado de Estudios Afroamericanos, vigente en 60 escuelas del estado, y forzado una revisión de sus contenidos.

El gobernador DeSantis no está solo en su cruzada. Según World Population Review, siete estados del país han prohibido, en la línea de Florida, la "teoría crítica racial", una disciplina académica cuyo significado concreto varía, pero que, en líneas generales, considera al racismo como algo omnipresente y sistémico, y 16 más están en proceso. Otros estados republicanos importantes, dado el alto número de delegados que aportan en las elecciones a la presidencia, también están centrados en librar esta batalla cultural. Por ejemplo, Texas y Virginia.

"El faccioso Partido Republicano está consolidándose en torno a la plataforma Protejamos a los Niños de cara a 2024, que se enfoca agresivamente en las políticas escolares de la identidad de género y en cómo se enseñan las cuestiones raciales", escribe Josh Kraushaar en el portal Axios. "Un año antes de que empiecen las primarias presidenciales, los republicanos ven esto como una fórmula ganadora que puede enardecer a sus bases y atraer a algunos independientes, señalando los recientes éxitos electorales del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el de Virginia, Glenn Youngkin".

El político republicano más popular y aspirante a repetir mandato presidencial, Donald Trump, aparentemente reforzado en las encuestas y en el partido por su reciente imputación, ha adoptado parte de estos programas y los ha llevado más allá: quiere prohibir los llamados "cuidados de afirmación del género", que ayudan a las personas trans a sobrellevar las fricciones físicas y mentales que conlleva el cambio de sexo, y cortaría la financiación a la enseñanza o puesta en práctica de la "teoría crítica racial", sin definirla concretamente. Trump declaró que los "comunistas de pelo rosa están enseñando a nuestros hijos que tienen un gran problema".

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La apuesta republicana está clara, aunque la opinión pública estadounidense permanece dividida, por ejemplo, en cuestiones relativas al cambio de género. Una mayoría de ciudadanos defiende aprobar leyes contra la discriminación de las personas transgénero en el empleo, la vivienda y el espacio público, como refleja este sondeo de Pew Research Center. Cuando se trata de "investigar a los padres por abuso infantil si ayudan a un menor a recibir atención médica para una transición de género", sin embargo, las opiniones están diametralmente divididas. Tampoco hay una opinión unánime respecto la enseñanza del "racismo sistémico" en las escuelas, lo cual es de esperar en un país donde prácticamente han desaparecido todas las áreas de consenso que podían quedar.

El frente de la guerra cultural ya está definido, y parte de las batallas de las presidenciales de 2024 se librarán en sus trincheras. Ron DeSantis parece bien posicionado. Siempre que Donald Trump, a la luz del aprovechamiento político de sus problemas legales, no acabe absorbiendo, como hizo en anteriores campañas, todo el oxígeno de la sala.