Un tribunal polaco confirma la extensión de la detención de Pablo González

El Tribunal de Apelación de la ciudad polaca de Lublin (este) ratificó este miércoles su decisión del pasado 15 de febrero de prolongar la detención del español Pablo González, que había sido apelada por la defensa del periodista. La portavoz del tribunal, la jueza Dorota Janicka, conformó esa información por teléfono a EFE.

La ley polaca permite decretar el ingreso en prisión preventiva por un máximo de tres meses. En el caso de González, el tribunal ha accedido ya en cuatro ocasiones a las correspondientes peticiones de la fiscalía y por el momento el periodista permanecerá en prisión por lo menos hasta el 24 de mayo.

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La ley polaca prevé además que cuando la prisión preventiva se prolonga durante más de un año, su extensión sea estudiada por un tribunal de apelación.

En este caso, un único juez examina las solicitudes de extensión de la fiscalía mientras que un panel de tres magistrados decide sobre las apelaciones contra dichas decisiones.

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González fue detenido en la ciudad fronteriza de Przemysl el 28 de febrero de 2022 cuando cubría la llegada de refugiados ucranianos que huían ante la invasión rusa.

La Agencia de Seguridad Interior de Polonia acusa al periodista, que posee la doble nacionalidad rusa y española, de haber realizado actividades de espionaje para los servicios de inteligencia militar de Rusia (GRU), un cargo por el que podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión.

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Los allegados de González han denunciado que a lo largo del último año ha pasado la mayor parte del tiempo en confinamiento solitario y que solo se le permite comunicarse con el exterior a través de cartas. Sus visitas se han visto restringidas a las de su abogado y del cónsul español, mientras que su esposa solo ha podido reunirse con él en una única ocasión.

Numerosas organizaciones de periodistas, entre ellas Reporteros Sin Fronteras (RSF) han denunciado la situación de González a lo largo del último año y han enfatizado que un periodista no debería verse detenido durante más de un año a la espera de juicio en un país miembro de la Unión Europea (UE).