Las huelgas amenazan con bloquear Francia: ¿preludio de un otoño caliente para Macron?

La crisis del combustible fue la mecha que amenaza ahora con contagiarse a otros sectores. Este martes 18 de octubre, parte de los grandes sindicatos franceses han convocado una huelga “intersectorial” que amenaza con bloquear Francia. Además del sector de las refinerías, que sufre paros y manifestaciones desde hace ya dos semanas, la huelga de este martes “por el aumento del coste de la vida” y para “exigir subidas salariales” afecta también a la energía nuclear y eléctrica, transporte y educación.

“Esta huelga debe expandirse”, era ya la advertencia de Emmanuel Lépine, secretario general del FNIC-CGT (Federación Nacional de Industrias Químicas) a principios de la semana pasada, cuando el Gobierno de Emmanuel Macron tuvo que tomar sus primeras cartas en el asunto —forzando la vuelta al trabajo de varios trabajadores de la compañía ExxonMobil—, por una huelga de refinerías que estaba bloqueando al país, dejando imágenes de largas colas y desabastecimiento. “Debe expandirse” y así lo están intentando los sindicatos, contrarremando a la movilización en la última jornada de los ministros de Macron para reconducir las aguas en un país con larga tradición huelguista. ¿Será esta distinta y logrará prender el fuego del descontento?

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La huelga de este martes afecta a tres refinerías (de siete que hay en el país) y cinco grandes depósitos (de unos 200) de TotalEnergies, según anunció Eric Sellini, coordinador de la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato de la línea dura del grupo petrolero. En el sector nuclear, EDF —la mayor empresa francesa de servicios eléctricos— ha tenido que retrasar el reinicio de algunos de sus reactores a causa de la huelga. El 50% de las 18 centrales eléctricas francesas están afectadas por el parón, con consecuencias en la producción y el mantenimiento de la electricidad. En cuanto al transporte, los más afectados serán la compañía ferroviaria nacional SNCF, el transporte público parisino RATP y un cuarto de los trenes de cercanías o un tercio de los autobuses. En el sector de la educación, muchas guarderías han cerrado por falta de personal y se ha advertido que habrá clases canceladas en primaria, secundaria y liceos profesionales.

El Gobierno de Macron, ahora en minoría parlamentaria, es consciente de lo especialmente sensible que es la cuestión del combustible en Francia. El fantasma de unas movilizaciones como la de los chalecos amarillos en un contexto de inflación (del 6,2% en septiembre, de las menores de Europa gracias al “escudo energético” bloqueando que el alza de precios llegue a los consumidores) y de la perspectiva de desabastecimientos energéticos por la invasión rusa de Ucrania o los problemas técnicos de sus centrales nucleares planea sobre este otoño. La prensa y analistas franceses hablan ya de posibilidad de “contagio” a gran velocidad a otros sectores claves.

“No solo en Exxon y TotalEnergies hay problemas salariales (...), es un problema general”, advertía este viernes el secretario general del sindicato CGT, Philippe Martinez, en declaraciones a la radio France Info. Desde hace semanas, trabajadores de estas dos compañías energéticas han protagonizado huelgas que han provocado desabastecimientos y forzado el recorte de servicios a 30 litros por coche en algunos casos. Las demandas de los empleados en huelga son un aumento salarial del 10%, apuntando que el gigante francés de hidrocarburos ha obtenido beneficios extraordinarios de más de 10.000 millones en el primer semestre de 2022. Un 54% de los franceses considera legítima la petición, según un sondeo del demoscópico galo Odoxa, pero, cuando el desabastecimiento de combustible afectó a casi un tercio de las gasolineras del país (28,5% de las estaciones francesas seguían “en dificultades” este lunes), la tensión comenzó a aflorar.

Hasta estas últimas semanas, el Gobierno de Macron se había puesto casi de perfil, una estrategia que han tenido que cambiar ante la inminencia de la huelga de este martes. En una reciente entrevista en la televisión, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostraba visiblemente molesto. “Esto no tiene nada que ver con la guerra. Ha habido negociaciones salariales y han sido lentas”, aseguraba, afirmando que la responsabilidad en este caso es “de los actores privados”, tanto a la empresa TotalEnergies —a quien insistió que debe aumentar los salarios— como a los sindicatos, a quien su ministro de economía, Bruno Le Maire, acusó de continuar con una huelga “ilegítima” este martes. “Deben dejar que el país funcione”, concluyó Macron. En una rápida movilización tras más de 10 días de bloqueos, el Gobierno anunció el sábado la liberación de 'stocks' estratégicos de combustible, la movilización de los operadores petroleros llamados a aumentar las importaciones y la autorización para circular camiones los fines de semana para abastecer a las estaciones de servicio.

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Pero los miedos por el aumento del coste de la vida (primera preocupación de los franceses según las encuestas de las elecciones presidenciales de abril y legislativas de junio), así como los bloqueos del desabastecimiento energético, son análogos a otros sectores empresariales franceses —y casi en toda Europa—. "Estas son huelgas ofensivas y ya no defensivas. Por primera vez en mucho tiempo, estamos hablando realmente de un aumento de salarios", sostenía Sénat Sylvain Boulouque, historiador especialista en movimientos sociales franceses a la cadena de radio pública francesa. Por "ofensivas", Boulouque entiende que las huelgas buscan un mejor reparto del valor producido por las empresas, y no se limitan a denunciar, por ejemplo, despidos o recortes salariales. El paro en las refinerías de TotalEnergies es en este sentido paradigmático.

La chispa de las refinerías y su posible contagio en un “otoño caliente” ya era algo que pronosticaba el Ejecutivo de Macron, muy debilitado tras las legislativas para la Asamblea (Cámara Baja) donde desde junio carece de mayoría absoluta. En su discurso del 14 de julio, el propio Macron quiso marcar sus prioridades en la lucha contra la inflación: “A día de hoy, el contribuyente paga por el consumidor”, aseguró durante la fiesta nacional francesa, sobre todo a través del escudo de precios, que costó al Estado hasta ahora unos 15.000 millones de euros, por lo que afirmó: “Hay que distribuir esta carga (...) con mecanismos adecuados para ayudar a los que más lo necesitan, sin dejar de ayudar a la clase media”. Pero las medidas aprobadas —y la todavía pendiente reforma de las pensiones o el presupuesto de 2023— no han sido suficientes.

Pero de ahí a que la huelga de este martes llegue a contagiarse de tal manera que vuelva a una época de descontento como la de los chalecos amarillos hay un paso. Francia es “un hervidero” desde hace algunos años, apunta Guy Groux, analista de la Sciences Po, quien añade que no se traducirá en un gran movimiento social, sino en “muchos estallidos esporádicos”.

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