Francia ha controlado la inflación, pero sus presupuestos ven ya un septiembre complicado

Se acercaba el reloj a las seis de la mañana cuando los diputados del Parlamento francés, con las caras cansadas, brillantes por el sudor de las horas acumuladas, aprobaban con 341 votos a favor y 116 en contra la ley en favor del poder adquisitivo presentado por el Gobierno de Elisabeth Borne, la primera ministra de Emmanuel Macron.

Ha pasado poco más de un mes desde que los resultados de las elecciones legislativas francesas dibujaran una Asamblea nueva, con una mayoría relativa macronista tan exigua que no tiene precedentes en la historia de la V República francesa. Y, a diferencia de lo que tradicionalmente ocurría, cada enmienda a cada artículo de los proyectos de ley del Gobierno supone un test decisivo para el Ejecutivo. Especialmente en un contexto tan delicado como es la subida generalizada de la inflación en toda la eurozona, avivada por la invasión rusa de Ucrania, el aumento de los precios de la energía y los alimentos.

A diferencia de sus vecinos, Francia ha conseguido relativamente paliar esta tendencia, manteniendo una inflación inferior a la media de la Unión Europea (8,9% en junio), en parte gracias al control del aumento de los precios de la energía (29% en Francia, por 39% en la UE) y a un "escudo de precios energético". En esa línea, este nuevo paquete legislativo busca mantener el consumo de los hogares, principalmente los más modestos, aliviar el gasto de las personas que usan el coche en sus desplazamientos diarios y compensar por parte del Estado el precio de la energía. Un primer intento de paliar una difícil 'vuelta al cole' en septiembre, cuando una situación económica negativa y precios desorbitados pueden sumir el país en nuevas protestas sociales que nos recuerden a la no muy lejana crisis de los 'chalecos amarillos'.

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Con 20 artículos y más de 1.000 enmiendas, las deliberaciones sobre el proyecto de ley sobre el poder adquisitivo crearon alianzas insólitas, que se hacían y deshacían con cada voto: como la coalición de izquierdas de la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes) votando con los conservadores, o el partido de extrema derecha Agrupación Nacional apoyando las propuestas de la mayoría macronista.

Finalmente, las principales medidas adoptadas por la ley de poder adquisitivo se centran en acercar la contribución del Estado en las prestaciones sociales a la tasa de inflación, prolongar la compensación social de la subida de los precios de la energía y fomentar la “soberanía energética” francesa reabriendo centrales de carbón y permitiendo sobrepasar los límites legales de emisiones de gases de efecto invernadero.

En concreto, la ley, que tras pasar por el Senado entraría en vigor en unas semanas, prevé una subida del 4% de las pensiones y del resto de prestaciones y ayudas sociales, como las becas estudiantiles. En el caso de las pensiones, a este aumento hay que sumarle el 1,1% gracias a la revalorización anual, aunque el incremento total se sitúa lejos de la inflación, 6,5% en junio.

También limita al 3,5% el aumento del índice de referencia para el cálculo de los alquileres y aumenta a 6.000 euros el tope máximo de la llamada 'prima Macron', aprobada durante la crisis de los chalecos amarillos y por la que las empresas pueden dar una extra a sus empleados sin cargas fiscales.

Por otro lado, se prolongaron algunas medidas tomadas tanto en 2021 como a principios de año (antes de la guerra en Ucrania, cuando se empezaban a vislumbrar los problemas ligados a la inflación), como la rebaja de 30 céntimos por litro de carburante en septiembre y octubre (desde abril, era de 18), que bajará a 10 céntimos en noviembre y diciembre.

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Y se alargó hasta diciembre de 2022 el 'escudo de precios' del consumo eléctrico, con el que el Estado limita al 4% el aumento del precio de la energía en el mercado y paga la diferencia entre el precio de octubre de 2021 y el de 2022.

Victorias simbólicas de la oposición

Tanto la oposición de izquierdas de la Nupes como la extrema derecha de Marine Le Pen, consideran las subidas de las prestaciones sociales como “migajas” por debajo de la inflación, pero la Asamblea rechazó buena parte de las medidas de los grupos de oposición, como aumentar los salarios mínimos (a 1.500 €) y crear una tasa para los ingresos de los “beneficios caídos del cielo” de las grandes compañías energéticas y de transporte de mercancías, que proponía la Nupes o las rebajas de impuestos, como del IVA (propuesto por el partido de Marine Le Pen), o de las contribuciones salariales a la jubilación, de Los Republicanos.

Sin embargo, a los 20.000 millones de euros de inversión que prevé la ley de poder adquisitivo, las fuerzas de oposición (apoyadas por algunos parlamentarios de la mayoría del gobierno) lograron añadirle cerca de 350 mediante victorias parciales en el voto de enmiendas.

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La aritmética de la nueva Asamblea, con 151 diputados de la Nupes, 89 de la Agrupación Nacional y 62 escaños del partido conservador Los Republicanos, frente a los 250 de la mayoría de gobierno, promete una legislatura difícil a Emmanuel Macron, quien tendrá que pactar ley a ley.

Septiembre 'complicado'

De momento, Macron quiso marcar durante el discurso del 14 de julio las líneas de su lucha contra la inflación a partir de la vuelta al trabajo en la Asamblea en septiembre: “A día de hoy, el contribuyente paga por el consumidor”, aseguró durante la fiesta nacional francesa, sobre todo a través del 'escudo de precios', que costó al Estado hasta ahora unos 15.000 millones de euros, por lo que, afirmó “hay que distribuir esta carga (...) con mecanismos adecuados para ayudar a los que más lo necesitan, sin dejar de ayudar a la clase media”.

Opinión

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Unas declaraciones que van en el sentido de las medidas aprobadas la semana pasada y dejan entrever reformas para reducir el gasto público y la carga impositiva sobre las empresas, a través, por ejemplo, de la reforma de las pensiones, que se abordará en el Parlamento a partir de octubre.

Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa (núcleo duro de la Nupes) y que desde junio ya no es parlamentario porque no se presentó a las legislativas, promete organizar para el mes de octubre una “gran marcha contra el coste de la vida” y convertir a la Nupes en una fuerza social más potente “que los chalecos amarillos”, que empuje a la Asamblea al bloqueo y a la repetición de elecciones, según Mélenchon.