Marruecos ofrece un Estado autonómico como el de España para el Sáhara

La propuesta es antigua, pero ahora cobra especial trascendencia tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dar un giro radical a la posición de España sobre el futuro del Sáhara Occidental. La presentó Rabat en 2007, y, en síntesis, supone un modelo de autogobierno con muchos elementos comunes con el Estado autonómico diseñado por la Constitución española de 1978, que concede una amplia autonomía para las regiones, aunque Rabat se reserva en exclusiva la competencia sobre el núcleo del Estado marroquí.

El sistema que se propone, de hecho, es muy similar al que se conoció durante la Transición como ‘vía rápida’ (artículo 151 de la Constitución) para que las comunidades históricas —por haber gozado de estatuto durante la República— pudieran acceder al autogobierno sin tener que utilizar procedimientos más lentos (artículo 143).

Se trata de un documento de 35 puntos en los que Rabat asume el derecho de los saharauis a gozar de un estatuto de autonomía en aras de avanzar hacia “una solución política” sobre el Sáhara, en línea con la posición de Naciones Unidas desde 2004. Así, por ejemplo, el punto 4 establece que Marruecos “garantiza a todos los saharauis, tanto a los de dentro como a los de fuera”, su derecho a participar en los organismos e instituciones existentes en la región. Y en este sentido, punto 5, se propone que las poblaciones del Sáhara se puedan gestionar a través de un poder legislativo, ejecutivo y judicial propio en régimen de exclusividad.

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Ahora bien, el texto deja claro que el Estado conservará sus competencias inalienables en determinadas cuestiones. En particular, política de defensa, relaciones exteriores y aquellas atribuciones constitucionales y religiosas del rey de Marruecos, además de la bandera, el himno nacional y la moneda. Para alcanzar la autonomía de los territorios en litigio, el compromiso de Marruecos pasa por celebrar un referéndum sobre el estatuto de autonomía que se acuerde, tal y como plantea la Carta de Naciones Unidas.

Marruecos, de esta manera, pretende dar carpetazo a la Resolución 658 (1990) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó el llamado Plan de Arreglo, negociado por Marruecos y el Frente Polisario, que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación. En ese referéndum, nunca celebrado, se debería decidir sobre la independencia del territorio o su integración en Marruecos. En ningún caso una fórmula intermedia, como es la que se viene a proponer ahora.

Las competencias

El texto, en línea con lo que hace el artículo 148 de la Constitución española, delimita las competencias que podría asumir la nueva autonomía saharaui, y cita expresamente la Administración local, la policía local y los tribunales de la región (como son los tribunales superiores de Justicia en España), además de asumir competencias sobre el desarrollo económico de la región, el fomento de las inversiones, el comercio, la industria, el turismo y la agricultura y, por supuesto, disponer de un presupuesto regional. Las infraestructuras (instalaciones hidráulicas, electricidad o el transporte), además de la promoción social y de la cultura saharaui, también estarían dentro de las competencias del nuevo Gobierno regional.

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También, como sucede en España (punto 13), se sugiere que el Estado garantizará un mínimo de recursos económicos para que la autonomía saharaui pueda cumplir con sus competencias, una especie de Lofca (Ley Orgánica de Financiación Autonómica). En concreto, habilita que se puedan aplicar impuestos, tasas y las contribuciones territoriales (IBI) que dicten los órganos competentes de la nueva Administración. Igualmente, se beneficiaría de la explotación de los recursos naturales “recaudados por el Estado”, incluyendo ingresos derivados en concepto de solidaridad interna de Marruecos. Como se sabe, el Sáhara es rico en recursos naturales, como la pesca, la arena, que posteriormente se destina a la construcción, fosfatos y, probablemente, hidrocarburos, aún sin explotar.

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Marruecos deja bien claro que la política exterior es competencia exclusiva de Rabat, y tan solo se compromete a consultar a los saharauis cuando una decisión pueda afectar a su área de influencia. Al igual que sucede en la legislación española, Marruecos habla de la creación de un delegado del Gobierno que asuma las competencias del Estado en la región, aplicando el llamado principio de subsidiaridad, que supone acercar la toma de decisiones al nivel que sea más eficaz. En Europa, por ejemplo, los Estados en lugar de Bruselas. En cuanto al nuevo parlamento (punto 19), estaría compuesto por diputados elegidos por sufragio universal directo por las diferentes tribus existentes en la región. Al jefe de Gobierno lo elegirá el parlamento y sería investido por el rey.

El nuevo parlamento podrá crear jurisdicciones para resolver las controversias derivadas de la aplicación de las normas dictadas por los órganos competentes, y sus decisiones se dictarán, con total independencia, en nombre del rey. Al igual que sucede en la legislación española, el Tribunal Superior será la máxima jurisdicción en la región, y será en última instancia quien decida, salvo aquellas competencias exclusivas del Tribunal Supremo de Marruecos y del Consejo Constitucional del Reino. También, como sucede en España, se crearía un Consejo Económico y Social integrado por representantes de los sectores económico, social, profesional y asociativo, así como por personalidades altamente cualificadas.

Independencia o autonomía

El asunto más peliagudo es la opción de caminar hacia el autogobierno a través de un estatuto de autonomía y no de un referéndum de autodeterminación, que históricamente ha sido la reclamación del pueblo saharaui y de Naciones Unidas. También de España, hasta que en 2007 el Gobierno de Rodríguez Zapatero asumió las tesis marroquíes.

El compromiso de Marruecos (punto 29) pasa por revisar su Constitución para incorporar el nuevo estatuto de autonomía “como garantía de su estabilidad y de su lugar privilegiado en el ordenamiento jurídico nacional”. Para lograr ese objetivo, Marruecos tomará todas las medidas necesarias para que las personas que vayan a ser repatriadas puedan reintegrarse plenamente en la comunidad nacional, en condiciones que garanticen "su dignidad, su seguridad y la protección de sus bienes". Y, en concreto, se compromete a aprobar una “amnistía general”, aunque Rabat se reserva decidir a quién excluye de esta medida. También en España la amnistía fue uno de los prólogos que hicieron posible una Constitución consensuada.

Para llevar a cabo este proceso, se propone la creación de un Consejo de Transición, integrado por representantes de Rabat y del pueblo saharaui, que asuma tareas de asistencia en la repatriación, desarme, desmovilización y reintegración de los elementos armados ubicados fuera del territorio, así como cualquier otra acción encaminada a la aprobación y la aplicación del estatuto, incluidas las operaciones electorales. El documento, por último, se compromete a zanjar de forma definitiva la controversia sobre el Sáhara.