Orbán pierde: el TJUE dictamina que su ley de ONG en Hungría es ilegal

Nuevo revés en la justicia europea para Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. El Gobierno magiar ha perdido un caso visto como clave para Budapest cuando el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dictado como contrario al derecho de la Unión la ley húngara que obligaba a las organizaciones civiles a declarar cualquier financiación que recibieran desde fuera del país.

La alta corte de Luxemburgo ha declarado que “Hungría ha establecido restricciones discriminatorias e injustificadas tanto respecto a las organizaciones en cuestión (receptoras de dinero) como de las personas que les conceden esa ayuda”. En 2017 el Gobierno de Orbán puso en marcha una “Ley de Transparencia” que obligaba a cualquier organización civil que recibiera fondos desde fuera del país como una “organización receptora de ayuda extranjera”, y obligaba a identificar a los donantes cuya ayuda sumara los 1.400 euros. Toda la información se publica en una web del Gobierno.

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La corte dispara contra todas las bases de la norma húngara. Desde el punto de vista más técnico, la regla húngara está comprometida dentro de “movimiento de capitales” (artículo 63 de los Tratados), es una medida restrictiva de carácter discriminatorio “porque establece una diferencia de trato entre los movimientos nacionales y transfronterizos de capitales”.

Además, el hecho de que se publique el nombre de personas que apoyan económicamente a la organización puede disuadirles de hacer aportaciones, siendo esto una restricción de la libre circulación de capital, lo que es ilegal bajo el artículo 63 del TFUE. Pero más allá del movimiento de capitales, la sentencia va después al corazón del pulso: la norma “pueden crear un clima de desconfianza hacia estas asociaciones y fundaciones”, obligándoles a calificarse como “receptoras de ayuda extranjera” bajo amenaza de sanciones o incluso de disolución.

No justifican las medidas

Pero el TJUE admite que puede haber un interés general en que exista transparencia en la financiación extranjera de organizaciones que tienen una gran influencia sobre la vida pública, que es la idea detrás de la norma húngara, diseñada por un Gobierno que centra su discurso en la idea de que el país es víctima de ataques y conspiraciones extranjeras que buscan, entre otras cosas, una ola migratoria. Sin embargo, señala la corte, Hungría “no ha demostrado por qué el objetivo de aumentar la transparencia de la financiación de las asociaciones que invoca justificaría las medidas concretamente establecidas”.

Después el TJUE señala que la norma húngara limita el derecho de asociación, “que constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y pluralista”, así como el derecho a la vida privada y familiar y también el derecho a la protección de datos de carácter personal.

Hungría está en la diana de Bruselas por su deriva autoritaria durante la última década de Orbán en el poder. El primer ministro ha convertido al magnate de origen húngaro, George Soros, en su enemigo público número uno, y buena parte de sus medidas han ido dirigidas a frenar las actividades de las organizaciones financiadas por el filántropo en el país centroeuropeo, lo que ha incluido la salida de la Universidad Central Europea, que ha abandonado Budapest para situarse en Viena.