EL ABORTO LEGAL BAJO AMENAZA EN EEUU

"Si mi vagina fuera una pistola": el aborto como arma política en EEUU

Una reciente oleada legislativa conservadora busca llegar al Tribunal Supremo para lograr que el aborto se ilegalice en todo el país, pese a que la mayoría está en contra de la medida

Foto: Activista anti-aborto frente a la Corte Suprema en Washington. (Reuters)
Activista anti-aborto frente a la Corte Suprema en Washington. (Reuters)

Veinticinco hombres blancos conservadores pretenden convertir el aborto en un crimen en Alabama. Esta nueva ley, la más estricta de Estados Unidos, forma parte de una reciente oleada legislativa contra los derechos reproductivos en varios estados del Sur que afecta desproporcionadamente a las mujeres negras y pobres. El objetivo es llegar al Tribunal Supremo para lograr revertir el caso 'Wade vs Roe' y que se ilegalice el aborto en todo el país.

El texto legal que firmó el pasado 15 de mayo la gobernadora de Alabama es tan restrictivo que, de entrar en vigor, pondría a este estado a la par de países como Guatemala, Siria o Brunei en cuanto a acceso al aborto. No solo penaliza con 99 años de cárcel a los médicos que practiquen un aborto, sino que no establece excepción en caso de violación o incesto. La diputada estatal demócrata Rolanda Hollis resumió la frustración de las mujeres en el hemiciclo con un poema que comenzaba: “Si mi vagina fuera una pistola, protegeríais sus derechos".

El aborto es legal en EEUU desde 1973. Ese año, la sentencia conocida como Wade vs Roe colocó a la nación entre los países más avanzados en la despenalización del aborto. La resolución del Tribunal Supremo establecía un principio constitucional para garantizar este derecho en país y, sobre el papel, estableció que las leyes contra el aborto que existían en los diferentes estados violaban el "derecho a la privacidad bajo la cláusula del debido proceso" recogido en la Decimocuarta enmienda de la Constitución. Hoy, EEUU es uno de los 49 países que permiten a una mujer terminar un embarazo no deseado sin requisitos previos ni justificación. Siempre sobre el papel.

El aborto es legal a nivel federal, pero cuando una mujer decide o necesita abortar, cómo de fácil o difícil lo tenga depende mucho del estado en el que viva. Y parece que cada vez es más complicado, sobre todo en los estados conservadores del sur. Más de cuarenta años después de Wade vs Roe tan solo queda una clínica que realiza abortos en Misuri y tres en Alabama. Las regulaciones a nivel estatal se han multiplicado, convirtiendo el acceso al aborto en una yincana para muchas mujeres. ¿Cómo ha sucedido este retroceso a pasos agigantados en derechos reproductivos? ¿Son muestra de un giro social o se está utilizando el aborto como arma electoral?

“Desde luego que recientemente está habiendo un esfuerzo concertado por parte de determinados políticos”, explica Cynthia Romero, del Instituto Latino para la Salud Reproductiva en Washington. No hay más que ver los números: “Desde 2011 ha habido más de 400 normativas, regulaciones y leyes a nivel estatal que se han aprobado con la intención de limitar o restringir el acceso al aborto. Sólo en el último año se han aprobado 30".

La experta subraya no solo la cantidad, sino también el alcance de las medidas, mucho más radicales de lo que se había visto ahora. "Algunas tan extremas como las que pretendían imputar a las mujeres que abortaran con un delito de homicidio. Anque afortunadamente éstas no han llegado a ser aprobadas, sí se han discutido en las cámaras legislativas”, explica Romero.

Interior de la única clínica de planificación familiar de Misuri. (Reuters)
Interior de la única clínica de planificación familiar de Misuri. (Reuters)

Tres frentes contra el aborto

Estas iniciativas legislativas estatales para limitar la capacidad efectiva de una mujer para poder abortar se pueden clasificar 'grosso modo' en tres frentes: las que buscan ponérselo más difícil a la mujer -económicamente o psicológicamente-, las que tratan de asfixiar a las clínicas y las que directamente buscan desafiar la Constitución prohibiendo el aborto en casi todos los supuestos.

En la primera categoría entran las medidas, vigentes en más de 30 estados, que obligan a una paciente a pasar por una sesión de información -que incluye detalles acerca de si el procedimiento aumenta el riesgo de cáncer o si el feto o embrión es capaz de sentir dolor- y esperar un periodo de reflexión obligatorio de 24 horas. Además, en 13 estados obligan a las mujeres a hacerse una ecografía. También aquéllas que limitan el acceso a fondos estatales o federales, o prohíben la cobertura por parte de los seguros médicos.

“En este país ha sido una realidad, casi desde el principio, que si eres una mujer con recursos tienes más acceso al aborto que si tienes pocos ingresos. Con la aprobación de estas leyes, el coste de la intervención la convierte en inaccesible para muchas mujeres, que tienen que elegir entre abortar o pagar el alquiler”, explica Faren Tang, profesora de Justicia Reproductiva en la Facultad de Derecho de Yale.

El segundo frente va contras las clínicas que practican abortos y calificadas de ilegales en 24 estados a menos que se cumplan unas normativas inviables económicamente, como establecer una anchura mínima para los pasillos o estar a una distancia determinada de un hospital. Tantas de estas leyes se han aprobado en años recientes que tienen su propio nombre y acrónimo: leyes TRAP (regulación dirigida contra los proveedores de aborto, en sus siglas en inglés).

Entre 2011 y 2014, se han cerrado 51 clínicas en todo EEUU. Actualmente, un 90% de los condados del país -donde viven un 39% de mujeres- no tienen una. En Alabama quedan tres, lo mismo que en Arkansas o Idaho; en Utah solo hay dos y en seis estados -Misuri, Mississippi, Dakota del Norte y del Sur, Kentucky y West Virginia- queda solo una.

Además, también están las leyes “detonantes” (trigger en inglés), aprobadas en seis estados, que entrarían en efecto en caso de que la sentencia de Wade vs Roe fuera revocada por el Tribunal Supremo. En Utah se prohibiría abortar en casos de riesgo de síndrome de Down; en Kentucky se rechazaría el aborto en caso de anomalías genéticas. Seis estados ya han aprobado las conocidas "leyes latido", que prohíben abortar pasadas las seis semanas de gestación pese a que la mayoría de mujeres no han tenido tiempo de enterarse en ese tiempo de que estaban embarazadas. Arkansas puso el tope en 18 semanas y hay leyes similares esperando debatirse en siete estados más

Tribunal conservador

El último frente, y el más sensible, es el que se abrió con la ley aprobada en Alabama. La idea, según los expertos, es lanzar un auténtico órdago para que el Tribunal Supremo se vea obligado a revisar la sentencia 'Wade vs Roe'.

“Wade vs Roe, y sobre todo la sentencia posterior de Planned Parenthood vs Casey, protegen el derecho al aborto en el sentido de que los estados no pueden prohibirlo. Pero la segunda de esas sentencias, en 1992, abrió la puerta a los estados a restringir el acceso de manera práctica, estableciendo la posibilidad de proteger la vida del no nato 'siempre que la decisión final recayese en la mujer'", explica Reva Siegel, experta en derecho constitucional de la universidad de Yale que ha escrito abundantemente sobre el tema en EEUU. Esto hace que haya regiones del país donde las mujeres lo tienen difícil, incluso aunque no esté completamente prohibido.

Pero, más importante aún, es que la entrada de dos jueces republicanos nombrados por el presidente Donald Trump ha cambiado el signo político en el máximo tribunal estadounidense. "Ahora el Supremo tiene una mayoría de jueces que son más conservadores que la sociedad americana. Y que es posible que revoquen estas sentencias y permitan la prohibición criminal del aborto, incluso aunque la mayoría de los estadounidenses no tienen esa postura”, asegura Siegel. Dos encuestas diferentes lo confirmaron el año pasado: dos tercios de los estadounidenses se mostraban partidarios de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el aborto no se tocara.

Pancarta durante una manifestación por los derechos reproductivos en Nueva York. (EFE)
Pancarta durante una manifestación por los derechos reproductivos en Nueva York. (EFE)

Abortos en mínimos históricos

Mientras, los abortos están en mínimos históricos. Según datos del Instituto Guttmacher, uno de los centros de estudios sobre derechos reproductivos más respetados en el país, el índice de abortos alcanzó en 2014 su tasa más baja registrada: 14,6 intervenciones por cada 1.000 mujeres, un 14% menos que en 2011 y menos de la mitad desde los máximos de los años 80 de 29,3 por cada 1.000 mujeres. Los factores son múltiples, como el acceso a los anticonceptivos y la mejora en la educación sexual, que limitan drásticamente el número de embarazos no deseados. Pero cabe preguntarse si también existe un "efecto disuasorio" por no tener una clínica cerca, los prolongados plazos de espera y la falta de ayudas económicas o cobertura del seguro. O incluso por la mera confusión en algunas comunidades sobre lo que está permitido en su estado.

"Lo más importante que debemos entender, y que nosotros intentamos divulgar, es que el aborto sigue siendo un derecho constitucional en los 50 estados”, afirma Romero. “La ley de Alabama no entra en vigor hasta dentro de seis meses, y en ese tiempo va a ser rechazada por inconstitucional”.

La pregunta clave es, entonces, qué ocurrirá si esta ley, o alguna otra similar, termina llegando al Supremo y la nueva mayoría conservadora anula Wade vs Roe interpretando la Constitución en sentido contrario.

“Muchas de las leyes que han pasado a nivel estatal no son constitucionales y se han denunciado ante los tribunales de dicho estado. El siguiente paso es que los gobernadores y legisladores que la han aprobado la lleven a tribunales de más alta instancia, y eventualmente, terminen en el Supremo. Es la manera de conseguir que los jueces del Supremo dicten una nueva sentencia relativa al aborto, en la que hipotéticamente podrían saltarse el precedente de Wade vs Roe y decidir que el aborto no es un derecho que establece la Constitución”, explica Rachel Johnson-Farias, directora del Centro de Derechos Reproductivos y Derecho de la Facultad de Derecho de Berkeley.

Arma electoral

La onda expansiva de este frenesí legislativo ha ahondado la división cultural y política en el país, con dos bandos claramente posicionados a favor y en contra. Mientras que hace 30 años las posturas sobre el aborto podían variar a uno y otro lado del espectro político -los demócratas mayoritariamente contrarios y republicanos en general a favor- hoy, la división política y geográfica entre estados conservadores y estados progresista es total. Al igual que los estados conservadores ponen restricciones al aborto, seis estados con mayorías demócratas -Nueva York, Illinois, Vermont, Rhode Island, Nevada, Nuevo México- han aprobado recientemente leyes que buscan garantizar el derecho.

“Si el Supremo dicta una sentencia que ilegaliza el aborto, es de esperar que haya estados que sigan protegiendo el derecho a decidir. El problema es para todas esas mujeres que no viven en esos estados y no tienen recursos para viajar”, explica Johnson-Farias, de Berkeley. Esto, en la practica, generaría una diferencia notable dependiendo de dónde vivas. “Los estados que ya lo están poniendo difícil lo podrían poner imposible, mientras que en otros estados seguirá siendo legal y accesible”, explica Tang, de Yale.

Como estrategia para ganar votos en 2020, es posible que a los conservadores les salga el tiro por la culata. Muchos expertos consideran que las leyes de este tipo van a movilizar a los votantes de izquierda. Incluso Trump se ha distanciado tibiamente de los textos más draconianos como el de Alabama. Pero el problema real de fondo subsiste y nada hace creer que se vaya a solventar pronto.

“Lo que importa es que el derecho a decidir sea una realidad para todas las mujeres", incide Romero. "Y hoy estamos muy lejos de algo así: las comunidades de color, las mujeres que tienen menos recursos económicos, a esas son a las que más perjudica esta batalla”.

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