El expresidente Lula da Silva permanecerá en prisión tras una tensa batalla judicial

El presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil, Thompson Flores, ha zanjado la batalla judicial entre dos magistrados de esa corte por la concesión de la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva y decidió que el expresidente, condenado por corrupción, continúe en prisión. Flores respondió así un recurso presentado por el Ministerio Público Federal contra la decisión del juez de guardia Rogerio Favreto, quien hoy ordenó dejar en libertad al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El juez de apelaciones Rogerio Favreto volvió a pedir la liberación inmediata de Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, después de que un segundo magistrado revocara la orden y decidiera mantener al expresidente brasileño en prisión.

Favreto, juez federal de guardia en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, concedió un "habeas corpus" a Lula, pero la medida fue bloqueada horas después por el magistrado João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en segunda instancia. En medio de una intensa batalla de decisiones judiciales, Favreto pidió en su último auto que Lula sea puesto en libertad en el plazo de una hora.

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En su fallo, el primer juez argumentó que la prisión del expresidente impide ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de la República brasileña, a pesar de que se encuentra virtualmente inhabilitado después de ser condenado en segunda instancia. Lula está encarcelado desde abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba tras ser condenado en segunda instancia a doce años y un mes de prisión por corrupción.

El exmandatario fue sentenciado previamente en julio del año pasado por el juez Sergio Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Moro consideró probado que el expresidente recibió en concepto de soborno un apartamento de tres plantas en la playa a cambio de favorecer a la constructora OAS en la adjudicación de contratos públicos de la petrolera estatal Petrobras.

Esa condena fue ampliada hasta los doce años y un mes por un tribunal de apelación.