La justicia frena los pies a Eslovaquia y Hungría: deben aceptar refugiados

Hace tan solo seis días, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dejaba claro una vez más lo que él y los suyos entienden que significa la “solidaridad europea”, al exigir a sus socios que sufraguen la mitad de los costes que ha asumido su país para poner en pie una controvertida valla con la que frenar a los refugiados. La decisión de levantar el “muro” metálico en su frontera fue unilateral -aunque tampoco nadie paró los pies a Budapest- pero Orbán quiere que la factura salga a dividir.

Su argumento es que la frontera húngara con Serbia es una de las fronteras externas de la UE, por lo que su protección debe ser pagada por todos. Y, sin embargo, de compartir la responsabilidad que soportan los países del Mediterráneo, Orban no quiere ni oír hablar. Desde que en 2015 se puso en marcha el sistema para alojar repartir por todos los países europeos a las 160.000 personas que habían llegado a Italia y Grecia en lo más duro de la crisis de los refugiados, Hungría mantiene sus puertas cerradas. A día de hoy a dado cobijo a un total de cero refugiados. Al igual que Polonia. Y su vecina, Eslovaquia, apenas mejora la cifra con 16 personas del objetivo de 902.

Francia y Alemania han acogido a 15.436 y 19.684 personas, respectivamente. España apenas se ha hecho cargo de 257

La solidaridad europea es de ida y vuelta, tal y como lo ha dejado claro hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia en la que frena los pies a Budapest y Bratislava, la Corte con sede en Luxemburgo ha desestimado sendos recursos que presentaron ambos países contra el sistema de reubicación de refugiados. Como miembros de la Unión Europea, los estados miembros no solo tienen derechos, sino también deberes, y uno de ellos es participar aceptar a los refugiados que les corresponden.

Hungría y Eslovaquia, junto a Rumanía y República Checa, trataron en su día de bloquear el sistema de reubicación de refugiados, que pretendía entre otras cosas poner fin de manera ágil a la difícil situación que se vivía en Italia y Grecia, donde campos de refugiados como el de Idomeni se hicieron tristemente célebres por las malas condiciones en las que vivían sus habitantes.

Polonia también mostró su rechazo férreo al proyecto, pero en el último momento cambió de parecer, quebrando la unidad del grupo de Visegrado -del que forma parte junto a Hungría, Eslovaquia y República Checa. No obstante, tras las elecciones de 2015, que llevaron al poder al PiS de Jarosław Kaczyński, Varsovia volvió a unirse al grupo opositor, apoyando a los 'rebeldes' en el proceso judicial que hoy a finalizado.

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En su recurso, Eslovaquia y Hungría solicitaban al Tribunal de Justicia que anulase la puesta en marcha del sistema, por dos motivos. El primero es que, según ambos países, la decisión de crearlo tuvo errores de procedimientos y una base jurídica incorrecta que lo harían inviable. En segundo lugar, creen que este sistema no es el adecuado para responder a la crisis de refugiados. Sin embargo, la Corte asegura que, por el contrario, esta es la manera apropiada de proceder.

Frente a los que arrastran los pies, Francia y Alemania predican con el ejemplo: no solo han defendido el sistema de reubicación ante los tribunales, sino que además han acogido 15.436 y 19.684 personas, respectivamente, lo que les acerca a sus metas de 19.714 y 27.536 refugiados. En cambio, España apenas se ha hecho cargo de 257 personas, de las 9.323 de las que se ha comprometido a atender.