La Constitución somete a los islamistas a referéndum

Desde que en 1928 el profesor Hasan el Bana fundara el movimientos de los Hermanos Musulmanes, la cofradía siempre ha hecho gala de plantear una estrategia a largo plazo. La revolución que acabó con Hosni Mubarak zanjó seis décadas de clandestinidad. Y desde entonces, el grupo islamista ha dejado de ser un corredor de fondo para convertirse en un gran velocista. Acudieron a las primeras elecciones parlamentarias de la nueva etapa democrática como grandes favoritos, pese a un amplio abanico de sectores partidarios de retrasar los comicios por sus diferencias con la entonces gobernante Junta Militar. Modificaron su postura de no presentarse a las presidenciales y disputaron la batalla final frente al último primer ministro de la época de Mubarak que amenazaba con devolver a Egipto a la casilla de salida. El fin de la dictadura marcó su tiempo y en este periodo no han hecho sino doblar sus apuestas al todo o nada, sin que todavía conozcan la derrota.

El proceso para que los egipcios elijan su primera Constitución en democracia supone, no obstante, un referéndum sobre los propios Hermanos Musulmanes. El presidente Mohamed Morsi ha convertido la aprobación de la Constitución en un empeño personal. Primero con los decretos que blindaban la Asamblea Constituyente, criticada por la oposición y amenazada por la Justicia. Y después forzando la redacción contrarreloj de un texto y sometiéndolo a referéndum pese a contar sólo con el apoyo de los islamistas. Las innumerables peticiones de la oposición para cancelar la cita y redactar un nuevo documento no han trastocado la inflexible posición de Morsi.

La división ha alcanzado un nivel inédito hasta la fecha. Los sectores laicos han recuperado las calles con manifestaciones multitudinarias, a lo que los islamistas han respondido con nuevas movilizaciones. Cerca de una treintena de sedes de los Hermanos Musulmanes han sido asaltadas y la tensión ha provocado enfrentamientos violentos, que la semana pasada vivieron un importante punto de inflexión, cuando cerca de una decena de personas murieron y varios centenares resultaron heridas en un enfrentamiento visceral entre miles de simpatizantes y detractores de los islamistas. La violencia ha remitido desde entonces, aunque la inexistente campaña terminó ayer como empezó, con manifestaciones de uno y otro bando, que dejaron varios heridos en distintas ciudades del país.

Periodistas, abogados y otras profesiones liberales han rechazado la redacción de la Constitución, aunque la respuesta más importante la han protagonizado los jueces. La principal asociación de la magistratura considera tanto los últimos decretos del presidente como la propia Constitución un “insulto a su dignidad”, por lo que no supervisarán el referéndum. La ausencia de magistrados obliga al presidente a dividir el proceso entre este y el próximo sábado para garantizar la presencia de magistrados en todos los centros electorales. Tampoco organizaciones internacionales, como el Centro Carter, o las ONG vigilarán el proceso.

La limpieza de los primeros comicios con los islamistas en el Gobierno queda en entredicho, pese a que el vicepresidente del Consejo de Estado, Mohamed Ismail, mantenga lo contrario. El magistrado, que será uno de los encargados de vigilar las votaciones, asegura a El Confidencial que “las diferencias políticas no afectan a la legalidad del proceso”. “La convocatoria del referéndum ha respetado todos los procedimientos legales, por lo que no hay duda de su transparencia”.

El dilema de la oposición

La oposición no lo tiene tan claro y en los últimos días el recién creado Frente de Salvación Nacional ha dejado caer el fantasma del pucherazo. Este heterogéneo grupo, con poco más en común que su rechazo a los islamistas, se encuentra en un callejón sin salida. Dividido entre la abstención y la campaña por el ‘no’, sólo en los últimos días ha decantado su estrategia por esta última opción. Sin embargo, el movimiento ni siquiera reconoce el texto constitucional como legítimo y ya amenaza con nuevas movilizaciones si finalmente sale aprobado.

“El Frente de Salvación no puede hacer mucho más de lo que ya ha hecho”, asegura el analista del centro Brookings de Doha, Shahid Hamid, en unas declaraciones recogidas por Reuters.Sin mostrarse convencidos de que el rechazo en las urnas es la mejor opción, su difícil tarea es movilizar a todo el espectro no islamista. En caso de conseguirlo, la aprobación de la Carta Magna corre peligro, pues en paralelo a los sectores izquierdistas y revolucionarios, se sitúan también los nostálgicos del antiguo régimen, que ya demostraron en las anteriores elecciones presidenciales que no han desaparecido de escena.

Los Hermanos Musulmanes cuentan con el apoyo de los demás grupos islamistas, en especial con los ultraconservadores salafistas, que han hecho frente común en torno a las decisiones del presidente. “El referéndum de la Constitución representará un voto entre los islamistas y el resto de la sociedad”, interpreta el analista del centro estatal Al Ahram, Ahmed el Nagar, en una conversación con El Confidencial. “No es sólo una cuestión de religión contra laicismo, es más bien un examen a la forma de convertir el islam en un modelo de Estado”, añade.

Qué votarán los egipcios

“Que vengan aquí y digan que artículos de la Constitución rechazan”, retaba un simpatizante de los Hermanos Musulmanes en una de las últimas concentraciones que ha convocado el movimiento. En realidad la Carta Magna no establece cambios radicales con respecto a la anterior, aprobada en 1971. Los principios de la sharía constituyen la principal fuente de legislación, como ya venía recogido en la anterior Carta Magna. Aunque el nuevo texto recoge como novedad que la sunna (las palabras de Mahoma) también forman parte de la ley islámica. Además varias organizaciones de derechos humanos han criticado ciertos artículos relativos a los derechos y libertades que quedan supeditados a la sharía.

Los responsables de interpretar qué está dentro de estos preceptos religiosos pertenecen a varias organizaciones islámicas y los miembros del futuro Parlamento, aunque en último término, los responsables de aplicar esas leyes serán los tribunales. El juez Mohamed Ismail, experto también en Derecho Constitucional, piensa que a grandes rasgos la Constitución “no es un documento islamista”. Aunque muestra su preocupación por uno de los artículos “que reduce la autonomía del Tribunal Constitucional, que tiene que interpretar realmente los asuntos religiosos y el resto de las cuestiones”. El presidente “abre la puerta”, de esta forma, a un “control de la judicatura, que socava la independencia judicial” y en definitiva, pondría en riesgo la separación de poderes.

La Constitución también otorga plena autonomía al Ejército tanto en los asuntos de Estado que le afectan como en el control de su ingente presupuesto. Pero ésta es una cuestión que apenas ha suscitado debate entre los distintos agentes políticos. Los Hermanos Musulmanes confían en su unidad para aprobar una Constitución que“generará estabilidad”. Mientras que la oposición laica ha entrado en ese choque frontal con pies de barro, fiando su suerte al desgaste de los islamistas. El discurso en las calles, donde la oposición ha demostrado una gran fuerza, cuestiona más a los Hermanos Musulmanes que al texto constitucional. Morsi y los suyos han vuelto a jugar a la ruleta rusa y hasta ahora nunca han encontrado la bala.