La impunidad de los militares sobrevive a la revolución

Sólo una medalla con el conocido rostro de su hijo altera el negro que va de la cabeza a los pies de Leila Marzuk, una señora que concentra la atención tras sus gafas ahumadas, en medio de cientos de jóvenes manifestantes. La imagen que proyecta es la de Jaled Said, un chico de 28 años que murió en Alejandría bajo los golpes de la Policía, pocos meses antes de que estallara la revolución que dio al traste con la dictadura de Hosni Mubarak. Los dos agentes que cometieron el asesinato fueron condenados a siete años de prisión, una pena que fue considerada insuficiente por la familia y organizaciones de derechos humanos, pese a ser una de las pocas que se han ejecutado contra las fuerzas de seguridad desde enero del año pasado.

“Estoy aquí para apoyar a todos estos jóvenes que piden justicia, al igual que ellos se pusieron del lado de mi hijo”, asegura la madre a El Confidencial. Quienes la rodean reclaman también que se juzgue a los autores de la matanza de cerca de una treintena de cristianos coptos, de la que se cumple ahora un año. Aquel día, los militares reprimieron una manifestación frente a la sede de la radiotelevisión pública, conocida como Maspiro, atropellando a varios manifestantes con sus vehículos blindados. Pese a las esclarecedoras imágenes, el Ejército negó que utilizara fuego real y llegó a afirmar que varios civiles se habían hecho con los mandos de los tanques. La televisión pública pidió a los egipcios que acudieran a defender al Ejército, decenas de civiles fueron arrestados por incitar a la violencia y sólo tres oficiales de bajo rango fueron llevados a los tribunales, acusados de homicidio involuntario.

Este episodio supuso la primera gran masacre de la transición egipcia. Pero después llegaron otras tantas, frente al Ministerio del Interior o el Parlamento, donde estuvieron implicadas directamente las fuerzas de seguridad; o las del estadio de fútbol de Port Said o el Ministerio de Defensa, donde se les acusó de pasividad o incluso de colaboración con los alborotadores. Más de 150 personas murieron en estos enfrentamientos y pese a que se han abierto varios juicios, ningún culpable ha sido castigado.

Las organizaciones de derechos humanos han condenado esta impunidad judicial. Y si asociaciones locales como la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales reclama que los responsables sean llevados a los tribunales, Amnistía Internacional ha elaborado el informe más completo. En su documento titulado Brutalidad impune recoge que “la Junta Militar ha dejado un legado de serios abusos contra los derechos humanos que no han sido respondidos ni castigados”. “La responsabilidad recae sobre el presidente Mohamed Morsi, que tiene el reto de terminar con esta impunidad de la que han venido disfrutando durante largo tiempo los militares”.

Un objetivo por cumplir

Junto al pan y libertad, la justicia social completaba la tríada de reivindicaciones con las que la plaza Tahrir asestó el golpe definitivo a Mubarak. Sin embargo, los herederos de ese poder omnímodo han pasado por encima de esos objetivos. Hace varias semanas la Justicia admitió a trámite varias demandas contra el mariscal Husein Tantaui y su lugarteniente Sami Anan, los líderes del Ejército durante este periodo, pero ninguna de las denuncias contra altos mandos se ha convertido en condenas hasta la fecha.

El último caso se ha producido esta misma semana, al absolver un tribunal egipcio a una veintena de altos mandos del régimen de Mubarak, acusados de organizar la conocida como batalla del camello, una de las jornadas más violentas de la revolución, en la que cientos de personas subidos a lomos de estos animales entraron en la plaza para tratar de expulsar por la fuerza a los manifestantes. En un intento por calmar los ánimos, el presidente Mohamed Morsi destituyó al fiscal general del Estado, aunque éste se negó a aceptar el cese, abriendo una nueva brecha política.

“El sistema judicial no es independiente en absoluto”, asegura a este diario Mohamed Bilel, abogado de la Red Árabe por los Derechos Humanos. Según su opinión, los grandes retos del sistema judicial egipcio son “acabar con la corrupción que se mantiene entre los jueces desde hace muchos años” y “conseguir su independencia de las instancias políticas”.

Para ello, Morsi nombró como vicepresidente a Mahmud Meki, hermano del también recién elegido ministro de Justicia, Ahmed Meki, magistrados ambos que se caracterizaron durante los últimos años por su defensa de la independencia judicial. También creó comités de investigación para analizar los crímenes perpetrados durante la revolución y en un nuevo golpe de efecto, esta semana anunció un indulto para todos los presos políticos “que defendieron la revolución”, coincidiendo con los cien primeros días de su mandato.

Hosni Mubarak y su ministro del Interior Habib El Adli cumplen sendas cadenas perpetuas por ordenar la matanza de civiles durante la revolución. Pero esas son las únicas grandes cabezas que se ha cobrado, ya que ni siquiera los mandos intermedios de Interior fueron condenados en ese mismo proceso y sólo algunos ministros del antiguo régimen han sido encarcelados, la mayoría de ellos por cargos de corrupción. Cuando Morsi ordenó el retiro de los anteriores líderes militares, los generales fueron recompensados por su carrera y el propio Tantaui fue nombrado asesor del presidente.

Los críticos con Morsi y los Hermanos Musulmanes especulan con un posible acuerdo con el Ejército para garantizar una salida segura a los generales. Esta semana decenas de organizaciones laicas habían convocado una manifestación este viernes en la plaza Tahrir para protestar contra la concentración de poder de los islamistas y su dominio en la redacción de la Constitución. A última hora, la Hermandad decidió llamar también a los suyos a condenar la absolución de los líderes por la batalla del camello y ambas movilizaciones se saldaron con un enfrentamiento a pedradas entre ambos bandos, que se prolongó durante todo el día. Los grupos seculares, favorables también a terminar con la impunidad, culpaban a los Hermanos Musulmanes de utilizar la lucha contra el antiguo régimen sólo para favorecer sus intereses y apagar el resto de voces críticas.