La gran reforma de Obama cubrirá solo a seis millones de estadounidenses

 “¡Asesino de bebés!”. Para el legislador demócrata Bart Stupak, católico, ex seminarista y acérrimo detractor del aborto, la afrenta, proferida el pasado domingo en la Cámara Baja cuando esgrimía su defensa en favor de la reforma del sistema de salud, debió ser fulminante como un disparo por la espalda. El agresor, Randy Neuebauer, congresista republicano de Tejas, envenenado por “el calor y la emoción del debate”, no tardó en pedir disculpas. Un gesto tan necesario como estéril. La férrea oposición de los elefantes al proyecto estrella de Barack Obama, la mayor intervención social decretada por Washington en cuatro décadas, ha sido reemplazada por los mensajes viscerales del movimiento conservador Tea Party y los predicadores radiofónicos. La calle ha hecho suyo el extremismo.

“Stupak, asesino de niños, eres un hijo de puta. Estás muerto, sabemos dónde vives”. El contestador del congresista exuda odio. No es el único. Diez legisladores demócratas recibieron esta semana amenazas de muerte por apoyar la reforma sanitaria; cuatro oficinas fueron atacadas. Pero el voto de Stupak fue clave para la ratificación de la nueva ley y, por ello, se ha convertido en blanco de los furibundos. Su castigo refleja la desorbitada polarización que ha provocado el Obamacare, cuyo fin es brindar cobertura médica para 2019 a 32 millones de estadounidenses, poner a las aseguradoras bajo el control normativo del Gobierno federal -para exigirles, por ejemplo, que ofrezcan cobertura a ciudadanos que ya padecen alguna enfermedad- y reducir los costes sanitarios.

¿A qué se debe tamaña degradación del debate? Obviamente, al contenido de la ley. También al proceso legislativo seguido para su aprobación. Para un gran parte de los norteamericanos, hasta un 76% según las encuestas, la profunda reforma del sistema de salud emprendida por la Administración Obama es inaceptable. Atenta contra la Constitución y contra los principios democráticos del país. Y, lo que es más importante, no resolverá los tres grandes obstáculos que debe superar el sistema sanitario estadounidense.

“El plan no cambiará los tres principales problemas que requieren una reforma: reducir el coste de la sanidad (en promedio, dobla al resto del mundo), proveer el acceso universal a los servicios económicos y mejorar la calidad del sistema. Los costes sanitarios seguirán aumentando mientras muchos americanos se verán obligados a rescindir su seguro de salud porque no podrán pagar las cuotas, deducibles y co-pagos. Tampoco hay ninguna garantía de que los que no tienen seguro puedan pagar los nuevos seguros privados, a pesar de las subvenciones, que no tendrán efecto hasta dentro de cuatro años. La expansión del Medicaid no será efectiva hasta 2013 y, actualmente, muchos Estados no tienen el presupuesto o ingresos suficientes para abonar la parte que les corresponde. Tendrán que subir los impuestos”, señala a El Confidencial Isabel C. Arango, estadounidense con más de una década de experiencia en administración de hospitales, entre ellos el Mount Sinai.   

Una factura desmesurada…   

El plan combinado costará unos $938.000 millones en diez años. Financiado por un aumento de impuestos y reducciones al Medicare (el programa de seguro de salud para mayores de 65 años, que no cubre todos los gastos), reducirá el déficit federal en $143.000 millones en una década, según la Oficina de Presupuestos del Congreso. Es evidente que la reforma llega en el momento más inoportuno: EEUU no puede aumentar su déficit público y, si la factura es excesiva, solo podrá recurrir a una reducción de las prestaciones o a una subida de precios. Asimismo, el importe de las cuotas del seguro se elevará, porque si las compañías deben asegurar a todos los ciudadanos por el mismo precio y no pueden rechazar clientes aplicarán las tarifas de máximo riesgo.

“En la reforma no hay mecanismos efectivos de contención del coste para el seguro o el servicio de salud. Las aseguradoras ya han advertido que resultará en un aumento del coste. Tampoco hay control de precios. Otro punto controvertido es que solo cubrirá, como mucho, a seis millones de americanos. El gasto será mayor que con los programas privados, debido, principalmente, a atraer a una población que demanda cada vez más asistencia y a que no se establecen tasas de reembolso para médicos y hospitales. Las familias de clase media se verán forzadas a gastar entre un 15 y un 18% de sus ingresos en co-pagos y cuotas”, afirma Arango.

…Que correrá a cuenta de los contribuyentes

Analistas estiman que el gasto sanitario se incrementará un 50% en los próximos cinco años, un aumento que recaerá sobre las compañías que proporcionan seguros médicos y los ciudadanos. Pero ¿qué impacto tendrá la reforma en el bolsillo de los estadounidenses? Hace nueve años, los norteamericanos sufragaban un 15% del coste. En 2009, cargaban con un 22%. Para el año 2019 se estima que el 33% del coste saldrá de la cartera de los contribuyentes, es decir, unos 7.300 dólares anuales. Asimismo, los empresarios podrían verse obligados a pagar casi 15.000 dólares por empleado, según Hewitt Associates, una asesoría de recursos humanos.      

Cuando disputaba la carrera por la Casa Blanca, Obama prometió una reforma sanitaria en dos vertientes: una social y otra económica. La segunda se antoja imposible. La primera ha sido ampliamente ilustrada durante la campaña a favor de la ley con relatos de dolor y muerte. Tragedias como la de Marcelas Owens, el niño reconvertido en activista demócrata, el “escudo humano”, según la definición de algún congresista republicano. La madre de Marcelas, administradora de un restaurante de comida rápida, cayó enferma y perdió su trabajo por sus repetidas ausencias. Sufría una hipertensión pulmonar, una dolencia que le hacía escupir sangre varias veces al día. Al quedarse en paro, perdió su seguro médico. Murió seis meses después, sin haber recibido asistencia sanitaria. La duda es ineludible: ¿Sería otro su destino de haber vivido bajo el Obamacare?