La nueva Comisión Europea apuesta por impulsar un código civil europeo

La introducción de un Código Civil Europeo, un tema durante años en debate, es la principal propuesta de la aún designada comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding. Con ello pretende armonizar el derecho privado en Europa y superar las dificultades y costes burocráticos por la falta de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales entre países comunitarios. El texto asumiría áreas como la protección del consumidor, las operaciones empresariales, el comercio y el tráfico online, los sistemas de pagos, asuntos matrimoniales, medidas legislativas en materia penal o lucha contra el crimen organizado.

 

Esta semana y la próxima el nuevo equipo de comisarios propuestos por el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, pone a prueba ante el Parlamento Europeo (PE) su idoneidad para ocupar sus respectivas carteras, prevista la entrada en funciones para principios de febrero. A principios de esta semana fue el turno de la luxemburguesa Viviane Reding, comisaria designada para Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Su principal propuesta es desarrollar un Código Civil Europeo que se ocupe de acercar las distintas legislaciones y superar la falta de reconocimiento de decisiones judiciales entre los países miembros. Todo ello haciendo gran hincapié en que los ciudadanos deben conocer sus derechos, “sin conocimiento, no hay derechos”.

 

Alguno de los pilares fundamentales en los que se sostiene la Unión Europea (UE), como la libertad de circulación de personas y el libre tráfico de bienes y mercancías dentro de todo el territorio de la Unión, hacía esperar una simplificación de las normas del derecho privado en el mercado interior. Entre las medidas de acercamiento para los sistemas jurídicos, la comisaria Reding ha apoyado el programa Erasmus para jueces que quiere impulsar la presidencia española de turno de la UE.

 

La necesidad de proteger a los consumidores ha sido una de las materias pioneras que la Unión ha tratado de armonizar. Las propuestas de la futura comisaria siguen esta línea, y defienden ante todo la privacidad, la protección de datos y la defensa de los derechos fundamentales. A pesar de posibles reticencias por parte de los Estados miembros y de las grandes empresas, un Código Civil Europeo también facilitaría y reduciría los costes de las actividades transfronterizas de las empresas, así como de los servicios financieros.

 

Hasta ahora se ha estudiado la posibilidad de que un texto que se ocupe del derecho privado europeo tuviera un carácter no vinculante. Pero en cuestiones como la violencia de género, la mutilación genital, los asuntos matrimoniales, divorcio, pornografía infantil y la patria potestad de menores entre padres de distintos países, Reding se ha mostrado tajante.

 

La unificación de las normas del derecho privado es un camino que ya ha empezado a allanarse a través de numerosas transposiciones de directivas europeas que se han ido adhiriendo al derecho nacional. Así, España se ha visto obligada a promulgar leyes para armonizar la legislación española con la normativa comunitaria como en los casos de: la protección jurídica de programas de ordenador, la protección jurídica de las bases de datos, la responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, las condiciones generales de la contratación o el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico, la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la regulación del comercio electrónico.

 

Crítica a la iniciativa estadounidense de los escáneres corporales

 

La comisaria designada Reding también se pronunció sobre el uso de los escáneres corporales en los aeropuertos, tal y como defiende Estados Unidos, que no considera en absoluto una panacea. “Creo que tenemos que buscar otras formas de detectar explosivos menos intrusivas y más cuidadosas con la privacidad”. En el supuesto de que los escáneres corporales se instalen en los aeropuertos europeos, la luxemburguesa considera que ante todo deben tener un carácter voluntario, tienen que ser seguros para la salud pública y las imágenes obtenidas no podrán almacenarse.

 

En esta materia, dio a entender que los acuerdos con Estados Unidos para el intercambio de información de pasajeros aéreos deben ser revisados. Además, la reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa se acompaña de la carta de derechos fundamentales para los ciudadanos de la Unión, que según la comisaria designada debe estar presente en todas las políticas de la UE, también en la lucha por la seguridad.