¿Necesita Reino Unido una Constitución?

Westminster atraviesa la peor crisis de su historia. Desde que se hicieran públicos los gastos excesivos e injustificados que los diputados de todas las formaciones políticas disfrutaban a costa del bolsillo del contribuyente gracias al comodín de 'segunda vivienda', el Parlamento ha caído en un pozo sin fondo de desprestigio.

El episodio ha provocado la salida de la Cámara de los Comunes del conocido como Mr. Speaker, un hecho insólito que no se veía desde 1695. Las continuas publicaciones de facturas de casitas de patos para el jardín, sillas de masajes o comida para el perro también han conseguido que la mitad de los parlamentarios estén abocados a abandonar su escaño antes de las próximas elecciones generales. La retirada de hasta 325 diputados supondrá la mayor estampida desde la II Guerra Mundial.

Dadas las circunstancias los líderes políticos han hecho pública su intención de llevar a cabo una gran reforma constitucional. En Reino Unido, no existe un documento firmado por los padres de la patria como tal. La democracia más antigua de la Europa moderna está constituida por el derecho común, el estatutario y las convenciones. Ninguno de los dirigentes que hoy habla de “cambio constitucional” tiene en mente redactar un texto que englobe toda esta amalgama de leyes. El público tampoco lo demanda. Lo que realmente quiere el electorado es un gran cambio y le da igual que venga de la mano de un texto firmado o de un consenso.

La modificación del marco normativo es un debate ya viejo en las islas. El asunto siempre ha sido utilizado de manera recurrente durante campaña electoral. Lo utilizó a principios de los 90 Neil Kinnock, cuando luchaba contra John Major por el Número 10. Y posteriormente lo rescató Tony Blair. La mayoría absoluta que luego alcanzó en el Parlamento le produjo una fuerte amnesia y, desde 1997, el Laborismo nunca ha encontrado el momento apropiado para abordar el tema. Hasta ahora, claro.

Alertados por la crisis nacional, varios pesos pesados del Gobierno comenzaron a azuzar a Gordon Brow para que presentara una serie de medidas con las que pudiera pasar a la historia. El ministro de Exteriores, David Miliband, el secretario de Pensiones, James Purnell, el titular de Negocios, Peter Mandelson y la número dos del Partido, Harriet Harman, iniciaron un plan que afectaba desde la intocable ley electoral hasta la mismísima Cámara de los Lores, una de las instituciones más emblemáticas del país.

La 'gran revolución'

Los detalles de la llamada 'gran revolución' salían poco a poco a través de la prensa, pero nunca había confirmación oficial por parte de Downing Street. El premier esperaba el momento adecuado, pero una vez más, su indecisión le ha vuelto a jugar una mala pasada. Cuando nadie lo esperaba, David Cameron, favorito en las encuestas para convertirse en el nuevo primer ministro, ha presentado su propia batería de propuestas ganando el puesto “del verdadero reformador”.

El paquete del líder tory, sostenido por una redistribución radical de poderes, pasa por limitar el mandato a los parlamentarios, reducir el número de diputados, ofrecer a los electores la oportunidad de presentar propuestas en el Parlamento, ampliar las capacidades de las autoridades locales, conceder a los diputados mayor libertad de voto y promover un modelo de “primarias abiertas” para elegir los candidatos a Westminster por sus respectivas comunidades.

La gran mayoría de las medidas comparten el enfoque dado por el Gobierno, pero hay dos puntos claves en los que Conservadores y Laboristas no consiguen ponerse de acuerdo. El primero, la modificación de la Cámara de los Lores, la máxima instancia judicial de Reino Unido. Mientras el equipo de Gordon Brown quiere que ésta sea designada por decisión popular, los de Cameron prefieren no tocarla por el momento.

El segundo punto de discordia es la reforma de la ley electoral. El actual sistema de escrutinio que existe en Reino Unido es el uninominal mayoritario, más conocido como first-past-the-post (el primero se lo lleva todo). Se elige a un diputado en cada circunscripción y gana el que más votos tiene. La peculiar regla de juego permite, por ejemplo, que un partido que sólo haya conseguido el 36% de los votos goce de mayoría en el Parlamento, como pasa ahora con el Laborismo.

El actual ministro de Sanidad, Alan Johnson, ha pedido un referéndum para saber la opinión del electorado. Jonhson propone cambiar el actual sistema por la representación proporcional (PR, en inglés), donde los partidos podrían obtener también escaños según su porcentaje de votos. Cameron se opone a la reforma, pero más de cien compañeros de filas han mostrado su apoyo formal a Johnson para que se lleve a cabo un cambio. Si finalmente la propuesta saliera adelante, el Laborismo ganaría un tanto, pero el triunfo significaría al mismo tiempo un batacazo para Gordon Brown. El titular de Sanidad es un firme candidato para sustituirle tras los comicios generales del próximo año y si demuestra que tiene liderazgo en el partido, el premier tendería más papeletas para salir por la puerta pequeña.

Aunque el consenso de ambos partidos se está vendiendo como la solución al problema, lo que realmente interesa a las formaciones es demostrar quién fue el primero en presentar la gran reforma.

El Gobierno tomó la iniciativa, pero el hecho de que el líder de la oposición presentara de manera oficial su paquete de medidas causa un gran problema. Las figuras más emblemáticas del Laborismo son conscientes de que tienen muy complicado ganar las elecciones generales, pero ya han invitado al resto de formaciones para alcanzar consensos. Si consiguen pactar la reforma inédita constitucional antes de salir de Downing Street pasarán a la historia. Si no lo hacen, a ojos del electorado quedarán como los que estuvieron en el Gobierno cuando Westminster protagonizó su peor escándalo y el país vivía la peor crisis económica desde la II Guerra Mundial. Disponen de un año. Demasiado en juego para tan poco tiempo.