Ex trabajadores saharauis reclaman ante los tribunales la equiparación a sus compañeros españoles

El pasado 22 de diciembre, un grupo de 283 ex trabajadores saharauis, representados por el bufete jurídico madrileño Pancorbo-Stampa, presentó ante el juzgado de lo social una demanda en reclamación de tutela de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, con importantes implicaciones económicas.

Con el ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato laboral, los antiguos trabajadores de Fosbucraa han llevado a los tribunales la discriminación a la que fueron sometidos por no haber nacido en cualquier otro territorio español. Partiendo de esta base, solicitan el reconocimiento a percibir una indemnización económica a determinar, en función de lo que dejaron de percibir en comparación con sus compañeros procedentes del resto de España, con los que mantenían condiciones laborales similares.

La empresa española Fosbucraa, nombre que adoptó a partir de1968, ya que anteriormente se denominada Empresa Nacional Minera del Sahara (Enminsa), se vio inmersa en las negociaciones de los Acuerdos de Madrid, producidos a raíz de la Marcha Verde iniciada el 6 de noviembre de 1975, y que suponían el traspaso de la tutela efectiva de la antigua provincia española del Sahara, a Marruecos y Mauritania.

La administración española va a tener ahora trabajo extra con este caso, que salpica a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Industria, Igualdad, Exteriores, Justicia, etcétera, y que apela a la Ley de Memoria Histórica, ya que estos trabajadores padecieron persecución y violencia por razones políticas y étnicas.
 
En la demanda interpuesta por Bachir Amanna, Mokhtar Maatallah Ali, y 281 antiguos empleados más, a los que está previsto que se sumen como mínimo otros 300 antiguos trabajadores, piden ser compensados por las vulneraciones de derechos fundamentales a los que fueron sometidos durante su permanencia en Fosbucraa, durante el tiempo que permanecieron trabajando en la empresa, que fue cedida por el Instituto Nacional de Industria (INI) a la Office Cheriffien des Phosphates (OPC), del Reino de Marruecos.

El abogado Félix Pancorbo plantea una cuestión laboral y constitucional, en base a la discriminación de que fueron objeto. “Eran trabajadores españoles que de repente, en un acto de violencia, pasaron a convertirse en súbditos de Marruecos”, dice.   

Los ex trabajadores de Fosbucraa reclaman una compensación por la pérdida de los derechos en materia de Seguridad Social, incluidas pensiones y derechos de jubilación revalorizados al momento actual, a fin de igualarse a sus compañeros del resto de España. También solicitan la tutela del juzgado ante cualquier situación o acto que se realice en perjuicio de los trabajadores demandados llevados a cabo por el INI, la SEPI, o el gobierno de España en connivencia con el Reino de Marruecos. Igualmente, desean acceder a los datos que les permitan realizar un estudio comparativo sobre la limitación de derechos a los que se vieron sometidos por ser trabajadores nativos.   

Los saharauis contratados fueron unos 1.500

Se estima que el número de trabajadores saharauis nativos españoles contratados por Fosbucraa entre 1968 y 1976 fue de unos 1.500. Muchos se vieron afectados por la decisión del gobierno español, adoptada en mayo de 1975, de cesar en la administración del Sahara, pero de manera compatible con la defensa de los legítimos derechos españoles, “entre los que se encuentran mis representados”, dice la demanda. El INI vendió el 65% de las acciones de la empresa Fosfatos de Bu-Craa a la OCP marroquí, pero con la garantía del respeto a las concisiones laborales vigentes para el personal que continuara en su trabajo. En mayo de 1977, el INI cedió a la OCP la mayoría de las acciones de la empresa de fosfatos. A partir de ese momento, estos trabajadores españoles nativos fueron discriminados por la empresa, que empezó a pagar sus salarios en moneda marroquí, dirhams, con un valor que suponía una depreciación frente a lo que cobraban sus compañeros españoles en pesetas.

Según la demanda, estos trabajadores nativos y españoles fueron abandonados a su suerte. Cuando reclamaron a la dirección de la empresa,  fueron objeto de represalias por parte de la Gendarmería marroquí. Incluso se produjeron desapariciones bajo la excusa de ser obreros simpatizantes del Frente Polisario. Se adjunta una relación de 39 saharauis trabajadores de Fosbucraa desaparecidos, posteriormente dados por muertos.

La demanda dice que la atmósfera de terror para los trabajadores nativos duró hasta la década de los noventa y principios del año 2000, pero el resto de trabajadores españoles no vio alterada su normalidad, contando con todo tipo de tutelas y garantías en las condiciones laborales derivadas de sus contratos de trabajo. Una situación injusta y arbitraria, según la demanda,  ignorada sistemáticamente tanto por la empresa Fosbucraa, como por el gobierno de España. En el verano de 1996, una gran parte de los trabajadores nativos de la empresa decidieron llevar a cabo una huelga de protesta en el Aium, a fin de denunciar las violaciones e injusticias que venían padeciendo desde 1977. No sirvió para nada, fueron tachados de terroristas y duramente reprimidos.

La demanda pone el acento en la discriminación de estos trabajadores, frente a sus compañeros españoles, por razón de la etnia, que además, por los enjuagues del gobierno de turno, desembocó en la pérdida obligada de la nacionalidad española y de otros derechos fundamentales y constitucionales, convirtiendo al pueblo saharui en marroquíes o apátridas. A partir de la entrada en vigor de la Constitución Española, cualquier conducta discriminaría resultaría inconstitucional. Desde el bufete de abogados se recuerda que este tipo de infracciones constitucionales gozan de prioridad judicial.