El juicio que comienza este 8 de febrero se centra en el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP de Génova con dinero de la caja B entre 2007 y 2008, unas obras por las que se sientan en el banquillo a Luis Bárcenas, el exgerente del partido Cristóbal Páez y los responsables de Unifica, empresa que se encargó de las mismas: Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

A pesar de que la vista se acota a las irregularidades en la reforma del edificio, el procedimiento está inevitablemente ligado a la caja B. El extesorero, en prisión por el caso Gürtel, aún no ha dicho su última palabra. Resultarán clave los límites que imponga el tribunal que integran Fernando Andreu, María Fernanda García Pérez y José Antonio Mora y las preguntas que lancen las distintas acusaciones. Las fuentes consultadas apuntan a que Bárcenas no tiene ya nada que perder y más después de que el Supremo confirmara la condena de 12 años de prisión para su mujer, Rosalía Iglesias.

Al margen de los acusados, el PP acude al juicio como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido, lo que abre la puerta a que el extesorero se extienda en sus explicaciones. Por mucho que la credibilidad del extesorero se haya visto mermada por sus cambios de versiones en los últimos años, las fuentes consultadas apuntan a que puede respaldar con documentación cualquier afirmación, por lo que los efectos de este primer juicio pueden afectar a las investigaciones paralelas que todavía tiene entre manos la Audiencia Nacional. El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, reactivó a finales de enero las pesquisas sobre la caja, lo que allana el camino para que la reforma de la sede no sea más que el pistoletazo de salida a nuevas revelaciones.