Argentina apura hasta la víspera para tratar de evitar el 'default' con una nueva reunión

Ya se sabía que la delegación argentinaiba a viajara Nueva York para encontrarse con el mediador Daniel Pollack, pero esta tarde él mismo lo ha confirmado. Ante los miles de rumores que surgen a raíz del casi inminente "default" en el que va a caer Argentina el próximo jueves 30 de julio, cuantas más veces sea confirmada una noticia, mejor.

Del país sudamericano llega de todo: que la Presidenta, Cristina Fernández, está ya preparándose para el "default" y ha comenzadoa blindar bienes del país; que el ministro de Economía,Axel Kicillof, no mueve un dedo por ayudar al país porque planea tomar el mando; etc.

Miles de rumores ante una realidad: como Argentina no llegue a un acuerdo con los "fondos buitre" que litigan con el país antes de mañana, por medio del mediador designado por el juez estadounidense Thomas Griesa, caerá en suspensión de pagos.Una situación que podría evitar mañana a las 17 hora española, cuando se reunan los representantes del país con el mediador, ya que se siguen negando a sentarse en la misma mesa que con los litigantes.

Aunque no parece que vaya a haber acuerdo, más que nada porque Argentina no considera que deba pagar nada."Argentina no va a estar en 'default' por una razón muy sencilla, esencial, elemental: en 'default' entran los que no pagan y Argentina pagó", aseguró el pasado miércoles Cristina Fernández.

Mientras en el mundo financiero se habla del inminente octavo "default" de la historiaargentina, el Ejecutivo de Fernández insiste en que técnicamente no hay incumplimiento porque el país pagó en el momento de girar a Estados Unidos, el pasado 26 de junio, el dinero destinado a inversores con bonos derivados de los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Sin embargo, esos fondos no llegaron a las cuentas de los acreedores el 30 de junio, día del vencimiento, y quedaron en los bancos encargados de hacer efectivos los pagos, atrapados en un limbo judicial derivado del litigio de los fondos buitre contraArgentina.

Y es que a raíz de este juicio, por el que los fondos reclaman aArgentina1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, por bonos en mora desde 2001, el juez del caso, Thomas Griesa, bloqueó los fondos destinados a los acreedores de deuda reestructurada con el fin de asegurar la cobranza a los querellantes, que ya tienen una sentencia a favor en firme por parte de ese magistrado.

En teoría,Argentinatenía un mes de gracia para regularizar su compromiso con los tenedores de bonos antes de ser declarada en "default" técnico, plazo que vence este miércoles, y en este mes Buenos Aires ha solicitado varias veces a Griesa, sin suerte, una medida cautelar para liberar los fondos.

En paralelo, ha advertido que el magistrado deberá afrontar consecuencias legales por retener fondos que son de terceros y no ya deArgentinapues alega que el solo giro del dinero constituye ya un pago, argumento que también ha comunicado a sus acreedores en "avisos legales" para cubrirse ante eventuales juicios."Van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien bloqueó y no deja llegar ese dinero, que es de terceros, a esos terceros, que son los tenedores del canje de 2005 y 2010 que entraron de buena fe", insistió Fernández.

En uno de sus tantos avisos legales a los tenedores de bonos,Argentinaadvirtió que deslindaba toda responsabilidad si los inversores no podían acceder a su dinero por culpa de un fallo judicial que excede al país sudamericano.

Argentinainsiste en que siempre manifestó "voluntad de pagos" y la estrategia es que la responsabilidad recaiga sobre el juez.

El pasado sábado, Carlos Zanini, secretario de Legal y Técnica de la Presidenciaargentinay "mano derecha" de Cristina Fernández, advirtió que Griesa va afrontar "alguna consecuencia porque no puede afectar así la propiedad de terceros".

Argentinatiene recursos suficientes para pagar a los litigantes todo lo que reclaman, en efectivo, pero Buenos Aires argumenta que, si lo hace, incumplirá una cláusula legal que le impide dar mejores condiciones de pago a otros acreedores por sobre las que admitieron quienes entraron a los canjes de 2005 y 2010 y convalidaron fuertes quitas sobre el capital y bonos a largo plazo.

Si viola esta salvedad legal, que caduca a finales de este año,Argentina, según alega el Gobierno de Fernández, se expone a demandas por parte de los acreedores de su deuda reestructurada, con costos que Buenos Aires calcula en 120.000 millones de dólares, un peso que el país, con reservas monetarias por 30.000 millones, no podría afrontar.

La última vez queArgentinaentró en mora fue en diciembre de 2001, cuando, en medio de una severa crisis económica, social y política, declaró un cese voluntario de pagos por 102.000 millones de dólares, considerado el mayor cese de pagos de la historia moderna.

Con dos operaciones de canje, en 2005 y 2010, el país reestructuró la mayor parte de esa deuda, con una quita del 65 % y la adhesión del 93 % de sus acreedores.

Pero parte de los bonos que no ingresaron al proceso fueron adquiridos en 2008 por fondos de inversión que llevaron aArgentinaa los tribunales en un juicio que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza.