Así murió Abengoa: los 20 millones de la Junta y el fantasma de Isofotón

Después de tres refinanciaciones y seis años dando bocanadas para sobrevivir, en los últimos meses de vida de Abengoa, ha preocupado más el miedo a ser responsable de su muerte que la determinación por arrimar el hombro. Sobre todo en las esferas políticas. La Junta de Andalucía ha preferido pecar de prudente antes que jugarse 20 millones de euros, su parte proporcional del esfuerzo colectivo, y exponerse a cualquier rasguño por la deriva de la compañía.

Ahora ya solo queda organizar el entierro. Y eso a pesar de que, pese a la complejidad existente —6.000 millones de pasivo—, todos los acreedores estaban en la solución, con el Santander a la cabeza. Solo faltaba el 'sí quiero' de la Junta, que estuvo dando largas desde el verano, para desesperación del resto, hasta el punto de que la entidad de Ana Botín se ofreció para poner esos 20 millones extra y no echar por tierra el último 'electroshock' que mantendría con vida Abengoa.

Y donde había una solución de emergencia, llegó una última objeción insalvable. Moncloa se había sumado al ICO para participar en la salvación, pero no quería hacerlo sin que la Junta estuviera alineada con el plan de rescate. Apelaba a lo que en el argot bursátil se califica como ‘skin in the game’. En términos políticos, no tenía sentido resolver un problema en el patio del popular Juan Manuel Moreno sin que se expusiera como el resto, ni dejar que Botín hiciera las veces de la Junta.

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Ni el Partido Popular ni Ciudadanos hicieron suyo el rescate de Abengoa, empresa emblema de Sevilla durante décadas. Como reconocen con pesadumbre desde la antigua cúpula de la compañía, han tenido demasiado presente el caso Isofotón, el fabricante malagueño que pasó de líder europeo en paneles solares a la liquidación en menos de una década (2006-2014) y que ahora es investigado por posibles ayudas irregulares (más de 80 millones) por parte de la Junta.

Por si fuera poco, por el camino se ha cruzado una corriente de populismo capitalista dispuesta a hacer más difíciles las cosas. Los accionistas afectados —AbengoaShares— se opusieron a los acuerdos aprobados en juntas anteriores y se dieron el gustazo de sacar de la compañía al equipo de Gonzalo Urquijo, responsable del plan que dejaba a los accionistas con un 2,7% de la nueva compañía (AbeNewCo), pero nada ha servido luego (ni Marcos de Quinto) para lograr algo mejor.

Esta deriva ha terminado con Clemente Fernández, aupado por los minoritarios, como candidato a comandar Abengoa. El expresidente de Amper, pocas veces puesto como ejemplo de buena reputación corporativa, se erigió como salvavidas a cambio de prometer lo imposible. Es decir, que los accionistas tenían derecho a quedarse con una participación mayor de la Abengoa viable (AbeNewCo), aun a riesgo de quedarse con un trozo mayor de algo que no vale nada.

Ni el PP ni Cs hicieron suyo el rescate de Abengoa, empresa emblema de Sevilla durante décadas

Y en medio de todo este despropósito, el mismo día de la solicitud de concurso de acreedores por parte de Abengoa, el vicepresidente de la Junta, el naranja Juan Marín, anunció la compra inmediata de la sede corporativa de Palmas Altas y unas parcelas adyacentes por 78 millones de euros, en lo que será la nueva Ciudad de la Justicia. Un requiebro bastante inútil, pues la transacción estaba acordada hace dos años y el comienzo de la pandemia pospuso la ejecución.

Ahora que el juez de lo Mercantil ha suspendido la junta extraordinaria prevista por los minoritarios el 4 de marzo, en la que habrían controlado Abengoa, toca esperar a que el concurso salve la mayor cantidad de negocios en la liquidación. Será una venta por partes y todos perderán más que en caso de haberlo intentado por última vez. Un gigante español de la ingeniería especializado en renovables y tratamiento de aguas se irá al traste y todos velarán el muerto sin cargos de conciencia.