Una Ley de Vivienda, dos gobiernos y un villano perfecto (Blackstone)

Pocas veces antes una nueva Ley de Vivienda concitó tanta atención. Hay muchos intereses en juego, tanto políticos como económicos, y demasiados bandos con posiciones opuestas. Y aunque es normal que exista tensión entre legislador y actores en juego, no lo es tanto que haya puntos de partida tan diferentes en el propio Gobierno, algo que lejos de ser un secreto a voces es una realidad palpable: mientras el PSOE asume la interlocución con el sector inmobiliario para desarrollar la redacción de la ley, Unidas Podemos interviene ante la opinión pública para condicionar la acción política.

Para incomodidad del ministro José Luis Ábalos, titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, su competencia para el desarrollo de la nueva Ley de Vivienda es compartida con la Vicepresidencia Segunda, aquella desde donde Pablo Iglesias ejerce de manera transversal (“haciendo poco y diciendo mucho”, como confiesa en privado más de un ministro socialista) en todo cuanto puede de la agenda de Moncloa. Y sobre esta materia en cuestión, bandera del discurso de cambio promovido por los morados en sus inicios, Unidas Podemos apuesta por llevar lo más lejos posible su ideario.

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C. H. E.S.

Aunque en el fondo pueda ser puro tacticismo político, la capacidad de Iglesias de condicionar la nueva Ley de Vivienda es una realidad. Es su demostración de poder. Solo así puede explicarse la réplica indirecta que esta semana, en un evento patrocinado por una asociación de inversores inmobiliarios (Asval), ha protagonizado Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, alertando sobre el posible impacto negativo en el conjunto de la economía de un ajuste poco moderado en los precios de la vivienda. El mensaje no era para Podemos, sino “para la parte seria del Gobierno”.

Por el momento, el equipo de Ábalos pretende convencer a los grandes propietarios de vivienda en alquiler (controlan solo el 4,2% del mercado libre, aunque concentrado en grandes regiones metropolitanas) que participen en la creación de un fondo común, gestionado por la Administración y con precios asequibles para atender a las personas más vulnerables. Esta sería la versión suave frente a la propuesta 'confiscatoria' enunciada por la dirigente morada Ione Belarra, que, como secretaria de Estado, ha defendido la conveniencia de obligar al sector privado a que aporte un 30% para ese fin.

Riesgo jurídico

Nadie salvo Unidas Podemos levanta la voz. Los fondos se agarran a la buena disposición encarnada por el PSOE. Sostienen que “necesitamos políticas serias que trabajen en activar soluciones viables a los grandes problemas”, como afirman desde Asipa, pero alertan de cómo “hacer populismo en vivienda es una actitud irresponsable que bloquea la búsqueda de soluciones reales”. Sin embargo, la tendencia existente, con Cataluña y su capital, Barcelona, como vanguardia, hace temer el peor escenario a los inversores, que ya contemplan acciones judiciales contra el Reino de España si se vulneran sus derechos.

Ábalos se enfrenta a un problema heredado que pretende atajar de la mano del sector privado, aunque puede que a ninguno le salgan los números. Las primeras viviendas de las 20.000 prometidas por el titular de Transportes al poco de estrenar su cargo no llegarán al mercado, en el mejor de los casos, hasta 2023-24. Hasta entonces, el riesgo de una nueva crisis acentúa el temor a otro embudo en el acceso a la vivienda en grandes núcleos urbanos, como ocurrió en la anterior crisis y se perpetuó en los años posteriores: entre 2013-2020, el precio medio del metro cuadrado (alquiler) subió más de un 60%.

Y como en todo culebrón, siempre hay un villano perfecto a quien culpar de la actual situación, en este caso Blackstone, el fondo con más viviendas en alquiler del país (en torno a 35.000). Por diferentes motivos, hay quienes pretenden convertir la presencia del mayor inversor inmobiliario del mundo en España en una anomalía, fruto de la sumisión de los intereses comunes al fin especulador del gigante estadounidense, en lugar de entender que, en el mercado global del dinero (el que aquí no hay), su apuesta por este mercado se asemeja más a la llegada del primer McDonald's a la Gran Vía de Madrid.

Poca oferta VPO

Cuesta más reconocer que el problema es fruto de las políticas de vivienda realizadas durante décadas. Esta semana, Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, recordaba en un hilo algunos motivos que nos han traído hasta aquí: “De 1952 hasta hoy, se han construido 6,8 millones (27% del total del parque) y hoy solo tenemos 300.000 viviendas de protección oficial públicas de alquiler”. Y con varios agravantes, pues el grueso lo promovió el sector privado y lo costearon los compradores, por no apuntar al problema de base: descalificar el uso original por el de vivienda libre.

Solo teniendo presentes estas dinámicas pueden entenderse episodios recientes tan controvertidos en su caso más extremo, como la venta de viviendas de protección pública realizadas por el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (1.300 y 3.000, respectivamente) a fondos de inversión en tiempos de Ana Botella e Ignacio González. Plataformas públicas mal gestionadas, sobredimensionadas y endeudadas renunciaron a su mandato político para quitarse un problema de encima, mientras Blackstone y Goldman Sachs solo vieron la rentabilidad que obtendrían reposicionando el valor de los pisos.

Aquellas polémicas operaciones, todavía judicializadas, son la excepción a una tendencia global que se viene abriendo paso en España. Francia o Alemania también tienen problemas cíclicos de acceso a la vivienda y cuentan con grandes propietarios, por lo general inversores institucionales que canalizan ahorro colectivo nacional e internacional hacia este sector, con rentabilidades muy ajustadas (no son fondos buitre). Y estos países, espejo para muchas cosas, han probado iniciativas (experimentales) de todo tipo, como la limitación del precio del alquiler, pero con resultados dispares.

Falta política

La gran diferencia entre España y nuestro entorno es el volumen de vivienda protegida existente y los recursos dedicados a estas políticas. Ocurre incluso a pequeña escala, como demuestra el País Vasco en comparación con el resto de comunidades (casi el doble que la media nacional). Lo urgente, sin embargo, hace que los responsables de aportar soluciones señalen a Blackstone, al menos ante la opinión pública, entendiendo que así será más fácil (y tendrá más réditos políticos) hacerle corresponsable de la solución. En el fondo, que ponga el dinero (los pisos) que el Estado no tiene.

Como recuerda el defensor del pueblo en un informe de 2019, “los mercados inmobiliarios son campos de poder que están plagados de decisiones políticas de arriba abajo”. La crisis anterior, con el binomio ladrillo-banca como protagonista, dejó un entorno crítico, con los españoles más asfixiados para pagar su casa (precio de la vivienda sobre renta bruta disponible). Entonces, la presión para aplacar el problema fue a los bancos. Ahora, a fondos como Blackstone. Nadie repara en que “hace 15 años, se promovía 10 veces más VPO” o en la incidencia de la precariedad laboral. Eso es más complejo.