Alegría en los grandes patrimonios: el Impuesto de Patrimonio queda suprimido desde el 1 de enero

Estaba claro que el Impuesto de Patrimonio se iba a suprimir incluso antes de las elecciones, puesto que tanto PSOE como PP lo llevaban en sus programas electorales. Pero lo que ha sorprendido muy agradablemente es que el Gobierno haya decidido eliminarlo con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2008. Una gran noticia para los grandes patrimonios de nuestro país.

Este anuncio aparece dentro del paquete de medidas para hacer frente a la grave crisis económica que sufre nuestro país, junto al reparto de los famosos 400 euros entre los contribuyentes, el alargamiento del plazo de las hipotecas para familias en dificultades y otras por un montante estimado de 10.000 millones de euros que pagaremos todos los españoles.

La supresión retroactiva del Impuesto sobre Patrimonio significa que la declaración de este año -referida al ejercicio de 2007- será la última que se presente. El próximo año no habrá que hacerla. La pérdida de recaudación para el Estado es prácticamente inapreciable -poco más de 1.300 millones de euros-, por lo que es igual de inapreciable su efecto en el crecimiento económico.

Pero el Gobierno hace meses que asumió las críticas de los altos patrimonios, que consideran que el Impuesto del Patrimonio era una doble imposición de un dinero que ya había pagado el Impuesto sobre la Renta. Lógicamente, eso generó rechazo entre las bases socialistas, un rechazo que puede recrudecerse ahora, aunque el Ejecutivo ha tratado de que la medida pase desapercibida dentro del plan de choque anticrisis.

De cualquier forma, los ricos tienen otras preocupaciones en mente desde hace meses. La más importante es el posible regreso del Impuesto de Sucesiones, suprimido o rebajado en un buen número de comunidades autónomas, mediante la fijación de un tipo mínimo de gravamen en todo el territorio nacional con el aplauso de los inspectores de Hacienda.

Otra medida que ha pasado desapercibida es mejorar la fiscalidad de la Deuda Pública y otros instrumentos de renta fija para no residentes, con el objetivo de atraer inversión extranjera. En la práctica, esta medida consiste en la exención total de tributación (y de retención a cuenta) de los intereses de la deuda percibidos por los no residentes. Y el objetivo es que la renta fija española se encuentre en igualdad de condiciones con la que de los principales competidores de España en los mercados financieros internacionales

Once medidas contra la crisis

Impulsar la actividad y aliviar la actual situación de familias y empresas son los objetivos teóricos de las once medidas aprobadas hoy por el Gobierno, incluyendo la del Patrimonio, mediante las que prevé inyectar 10.000 millones de euros en la economía española este año. Estas medidas, articuladas en un Real Decreto-Ley y un Acuerdo del Consejo de Ministros, se centran en dos ejes: uno social, de protección de trabajadores, empresas y familias ante la desaceleración; y otro económico, de impulso de la actividad por vía presupuestaria.

Con la "condición fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria", el conjunto de medidas incluye rebajas de impuestos, ayudas a las familias con hipotecas y a las empresas, estímulos para financiar la vivienda protegida y para rehabilitar edificios, un plan de recolocación de parados, impulso de obra pública, y mejora de la fiscalidad para la inversión extranjera.

El plan para recolocar a los desempleados, que tendrá un coste de 201 millones de euros, se centra en reforzar la inserción laboral y formación profesional, para lo que se contratarán 1.500 "orientadores" que elaborarán itinerarios personalizados de los parados. Además, se dará una ayuda de 350 euros mensuales durante tres meses a los parados con especiales dificultades de inserción laboral y cuyas rentas sean inferiores al IPREM.

De los 10.000 millones que el Gobierno prevé inyectar en la economía española, 6.000 millones (equivalentes el 0,9 por ciento de la renta disponible de las familias) corresponden a la deducción de 400 euros que se aplicará a los contribuyentes que perciben rentas del trabajo, asalariados y pensionistas, y a quienes obtengan rendimientos de actividades económicas. Esta medida se aplicará en las nóminas de junio, mes en el que las retenciones serán de 200 euros menos, mientras que el resto, hasta los 400 euros, se prorrateará en los restantes meses del año.

En cuanto a los autónomos, los que hagan pagos fraccionados podrán beneficiarse de la deducción a partir de junio y a los demás se les aplicará cuando presenten la declaración del IRPF.

La tercera medida prevé que las obras en un edificio se consideren rehabilitación cuando su coste supere el 25 por ciento del precio de compra, sin incluir, como hasta ahora, el precio del suelo, con lo que se amplia el número de obras que se beneficiarán de una fiscalidad más ventajosa, ya que podrán recuperar el IVA soportado, con lo que se estimulará la actividad en la construcción.

Hipotecas

Ayudar a las familias con hipotecas es el objetivo de la quinta medida, que elimina los gastos de ampliación del plazo de amortización de las hipotecas y que entrará en vigor en mayo con una vigencia de dos años. No obstante, el Gobierno no ha ultimado este compromiso con las entidades financieras, que incluye además la supresión de los gastos fiscales de estas operaciones, así como los registrales y notariales.

Para ayudar a la empresas se ha aprobado la ampliación en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pymes, que pasa de los 1.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado para este año a los 3.000.

Para aumentar la liquidez de las empresas, a partir de 2009, éstas podrán solicitar la devolución del IVA mensualmente, lo que les permitirá cobrar de forma anticipada unos 6.000 millones de euros.

Con el fin de estimular la financiación de la vivienda protegida, se ha ampliado en 2.000 millones la línea de avales del ICO para la titulización de préstamos hipotecarios destinados a adquirir vivienda protegida, que pasa de los 3.000 millones previstas para 2008 a 5.000 millones.

La novena medida pretende agilizar la obra pública y para ello la Comisión Delegada para Asuntos Económicos analizará trimestralmente el grado de ejecución de la misma y propondrá las medidas necesarios para acelerarla.

Para reforzar la construcción de vivienda protegida se convocará, de forma urgente, la Conferencia Sectorial de Vivienda, con el fin cumplir el objetivo de construir 150.000 viviendas protegidas al año y promover la rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.