Industria infló en un millón las familias que podrán beneficiarse de la tarifa social

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció en su primera comparecencia en el Congreso que la nueva tarifa social, que supondría una rebaja del 10% en la tarifa de la luz para las familias que tienen una potencia instalada por debajo de 3 kilovatios, afectaría a 4,5 millones de clientes. Pero los números cantan. Industria reconoce en la orden ministerial remitida a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la que revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio que de esos 4,5 millones “habría que descartar las segundas residencias, que se han estimado pueden ser un 20%”. Y es que uno de los requisitos que se fijan para acceder a la tarifa social es que “el suministro esté destinado a la residencia habitual del titular”.

De este modo, de los 4,5 millones de contratos susceptibles de acogerse a la nueva tarifa social, habría que descontar uno de cada cinco, hasta 920.000 viviendas que en realidad son segundas residencias y quedan fuera de la iniciativa. Por tanto, el número de abonados que podría acogerse al nuevo modelo sería tan sólo de 3,6 millones. Fuentes del Ministerio de Industria confirmaron ayer que 3,5 millones “de aplicación real” es la cifra que manejan. Bajo el umbral de 3.000 vatios fijado por el Ministerio se encuentran, principalmente, la tarifa 1.0, hasta 1 kilovatio, en la que hay 400.000 hogares, y la tarifa 2.0.1, hasta 2,5 kilovatios, con unos 4,2 millones de hogares.

¡Y ojo con la picaresca! Aquellos que han pensado fórmulas para que su segunda residencia pueda figurar como vivienda habitual y beneficiarse de la tarifa o incluso pymes –despachos con poca potencia instalada, por ejemplo- con consumos inferiores a esos 3 kilovatios deben atenerse a las consecuencias si se detecta el fraude. En ese caso, la empresa suministradora volverá a facturar desde la fecha del incumplimiento hasta la fecha en que se lo haya comunicado la CNE. Lo hará a la tarifa general de baja tensión aplicando un recargo del 10%. Fuentes del Ministerio de Industria insistieron en que “van a urgir a las compañías eléctricas para que reconozcan” estos posibles fraudes. Para empezar, los beneficiarios tendrán que aportar un certificado de empadronamiento del titular en el domicilio del suministro.

Informe de la CNE

La orden ministerial establece el cumplimiento de otro requisito, como es tener instalado un Interruptor de Control de Potencia (ICP), un proceso que, según fuentes del sector, marcha lento. El propio Ministerio solicita en la orden un informe detallado a la CNE, donde ésta “detalle el estado de cumplimiento y ejecución de los planes de instalación de elementos de control de potencia de las empresas distribuidoras”. Industria considera, no obstante, que los ICP prácticamente los tiene todo el mundo y, quien no lo tiene, es porque cuando las compañías han ido a instalarlo no se les ha dejado o no han podido”.

La instalación de los ICP es también imprescindible para el desarrollo del nuevo modelo de discriminación horaria que sustituirá a la tarifa nocturna. Industria, consciente de la problemática en la medición, fija en la disposición transitoria segunda un periodo de seis meses “para la adaptación de los equipos de medida” de los suministros que se encuentran acogidos a la tarifa nocturna.

El ministro se refirió ayer a la evolución que puede seguir la tarifa eléctrica en lo que resta de año, teniendo en cuenta el establecimiento del 1 de noviembre como fecha de inicio del año eléctrico. Sebastián aseguró que la subida de julio será la última del año y cifró su repercusión en el IPC en una décima, al tiempo admitió que la luz subirá para “la mayoría de clientes”. De hecho, las tarifas 2.0.2 (de 2,5 a 5 kilovatios) y 2.0.3 (de 5 a 10 kilovatios), que afectan a 13,6 y 4,6 millones de usuarios, respectivamentre, experimentarán un incremento del 7,33% y el 8,34%. La potencia media contratada por los hogares españoles estaría en los 5.700 vatios.