La tarifa eléctrica pone a prueba la capacidad de liderazgo de Sebastián

Abróchense los cinturones. La cuenta atrás ha comenzado para el Ministerio de Industria. En apenas 15 días el departamento que dirige Miguel Sebastián tiene que resolver cuestiones tan espinosas como la sustitución de la tarifa nocturna, la publicación del real decreto por el que fijará una subida de los precios de la luz entre el 5% y el 6%, el final de la tarifa de riegos agrícolas o la liberalización para clientes industriales. Y todo en plena crisis económica y al mismo tiempo, con un deadline: el próximo 1 de julio, fecha en la que deberían entrar en vigor las nuevas disposiciones.

“Sebastián se ha encontrado con un pastel considerable. El problema que tiene es que, además, sabe de economía. Lo que tiene que encontrar es la forma de acompasar lo que es lógico desde el punto de vista económico con ritmos políticos razonables”, explican fuentes del sector. Claro que en su propia casa tampoco van a ponérselo fácil. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue quien dejó claro que la próxima subida de tarifas debe vincularse a la evolución del IPC, un escenario que obliga a Sebastián a buscar fórmulas para aligerar la tarifa con el fin de compensar el déficit tarifario de las eléctricas. “El déficit es un invento español, un perro que se ha hecho lobo, y Sebastián sabe que no es sostenible”, explican estas fuentes.

Una de las opciones más plausibles es que las primas a las energías renovables, incluidas actualmente en la tarifa, pasen a financiarse vía Presupuestos Generales del Estado, lo que daría a las compañías un ingreso adicional sin tocar la tarifa más allá de ese alza del 5% o 6% que ha fijado Rodríguez Zapatero. Aunque es un planteamiento que avala la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ya ha avisado de que, si se aplica esta medida, el sector podría “paralizarse” al quedar su actividad al arbitrio de los ingresos que cada año se aprueben en el Parlamento. Las cuentas públicas también podrían englobar los planes de ahorro y eficiencia energética o distintas subvenciones como las que reciben los generadores de purines. Uno de los retos para el Ministerio es limpiar la tarifa.

Compensar a las familias

Tampoco se presenta fácil la sustitución de la tarifa nocturna por otra de discriminación horaria. La propia CNE se ha rebelado contra la forma de poner fin a la tarifa y ha encargado a sus servicios técnicos un estudio de posibles medidas que compensen a los usuarios por la inversión en instalaciones realizada en su día para acogerse a este modelo. Y es que cada uno de los 1,1 millones de familias que dejaron entrar en sus casas los acumuladores eléctricos gastaron de media 3.500 euros a los que ahora habrá que sumar una cuantía extra para adaptar la instalación.

¿Problema principal? El cambio masivo de contadores que hay que acometer para lograr una medición telemática de los consumos, una medida imprescindible en general para que el nuevo marco tarifario tenga un desarrollo eficiente y cuyo cambio Industria quiere acelerar al máximo. En el caso de la tarifa nocturna, el Ministerio alerta de que “muchos hogares no tienen instalado un interruptor de contratación de potencia”, instrumento necesario para controlar la demanda de energía. “El cambio de contadores no se puede hacer en menos de cuatro o cinco años. Es imposible que se pueda llevar a la práctica porque no hace ni un mes que se está hablando de instrumentos digitalizados para todos los clientes”, sentencian fuentes del sector. Industria argumenta que las distribuidoras lo saben desde enero de 2007 y no contempla moratorias: la tarifa de discriminación horaria entrará en vigor el 1 de julio.

Por si todo esto fuera poco, el 1 de julio desaparecen las tarifas eléctricas oficiales para el riego. Los agricultores, por boca de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), han pedido una moratoria para evitar que “el sector del riego quede abocado a las condiciones de precio que las grandes eléctricas quieran imponer”. Echan de menos contratos tipo o modelos de contratación colectiva entre eléctricas y regantes, para lo que piden un año de aplazamiento. Fuentes próximas a las empresas lo tienen claro: “Ya llevamos dos retrasos. Se puede esperar todo lo que se quiera, pero…” Sebastián no se ha pronunciado, pero parece que el Gobierno podría estar dispuesto a estudiar una prórroga de dos meses para al menos darse cuartel en este frente.

Y, finalmente, queda la plena liberalización del suministro para las grandes empresas, que a partir del 1 de julio verán desaparecer las tarifas integrales para la alta tensión y en enero de 2009 instaurar la tarifa de último recurso. Aquí eléctricas y consumidores industriales no se ponen de acuerdo, por mucho que tanto Economía como Industria avalen la elaboración de un contrato tipo para hacer frente al tránsito hacia tarifas individuales. La patronal de las eléctricas, UNESA, ha advertido que los acuerdos se negociarán “hasta el final y se firmarán el último día por la noche”. El temor de la gran industria es que las eléctricas planteen subidas de precio parecidas entre unas y otras, en un marco de subidas de precios generalizadas. Más tensión para un Ministerio abocado a vivir su primer mes de pasión.