Montoro se lanza a por los banqueros privados que tributan por sociedades

Ya ha ocurrido con los despachos de abogados, las consultoras/auditoras e incluso con los deportistas. El Ministerio de Hacienda tiene en su punto de mira a los profesionales liberales que perciben sus emolumentos mediante sociedades (sobre todo unipersonales), ya que sospecha que se utilizan masivamente para reducir la tributación al no declararlos en el IRPF sino en el Impuesto de Sociedades. Según confirman varias fuentes del sector, ahora le ha tocado el turno a la banca privada -especializada en la gestión de altos patrimonios-, ya que ha enviado declaraciones paralelas e inspecciones a numerosos profesionales que utilizan esta figura jurídica.

Las fuentes citadas citan como más afectadas a aquellas entidades que tienen un modelo basado en socios -no asalariados- o agentes, entre ellas Bankinter, A&G, Andbank, Deutsche Bank o el antiguo Banif (Santander Private Banking). La mayoría de estas firmas han reconocido estas investigaciones fiscales o al menos han admitido la posibilidad de su existencia, aunque algunas, como A&G, matizan que se trata de casos puntuales y no de algo generalizado. Todos ellos explican que se trata de una cuestión de sus socios o agentes en la que el banco no tiene que ver y, por lo tanto, estas inspecciones no les afectan.

Sin embargo, fuentes no oficiales del colectivo afectado señalan que "lo raro no es que te hayan inspeccionado, sino que no lo hayan hecho". "Ha sido una ofensiva generalizada en el sector y no han dejado prácticamente a nadie al margen, como pasó en su día con los despachos de abogados". Despachos que, por cierto, están ganando esta batalla a Hacienda en los tribunales, como ha explicado El Confidencial.

Tributar por Sociedades tiene la ventaja de que el tipo es mucho más bajo y de que puedes deducirte gran cantidad de gastos que minimizan la tributación

Lo que subyace a esta acción del departamento de Cristóbal Montoro es la sospecha de que los socios y agentes de los bancos privados usan estas sociedades unipersonales como meras pantallas para disfrazar lo que no deja de ser un salario (con una importante parte variable) que debería tributar por IRPF.

De esta forma, consiguen dos grandes ventajas: la primera es que el tipo impositivo de Sociedades es muy inferior -del 25% para las pymes frente a un marginal del 47% en el Impuesto sobre la Renta-; y la seguna es que pueden minimizar ese sueldo con unos importantes gastos deducibles, de forma que sólo tributan por un bajo porcentaje del mismo.

Invitar al fútbol no es gasto deducible

Para empezar, ha cuestionado la mayoría de los gastos deducibles, ya que muchos de los habituales de este negocio resultan bastante extraños a los ajenos al mismo: invitaciones al fútbol o a los toros, viajes, esquí, regalos delicatessen, etc. con lo que se suele agasajar a los clientes, que recordemos que son personas y familias con altos patrimonios.

Según algunas de las fuentes citadas, hace aproximadamente un año, un buen número de profesionales del sector decidió pasar del estatus de autónomo que tenía hasta el momento al de sociedad unipersonal, y eso es lo que habría despertado los recelos de la Agencia Tributaria.

El 'safe haven': el 85% del ingreso es salario

El objetivo principal de Hacienda es el porcentaje de los ingresos de la sociedad que el socio se paga como salario o dividendo, es decir, que percibe realmente y por el que tributa. Así que los inspeccionados han pedido a los asesores fiscales de sus entidades -la planificación fiscal es una parte esencial de la gestión de patrimonios- sobre cuál es el 'safe haven', es decir, el puerto seguro que deben aplicar para no tener problemas con la inspección.

Y la respuesta general de los asesores es que deben situar ese porcentaje entre el 75% y el 85% de sus emolumentos; cuanto más alto, mejor, porque la Agencia Tributaria no va a poner pegas, pero en ningún caso hay que situarse por debajo del 75%, los inspectores no van a admitirlo y la declaración paralela es inevitable. Eso, en el mejor de los casos, porque en el peor el inspector puede apreciar mala fe e imponer sanciones e incluso presentar denuncia por delito fiscal si las cifras alcanzan los mínimos establecidos.