El CGAE paga el alquiler del piso de Victoria Ortega en Madrid... al decano de Ciudad Real

Suma y sigue en la polémica de los gastos y la gestión del dinero por parte del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, su presidenta, Victoria Ortega, disfruta de un piso en Madrid pagado íntegramente a cargo del presupuesto del CGAE. Pero no solo eso. La vivienda que el Consejo alquila en favor de su máxima dirigente, situada en la calle Prim de la capital, es propiedad de Lilium Arrendamientos SL, sociedad de la que es administrador otro integrante del CGAE: Cipriano Arteche, decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real.

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Esta información figura en la adenda al contrato de arrendamiento inicial que elaboró el CGAE en 2019, para actualizar el alquiler suscrito por ambas partes el 15 de mayo de 2011, cuando Ortega era secretaria general de la institución. La renta mensual pactada por aquel entonces fue de 950 euros más IVA, precio que al renovar el contrato hace tres años —y ya con Ortega como presidenta— se elevó en un 10%, quedando fijado en 1.124,33 euros más IVA, lo que hace un total de 1.236,76 euros al mes. Esta renta empezó a abonarse el 1 de abril de 2019, actualizándose anualmente de acuerdo con las reglas estipuladas en el clausulado del acuerdo.

Como firmantes de la adenda figuran, por una parte, Cipriano Arteche Gil, "en nombre y representación de la entidad mercantil Lilium Arrendamientos SL, en su calidad de administrador solidario" de la sociedad arrendadora, y, por la otra, Victoria Ortega Benito, "en nombre y representación del Consejo General de la Abogacía Española (...), en su condición de presidenta". De este modo, Ortega desempeña un papel doble en dicho negocio jurídico: es la representante legal del CGAE que suscribe el acuerdo que compromete a la institución como arrendataria, pero, a la vez, es la beneficiaria del uso y disfrute de la vivienda que está alquilando el Consejo.

Fuentes internas del CGAE revelan que el disfrute de un piso pagado en Madrid es un privilegio con el que han contado el presidente y el secretario general de la institución —cargo que actualmente ocupa el decano de Lleida, Jordi Albareda— desde hace muchos años. "Desde tiempos de Carlos Carnicer [presidente que precedió a Ortega]", explican. Sin embargo, si bien esta prebenda es sabida por algunos de los miembros del Consejo, resulta desconocida para el conjunto de los abogados y colegiados. Tampoco las cuentas o el presupuesto de la institución detallan este gasto, que probablemente se subsume en conceptos más amplios y genéricos como los 'desplazamientos' de presidencia y otros cargos de designación.

Pero no solo es controvertido el propio privilegio en sí, que permite a presidenta y secretario general gozar de un piso gratis en la capital. El hecho de que el inmueble elegido por la institución sea propiedad de una sociedad administrada por un decano plantea dudas en términos de gobernanza y conflicto de interés. En primer lugar, porque compromete la imparcialidad de Cipriano Arteche como consejero, en tanto que resulta beneficiado económicamente a título personal por las decisiones de Ortega como presidenta. Y, en segundo término, porque se produce una confusión clara entre los intereses de la institución y los intereses particulares de sus miembros. Cabe preguntarse si no existe conflicto en que sea la propia presidenta la que autorice un gasto tan controvertido para sí misma, o qué proceso de selección interno se ha seguido para que el perceptor de la renta pagada por el CGAE sea uno de sus miembros, el decano de Ciudad Real.

Que el piso que el CGAE alquila para Ortega sea propiedad de un decano plantea dudas en términos de gobernanza y conflicto de interés

El pasado viernes, El Confidencial se puso en contacto con el CGAE para consultar las circunstancias que rodean estos arrendamientos. Se le remitieron por escrito cuatro preguntas a través de su director de Comunicación. En primer lugar, cuál es la justificación de que la institución financie la vivienda de su presidente y su secretario general. En segundo término, en qué partida de las cuentas y el presupuesto se ubica este gasto. Tercero, si el Consejo ha evaluado en algún momento la existencia de un posible conflicto de interés por el hecho de que el arrendador del piso que ocupa Victoria Ortega sea un decano. Y, finalmente, si el CGAE cuenta con órgano de cumplimiento normativo, 'compliance officer' o con un programa de 'compliance' que supervise estas decisiones. El Consejo no ha dado respuesta a ninguna de las cuatro cuestiones.

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La polémica por el piso de Victoria Ortega se suma a las informaciones que desde el pasado martes ha venido aportando este diario. Hace una semana, se desvelaba el contenido de la carta remitida por los siete decanos de Galicia al Consejo en la que, preocupados por la situación financiera de la institución, demandaban una revisión del número de comisiones, subcomisiones y eventos, así como de sus miembros, para reducir el gasto en dietas y viajes. Tras ello, se reveló que la institución había gastado 800.000 euros en concepto de dietas y viajes en 2020, el año del confinamiento, habiendo repartido el 98% de la partida presupuestada para dietas. Y, el viernes, salieron a la luz las cifras del contrato de correo electrónico suscrito con Telefónica y Microsoft, que está provocando que el CGAE hipoteque 1,4 millones de euros anuales de su presupuesto.

Hasta el momento, desde el Consejo General de la Abogacía Española no se ha dado ninguna explicación respecto de ninguno de los hechos desvelados. Tampoco ningún decano ha manifestado su parecer, a pesar de la indignación mostrada por muchos abogados en redes sociales tras conocer las informaciones reveladas por El Confidencial.