"Una ley cortoplacista, contraproducente y electoralista": la reacción de los fondos

El acuerdo anunciado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con las formaciones independentistas ERC y EH-Bildu para aprobar la Ley de Vivienda ha sido recibido por los grandes inversores con una mezcla de decepción y escepticismo. Decepción, porque creen que se ha perdido una oportunidad de oro para construir un marco realmente sólido y bueno para el mercado. Escepticismo, porque muchos dudan de que esta norma termine viendo la luz y consideran que la puesta en escena de hoy es sólo artificio político más en año electoral.

De hecho, aunque el acuerdo se ha dado ya por cerrado, todavía quedan flecos importantes por cerrar, como el índice de referencia que sustituirá al IPC como referente de la actualización de los alquileres. Esta es una de las medidas estrella, ya que garantiza que la renovación anual de la renta será siempre inferior al IPC, junto al nuevo listón de cinco inmuebles para ser considerado gran propietario, la flexibilización de los requisitos para declarar una zona como tensionada, o la prohibición de cargar al inquilino cualquier gasto diferente a la renta.

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"La limitación de los precios de los alquileres es una medida cortoplacista y contraproducente, que no resuelve el verdadero problema de fondo del alquiler en España: la falta de oferta. Así ha quedado demostrado en otros países en los que se han aplicado medidas similares. Cortoplacista porque va a generar que se retire vivienda del mercado y contraproducente porque eso hará que se encarezcan en el medio y largo plazo", han señalado desde Asipa (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler).

Detrás de esta asociación hay gigantes como Merlin, Azora, GMP o Unibail, para quienes "que España cuente con una Ley de Vivienda era necesario, pero hubiéramos deseado que tuviera más alcance de miras y que hubiera contado con la opinión de todos los involucrados. Aprobarla de forma apresurada y con ruido político e ideológico de fondo, y a las puertas de unas elecciones no parece que sea la mejor forma de hacerlo, sobre todo en una cuestión tan importante como es la vivienda".

Una opinión que comparten desde la consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, donde se ha definido como "ley controvertida, invasiva, y que atenta contra derechos constitucionales como el derecho a la propiedad. Un acuerdo sectario entre el PSOE y Podemos que ha sido uno de los peajes de Sánchez para seguir en Moncloa. Con cargo, como siempre, al bolsillo de los españoles".

El Ejecutivo de Isabel Díaz-Ayuso siempre se ha mostrado contrario a esta norma, y como la norma deja a cada comunidad autónomo declarar la zona tensionada, las comunidades dirigidas por el PP no la aplicarán en caso de que llegue a ver la luz. E incluso, amenazan con los tribunales si se invade alguna competencia autonómica.

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La propia Ayuso lo ha dejado claro al afirmar que, "se recurrirá a los tribunales siempre que ataque competencias de las comunidades autónomas. Por otro lado, todo lo que sea intervenir va a ser llevar a España a la pobreza más absoluta. Yo tendré que hacer lo que corresponda en base a mis competencias, pero que, desde luego, no vamos a permitir empobrecer masivamente a toda España, que lo tengan claro".

La presidente madrileña, además, se ha lamentado de las formaciones elegidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar esta norma. "Hay que ver con quién se está pactando y me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles. El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos".

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La falta de consenso aumentará las diferencias entre comunidades, como ha advertido Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, ya que su aplicación será desigual, en función de la decisión de cada gobierno autonómico.

“Esto generará mucha heterogeneidad a nivel territorial, puesto que ya hay formaciones políticas que han anunciado que no aplicarán esta ley en aquellas comunidades donde gobiernan. Obviamente, estos desequilibrios territoriales derivarán en inestabilidad”, explica el experto, y añade, “con unas elecciones a la vuelta de la esquina, se acaba imponiendo una política de vivienda partidista y cortoplacista, cuando debería ser más consensuada y a largo plazo”.