Diez estatutos recogen la gestión de la Seguridad Social, pero solo Canarias pide la vez tras el PNV

No solo Euskadi. Otras nueve autonomías tienen reconocidos en sus estatutos la competencia de “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. De hecho, muchos de esos textos introdujeron la prerrogativa copiando o inspirándose en el articulado vasco, como recordó este jueves el portavoz del PNV, Aitor Esteban, desde la tribuna del Congreso. La transferencia de la competencia ha sido uno de los puntos más criticados del pacto entre el PSOE y los jeltzales para la investidura de Sánchez y el propio Esteban ha censurado los reproches recibidos y las acusaciones de “romper” la caja única de la Seguridad Social. “¿Por qué unos cuantos estatutos de autonomía de nueva generación la han copiado? ¿En ese caso no se rompe España? Vale ya de gesticulaciones mentirosas”, lanzó.

El País Vasco, de momento, es la única que ha exigido la transferencia. El grueso de regiones (Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Baleares) no se lo plantea, pero Canarias deja la puerta abierta. No es una prioridad para el archipiélago, pero “estaremos pendientes de ese desarrollo de transferencias para valorar su traspaso y en qué condiciones”, explican fuentes del Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo.

En las comunidades gobernadas por el PP se descarta por completo, sería una forma de hacerle el juego al PSOE o brindarle un argumento de oro para la defensa de sus pactos con el independentismo. Navarra (PSOE) no lo tiene en la agenda y Cataluña (ERC), tampoco, confirman desde los dos gobiernos. De hecho, aunque Junts y los republicanos lo tengan contemplado en sus respectivos programas electorales, ninguna de las dos formaciones ha incluido la transferencia en los pactos firmados con el PSOE.

Entre los estatutos que copiaron palabra por palabra el articulado vasco figura el de la Comunidad Valenciana. Es exactamente el mismo texto, solo cambia el número del artículo, el 18 en el caso vasco, el 54 en el valenciano. “En materia de Seguridad Social, corresponderá a la Generalitat: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, a excepción de las normas que configuran el régimen económico de esta. b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. La competencia quedó reflejada en la reforma impulsada por Francisco Camps en abril de 2006, pero lo cierto es que nunca ha sido objeto de debate ni ningún partido ha exigido su transferencia.

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La reforma de Camps recogió competencias que por aquel entonces ya tenían reconocidas otras comunidades y no la valenciana. El nuevo estatuto incluyó además el concepto de nacionalidad histórica. “Cualquier cesión o transferencia de la gestión de la Seguridad Social a las comunidades autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social único y unitario”, defienden fuentes de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Extremadura, aunque también su estatuto contempla la competencia. Es un “privilegio al independentismo que afecta directamente al principio de solidaridad y rompe la igualdad de todos los españoles en materia prestacional”, inciden las mismas voces.

Algunos de los estatutos que fueron introduciendo la competencia a lo largo de los años añadieron coletillas para blindar la caja única de la Seguridad Social, pero lo cierto es que también el estatuto vasco lo garantiza. “Y cuando algunos se rasgan las vestiduras, ¿qué quieren decir? ¿Que la disposición transitoria quinta del estatuto de Gernika no significa nada? ¿Que era una mentira?”, preguntó Esteban desde la tribuna del Congreso, para leerla a renglón seguido: “La comisión mixta de transferencia que se crea para la aplicación de este estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.

El caso de Aragón

Entre las comunidades que tendrían pleno derecho a exigir algunas de las competencias que Sánchez ha cedido a los nacionalistas vascos y catalanes destaca Aragón, que tiene muchas de ellas contempladas en su estatuto de autonomía. Como nacionalidad histórica, su estatuto tiene una disposición adicional que le confiere el mismo desarrollo jurídico en materia competencial que el que tienen el País Vasco o Navarra. De hecho, podría ostentar muchísimas más competencias que las que se han ido cediendo a Cataluña, como una pseudo Hacienda propia, que Aragón tuvo históricamente.

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Figura el régimen económico de la Seguridad Social, pero también otras muchas de las cesiones pactadas. Por ejemplo, el acuerdo con Junts para promover la autonomía financiera de Cataluña y un diálogo sobre el modelo de financiación. Esta es una prerrogativa ya dispuesta en el estatuto de autonomía de Aragón en su artículo 108. Se detalla además que la comunidad tendrá una relación financiera bilateral con el Estado, basándose en un modelo financiero propio que reflejaría las singularidades de la autonomía.

Este asunto genera siempre cierta tensión política en Aragón. El desarrollo de competencias propias y reconocidas en el estatuto plantea mociones y propuestas, pero nunca nada concreto. Los padres del modelo estatutario, la mayoría fundadores del PAR, han ido viendo cómo las pretensiones iniciales se iban descafeinando por el crecimiento de los nacionalismos excluyentes del País Vasco y Cataluña. Es precisamente este asunto un punto que rehúye abordar el Gobierno actual de Jorge Azcón (PP).

Las fuentes consultadas del Gobierno autonómico consideran que no debe desarrollarse el estatuto para no ahondar en el agravio comparativo entre territorios o provocar una mayor desigualdad, a pesar de ser un derecho reconocido en la norma estatutaria. “Cualquier negociación financiera o fiscal debe hacerse desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las comunidades autónomas”, apuntan fuentes del entorno del presidente Azcón. Las mismas voces sostienen que la estrategia de diferenciar unas regiones de otras es el objetivo del PSOE para “convertir España en una subasta para que gobierne Sánchez”.

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Históricamente, la reacción política sobre este asunto ha traído rechazos y aplausos. Desde la izquierda nacionalista, que lidera Chunta Aragonesista, la pretensión por desarrollar el estatuto siempre ha sido una máxima. Cuando ha estado en la oposición, ha liderado proposiciones no de ley para ahondar en ese desarrollo estatutario. Algunas incluso han salido aprobadas para exigir al Estado una negociación financiera bilateral o la creación de una Hacienda propia.

Una vez en el Gobierno autonómico, como en los últimos ocho años con el socialista Javier Lambán en coalición, la defensa del desarrollo del estatuto por parte de Chunta Aragonesista ha sido enterrada. Fuentes socialistas confirman que desde el “estallido” del procés catalán, “no ha interesado defender esta posición por asemejarse a las exigencias nacionalistas de Cataluña más que a la defensa de un derecho propio reconocido desde hace décadas”.