Las diferencias de Podemos en Guipúzcoa llegan a la Justicia: denuncia por coacciones

Las fuertes desavenencias que existen en el seno del grupo de Podemos en Guipúzcoa han superado las barreras internas y han llegado a los tribunales. La representante de la formación morada en la Mesa de las Juntas Generales, Jone Cisneros, ha presentado una denuncia en un juzgado de San Sebastián por presuntas coacciones contra los tres integrantes del grupo de dirección en el Parlamento guipuzcoano. La demanda se dirige contra el portavoz del partido, Juantxo Iturria, y las junteras Patricia Gete y Mónica Mora, y salva a sus otros dos compañeros de grupo, María Valiente e Imanol Gude.

La vía judicial lleva a sus consecuencias más extremas un conflicto interno que explotó a finales de octubre de 2016, cuando el grupo juntero de Podemos abrió un expediente disciplinario a Cisneros al "no acatar las instrucciones" de restablecer los 1.900 euros de factura de teléfono que acumulaba en seis meses por un uso "inadecuado" del móvil de que disponía en su condición de secretaria primera de la Mesa del Parlamento foral. De esta cantidad, 550 euros correspondían a agosto, un mes inhábil en la Cámara guipuzcoana.

A Cisneros se le abrió un expediente al no acatar la orden de restablecer los 1.900 euros de factura del móvil de seis meses por uso inadecuado del mismo

Tras la apertura del expediente, Cisneros cogió una baja laboral que se prolongó por espacio de cerca de un año. Una vez se reincorporó a su puesto, la juntera de Podemos ha estado trabajando de forma intermitente al encadenar varios periodos de baja laboral, situación en la que se encuentra en la actualidad. La demanda por presuntas coacciones fue presentada en julio del pasado año, cuando Cisneros se encontraba de baja laboral, si bien ha sido ahora cuando los tres junteros contra los que va dirigida la denuncia han recibido la notificación.

Los tres afectados rechazan las acusaciones, que tildan de "falsas" e "infundadas", si bien rehúsan pronunciarse más al respecto por recomendación de sus abogados. En todo caso, aseguran que "el daño ya está hecho". El partido en el País Vasco, por su parte, mantiene la "prudencia" y espera a ver cuál es el recorrido judicial de la demanda. A este respecto, confía en que "todo se acabe cuanto antes", ya que la situación "no es agradable".

Dentro de la dirección de Podemos en el País Vasco existe la percepción de que "no hay mucha base para mantener la acusación" de coacciones

La demanda, según apuntan fuentes consultadas de Podemos, alude a un presunto delito de coacciones en "términos genéricos" sin especificar acciones concretas y sin "sustento documental". De forma pública se impone la cautela, pero dentro de la dirección del partido en el País Vasco existe la percepción de que "no hay mucha base para mantener la acusación". Hay quien ve el origen de la demanda en que "no han funcionado las relaciones humanas" entre Cisneros y los miembros de la dirección del grupo juntero. Las relaciones fueron "muy complicadas desde el principio", con "importantes diferencias de criterio" en relación a las diferentes iniciativas parlamentarias a llevar a cabo. El trato en los últimos meses ha sido apenas inexistente, ya que Cisneros trabaja generalmente en el despacho que tiene asignado fuera del grupo en su condición de secretaria primera de la Mesa de las Juntas Generales.

La demanda se interpone contra los tres miembros de la dirección del grupo en el Parlamento guipuzcoano, los mismos que aprobaron en 2016 la apertura del expediente contra Cisneros por desoír sus indicaciones para devolver los 1.900 euros de factura telefónica acumulada durante seis meses, al entender que no se correspondía con un gasto "moderado" del móvil —el gasto medio mensual del portavoz, Juantxo Iturria, es "inferior a los 100 euros"—. "Hay que hacer un uso correcto y responsable [del móvil]", adujeron.

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Iván Gil

El conflicto surgió después de que la presidenta del Parlamento guipuzcoano, Eider Mendoza (PNV), informara a Cisneros del "excesivo gasto" en teléfono móvil, en particular durante un mes inhábil para la Cámara como es agosto, por lo que el grupo la emplazó a restablecer el dinero, algo a lo que se negó la afectada, que incluso solicitó amparo al comité de garantías de la dirección de Madrid ante lo que tildaba de coacciones.

En su defensa, Cisneros alegó que la dirección del grupo juntero le había abierto un expediente disciplinario por haber reclamado "transparencia con respecto a los contratos telefónicos" que existen en las Juntas Generales de Guipúzcoa. "El expediente disciplinario no es por exigir transparencia. Es por no acatar las indicaciones que el resto del grupo le había dado", replicó la dirección del grupo. En la actualidad, el expediente se encuentra paralizado con motivo de los largos periodos de baja laboral de Cisneros, según confirman desde el partido.

No es la primera vez que los conflictos internos de Podemos en el País Vasco llegan a los tribunales. Los cuatro junteros críticos de Álava que fueron expulsados el pasado año del partido por haber roto la disciplina de voto al negarse a respaldar el acuerdo presupuestario con el PNV presentaron una denuncia contra el consejo de coordinación del País Vasco, si bien la demanda no llegó a tramitarse, según recuerdan fuentes de la formación morada. Por ello, la dirección del partido defiende dar "la justa importancia" a este nuevo capítulo judicial a la espera del desarrollo de los acontecimientos, pese a ser consciente de que la situación generada "no es nada agradable".